La voluntad mayoritaria de los mexicanos expresada en las urnas a favor de un cambio, deberá impactar en la implementación de leyes más justas en todos los ámbitos del quehacer jurídico, para que deje de regir aquel axioma que versa: “El que hace la ley, hace la trampa”.
En el terreno electoral, podemos apreciar la gran contradicción que pervive en el funcionamiento de los órganos que deberían garantizar el respeto al voto ciudadano, agilizando la validación de unos comicios cuyo resultado no dejó lugar a dudas sobre el nombre del ganador de la contienda: Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace décadas que el caduco sistema monopartidista –transformado en el 2000 a bipartidista– buscó la manera de aparentar el respeto a la democracia a través de las elecciones, imponiendo sus reglas del juego con tramposos sistemas para confirmar a los vencedores en las urnas, en caso de que la voluntad popular no le favoreciera a sus candidatos.
En 1988 fue la última ocasión en que la Cámara de Diputados hizo las funciones de un Colegio Electoral como órgano autorizado para sancionar una elección presidencial; en aquel entonces, y en un accidentado escenario poselectoral, marcado por la sospecha de un monumental fraude, priístas y panistas –estos últimos comandados por Diego Fernández de Cevallos–, validaron el triunfo de Carlos Salinas de Gortari y se negaron al pedimento de la oposición para abrir los paquetes electorales para un recuento de votos que, con toda seguridad, hubiera colocado a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el verdadero ganador.
Años después se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora transformado en INE–, que supuestamente garantizaría la imparcialidad en las elecciones; empero, a lo largo de los años, sus consejeros dejaron la huella endeleble de sus compromisos partidistas, sobre todo para hacer ganar a los candidatos alineados a las políticas neoliberales, como aconteció en 2006 con el cuestionado triunfo del espurio Felipe Calderón Hinojosa, quien cínicamente se vanaglorió de su llegada a Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”.
Las cifras electorales de ese año validadas por el IFE, arrojaron 15 millones 284 votos para el panista Calderón, para sumar el 35.89 por ciento de los sufragios, contra 14 millones 756 mil 350 votos a Andrés Manuel López Obrador, ubicándolo con un porcentaje del 35.31 por ciento de las preferencias; es decir, que Calderón Hinojosa ganó con la mínima diferencia de 58 décimas; apenas 243 mil 934 votos de diferencia. Y pese a la infinidad de irregularidades presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los consejeros de este organismo hicieron caso omiso y desecharon las quejas presentadas.
Ahora que López Obrador se alzó con una victoria indiscutible, el 53.17 por ciento de los votos, porcentaje sustentado por 30 millones 47 mil 381 votos, contra el 22.26 por ciento de Ricardo Anaya, con apenas 9 millones 582 mil 494 de preferencias y el 16.43 por ciento de José Antonio Meade, reflejado en los escasos 2 millones 959 mil 300 sufragios, el TEPJF antepone sus mecanismos dilatorios para entregarle su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo, bajo el argumento de la consejera presidente, Janine Otálara Malassis, de que antes deben revisarse todos los paquetes para abocarse a hacer el cómputo final, además de resolver las siete impugnaciones presentadas. El plazo vence el próximo 6 de septiembre, pese a que al decir de la propia Otálara, no hay indicios de fraude ni irregularidades que pudieran afectar el resultado final.
Inaceptable que en el TEPJF se insista en mantener una contradicción de tal envergadura, poniendo en tela de juicio la voluntad de las mayorías expresada en las urnas. A unas horas de concluida la jornada electoral del pasado primero de julio, el INE, el presidente de la República y el resto de los contendientes salieron a reconocer el triunfo de Obrador, pero por la duplicidad burocrática impuesta por las tramposas leyes electorales para sancionar los comicios, los consejeros del Tribunal Electoral regatean la entrega de una constancia que ya avalaron con su votos más de 30 millones de mexicanos.
Algo similar ocurre en el ámbito laboral, donde las autoridades del Trabajo invaden la autonomía y democracia sindicales con el otorgamiento de la llamada toma de nota, con la cual se ha buscado minar la lucha de los sindicatos independientes y democráticos.
Esta intromisión que faculta a la autoridad laboral a dar fe de los procesos de elección de los comités sindicales, se ha prestado a infinidad de jugarretas políticas, como sucedió en 2009, cuando días antes del decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y el aparejado golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ocurrido el 11 de octubre de ese año, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, anunció de manera oficiosa la negativa a otorgar la toma de nota al comité que fuera electo meses atrás en un proceso democrático.
A toda costa, Lozano intentó doblar al SME con el desconocimiento de sus líderes elegidos por el voto mayoritario de sus miembros. La negativa de la toma de nota se convirtió en un instrumento para intentar desaparecer a un sindicato que, desde el primer momento, se impuso a la ilegal medida, y alertó de la estrategia oficial para privatizar el sector eléctrico.
Y al igual que como sucede con las decisiones del TEPJF, la Dirección del Registro de Asociaciones –que actúa por consigna del titular de la Secretaría del Trabajo– se da a la tarea de revisar los expedientes para en una actitud draconiana, señalar si otorga o no la toma de nota a una organización sindical, anteponiendo a la libre decisión de sus integrantes el interés político o la consigna para anular a un sindicato, sobre todo si, como en el caso del SME, es sinónimo de una voz crítica e independiente que ha demostrado una y otra vez su vocación democrática para elegir a sus representantes a través del voto libre y secreto.
Ahora que los mexicanos manifestaron su hartazgo contra un sistema que fabricó leyes a conveniencia de sus políticas neoliberales, como sucede con los actuales ordenamientos en materia electoral y laboral, es momento de que desde el Congreso las cosas cambien para que desaparezca el nefasto axioma que dicta: “El que hace la ley, hace la trampa”.
Martín Esparza
