La lucha que viene dando el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) debe llevar a la reflexión a los funcionarios del área educativa y legisladores sobre la reasignación de mayores recursos a las universidades públicas del país por el marcado det gerioro salarial de su personal, sobre todo académico.
Esta primera revisión contractual federal refleja el deterioro en el poder adquisitivo de esta casa de estudios que alberga a más de 53 mil alumnos, pero también la falta de acuerdos y disposición para solucionar un conflicto que ya va para 1 mes, tras el estallamiento de huelga del pasado 1 de febrero.
Otras universidades –como la Autónoma de Chapingo (UACH) y de Baja California– enfrentan situaciones similares y de hecho, en el caso de la UACH, su rector ha señalado que en la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 2019 se le quitaron 50 millones de pesos al rubro de pago de nómina y prestaciones para los trabajadores.
De acuerdo con esto, los diputados mandaron esos recursos a otras áreas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, lo que al decir de las autoridades ha agudizado un problema que se venía acumulando en el deterioro de salarios, sobre todo porque desde hace varios años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha resarcido el déficit financiero de la UACH.
El asunto se torna grave porque al parecer, y de manera generalizada, las universidades públicas de todo el país sólo están ofreciendo un 3.35 por ciento de incremento salarial, cuando para resarcir la inflación éste debe ser mínimo del 4.84 por ciento para compensar la inflación, tal y como lo ha establecido la política salarial del nuevo gobierno.
Si esto no se soluciona de manera pronta, el conflicto puede generalizarse a otras casas de estudios, razón por la que tanto funcionarios como integrantes del Congreso deben sentarse a analizar la cuestión salarial en las instituciones de educación superior, porque de ello depende el futuro académico de miles de jóvenes en México.
Desde el pasado año se puso de manifiesto que la falta de recursos en 10 universidades públicas estaba colocando en situación de riesgo la educación de más de medio millón de universitarios; de hecho, el pasado 29 de octubre 14 instituciones educativas hicieron un paro de 24 horas para exigir mayores recursos a las autoridades.
Estudios la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que en México únicamente 17 de cada 100 personas logran ingresar a una institución de nivel superior y cursar una carrera. Los estudiantes de menores recursos son los que tienen en las escuelas públicas la oportunidad de prepararse, pues las colegiaturas de las universidades públicas hacen imposible que puedan sufragar sus estudios.
Entre las universidades en déficit se encuentran las de Morelos, Chiapas, Edomex, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, se requiere por lo menos invertir 2 mil 500 millones de pesos para rescatarlas del quebranto en el que se encuentran.
Sus rectores han reiterado que entre las causas de esta crisis que se generaliza en todo el país están el aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no reconocidas tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estas diez casas de estudios brindan atención a unos 580 mil alumnos; es decir, el 32 por ciento de la matrícula universitaria de todo el país. La Cámara de Diputados anunció a finales de octubre de 2018 que solicitaría a la SHCP la liberación de 1 mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la SEP: el U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación y el U081 apoyos para la atención a problemas estructurales de la SEP, con 437 y 700 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, parece que en la asignación de recursos en el presupuesto de egresos no se contemplaron los brutales rezagos educativos en las universidades; de hecho, buena parte de la matrícula de profesores de la propia UNAM, no son de tiempo completo y los salarios que perciben los académicos son realmente muy bajos.
Es indudable que el tema requiere de una atención prioritaria pues la calidad de la educación en las instituciones públicas de educación superior está en riesgo, afectando sobre todo a los estudiantes de más bajos recursos. La crisis financiera en las universidades públicas tiende además a disminuir la creación de nuevos espacios para que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de capacitarse.
No hay que olvidar que si bien se incrementaron los salarios mínimos no ha habido correspondencia con los salarios profesionales. Solucionar el pliego de peticiones del SITUAM debe implicar la reasignación de recursos económicos pero también el replanteamiento de los ya asignados para que como en el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, no se castigue a los salarios del cuerpo docente.
El asunto, insistimos, es prioritario porque no atenderlo puede generalizar el problema a un buen número de universidades públicas de todo el país. Ha llegado momento de analizar los brutales déficits económico en que colocaron los tecnócratas neoliberales a la educación pública superior en México, porque el futuro de millones de jóvenes estudiantes depende de ello.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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