El fracaso de las Afores como instrumentos de acceso a una pensión digna de millones de mexicanos se ha convertido en un problema estructural que ningún partido quiere ver ni oír. Y menos en el ríspido escenario electoral que ha iniciado.

Tras brincar a los medios la participación de diversas Afores en proyectos de inversión de alto riesgo y de infraestructura a largo plazo, sin tomar en cuenta a los ahorradores, es apremiante la necesidad de que los candidatos de todos los partidos no sólo aborden el tema en sus plataformas políticas, sino que además se comprometan a revisar la ley en la materia, que debería establecer mecanismos de control más eficientes a estos organismos que en 1997  sustituyeron al antiguo sistema de solidaridad por uno similar al impuesto en Chile, en 1981, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Modelo que por cierto ya hizo crisis en el país sudamericano, derivando desde 2016 en un generalizado descontento social.

Hace unas semanas en un programa radiofónico el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, aceptó la libertad que tienen las Afores para manejar los 3.2 billones de pesos de recursos, patrimonio de los 60 millones  de cuentas de ahorradores  que ni por enterados están de la forma en que se invierte el dinero para su jubilación.

Ante una pregunta sobre la forma en que se evalúan los riesgos para meter el dinero de los trabajadores a una diversidad de inversiones y proyectos, como la Red Compartida, la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad y las rondas petroleras, entre otros muchos rubros, Ramírez Fuentes dijo sin tapujos ni remordimientos: “Los riesgos… cualquier inversión conlleva un riesgo, el reto y la labor que realizan las Afores es evaluar ese riesgo”.

En pocas palabras, la Ley de la Consar les permite hacer lo que les venga en gana a los bancos porque los reglamentos en la materia no establecen ningún instrumento de vigilancia a favor de los trabajadores, y algunos representantes obreros ante este organismo solapador forman parte del sindicalismo charro y corporativo que se ha cruzado de brazos ante la discrecionalidad con que se están saqueando los cuantiosos ahorros.

Banqueros y clase política vienen ocultando desde hace dos décadas que el dinero de los trabajadores se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los sectores público y privado del país, que no han sabido asumir su responsabilidad ante un ineficaz modelo económico y político que se ha mantenido a flote esquilmando a los ahorradores ante el fracaso evidente del modelo neoliberal.

La tesis esgrimida por las autoridades para permitir a los banqueros jugar a los “albures” con dinero ajeno y hasta financiar a empresas quebradas o deuda pública, es que al colocar los millonarios recursos en inversiones de alto riesgo y a largo plazo se busca obtener la mayor rentabilidad posible.

El problema es que los niveles de ganancia de los ahorradores oscila entre el 2 y 3 por ciento anual, mientras que las eufemísticas pérdidas mejor conocidas como “minusvalías”, pueden llegar hasta los 52 mil 780 millones al año, como ocurrió en el 2016. Se ha comprobado una y otra vez que las Afores nunca pierden, sino los trabajadores, porque así lo autoriza tramposamente la ley.

Los candidatos no pueden evadir un tema de tanta importancia como lo es el saqueo permanente y autorizado al ahorro de 60 millones de mexicanos y las autoridades deben explicar a la población en su conjunto si es moralmente válido además de quitarle el empleo seguro y bien remunerado a los trabajadores, modificar las leyes laborales para abaratar los despidos, alentar la tercerización y utilizar sus magros ahorros para financiar proyectos privados, sin tomarlos en cuenta o al menos notificarles cómo se está invirtiendo su dinero.

En 2016, Chile se sacudió ante la protesta generalizada de millones de jubilados que salieron a las calles molestos por el recorte de sus raquíticas pensiones, exigiendo al gobierno de su país acabar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hermanas gemelas de las Afores mexicanas, unidas por los mismos sistemas depredadores para los ahorros de los obreros.

Los candidatos que aspiran a la presidencia deben recapitular sobre el fracaso de este modelo que fue impuesto por la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1981, con el objetivo de anular el sistema de pensiones solidarias. Tratando de maquillar la imposición de este mecanismo, se dijo a los golpeados obreros chilenos que al jubilarse su tasa mínima de reemplazo –es decir, el monto de su salario con el que se jubilarían– sería del 70 por ciento, para llegar al 2020 a un 100 por ciento.

Algo similar a lo prometido durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se adoptó este modelo y se dijo que habría un manejo responsable de los recursos, que permitiría a los trabajadores mexicanos tener acceso a una pensión digna, cuando en los hechos a los más que pueden aspirar millones que están a las puertas de la jubilación es al ingreso de un salario mínimo en promedio, tal y como sucede en Chile, donde los montos al retiro no rebasan los 240 dólares al mes. Y si algo suena similar, también allá los banqueros obtiene ganancias anuales netas del 22 por ciento en promedio, mientras que los trabajadores apenas y reciben beneficios del 0.7 por ciento y 3.8 por ciento.

La clase trabajadora en su papel de gran elector debe exigir a los aspirantes presidenciales una revisión a fondo de la ley que rige las Afores para garantizar que se detenga el saqueo a sus ahorros y que el Estado asuma su responsabilidad como garante de los mismos, estatizando estos recursos antes de que los vaivenes de la política y la ambición desmedida de empresarios, banqueros y funcionarios corruptos lleven el asunto a la quiebra y al colapso como ya sucede en  Chile.

Martín Esparza Flores