El 11 de octubre se cumplen 16 años del golpe de Estado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sustentado en el ilegítimo Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, emitido a medianoche por el entonces narcopresidente Felipe Calderón Hinojosa.

A más de una década y media de aquel episodio, es necesario recordar la naturaleza autoritaria de una decisión que buscó desmantelar la industria eléctrica nacional, bajo el pretexto de un supuesto alto costo operativo de la empresa pública y de su contrato colectivo, que amparaba a más de 44 mil trabajadores.

La dirigencia del SME presentó en su momento denuncias formales contra Calderón y miembros de su gabinete, entre ellos el exsecretario del Trabajo Javier Lozano, por saqueo a los bienes de la nación y por traición a la patria.

Ambos, junto con otros funcionarios, promovieron los intereses de empresas transnacionales como Iberdrola, que años más tarde contrataría al propio Calderón y a su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, a través de su filial Avangrid, como compensación por las concesiones otorgadas durante su gobierno.

Amparados por el viejo régimen neoliberal del PRIAN, Calderón y sus aliados destruyeron el Estado de Derecho con el apoyo de un Poder Judicial que falló a su favor, pese a que los argumentos legales nunca les dieron la razón.

El propio expresidente lo reconoce en su libro Decisiones Difíciles, en el capítulo “Luz y Fuerza”, donde revela el entramado político y jurídico orquestado desde el poder para desaparecer una empresa pública y un sindicato independiente, al que consideraba un obstáculo para impulsar su Reforma Energética y abrir el sector eléctrico a la inversión privada.

Hoy que México cuenta con un nuevo Poder Judicial emanado de la voluntad popular, resulta oportuno revisar las tropelías jurídicas cometidas en aquel sexenio. Existen múltiples ejemplos que evidencian la manipulación de la ley en beneficio de los intereses privados.

Uno de ellos ocurrió en septiembre de 2012, dos meses antes de concluir el sexenio de Calderón, cuando un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo emitió una sentencia favorable al SME. Con ella, obligó al gobierno federal a asumir la figura de patrón sustituto a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Antes de esa resolución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y varios jueces habían argumentado que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro se justificaba por “causa de fuerza mayor”. De esa manera, daban por terminadas las relaciones laborales con los trabajadores despedidos.

Sin embargo, el propio Calderón reconoce en su libro que desde el inicio de la estrategia para extinguir Luz y Fuerza se contempló que la CFE asumiría el control de las instalaciones.

Esa confesión contradice el criterio jurídico que negó el amparo a los trabajadores y demuestra que la empresa solo desapareció en el papel. En los hechos, la CFE se convirtió en el patrón sustituto y, por tanto, el gobierno tenía la obligación legal y moral de reinstalar a los empleados despedidos.

Otro aspecto que evidencia la incongruencia del expresidente fue su argumento sobre el “excesivo” costo del contrato colectivo. En su propio texto admite la existencia de una burocracia dorada de directores y altos funcionarios en empresas como PEMEX, CFE y la misma LyFC.

“Estoy seguro de que varios tienen pensiones mayores que el salario del Presidente de la República”, escribe Calderón. La pregunta obligada es por qué no eliminó esas pensiones millonarias a personajes como Alfredo Elías Ayub o Jorge Gutiérrez Vera, si decía actuar en defensa del dinero público.

La respuesta es simple: estos privilegios fueron el pago por la colaboración de esos funcionarios en la entrega del sector eléctrico a intereses extranjeros. Esa conducta, más que negligencia, constituye una traición a la patria.

Los contratos firmados con empresas privadas para la compra de energía resultaron en costos altísimos para el erario, agravando la situación financiera del país. Hoy, el nuevo Poder Judicial tiene elementos de sobra para revisar esos actos y, en su caso, proceder contra los responsables de lo que fue, en los hechos, un esquema de corrupción institucionalizada.

Calderón no actuó solo. Gobernadores priistas como Miguel Ángel Osorio Chong (Hidalgo), Mario Marín (Puebla) y Enrique Peña Nieto (Estado de México) conocieron y respaldaron el golpe contra el SME y Luz y Fuerza del Centro.

Su silencio avaló el proyecto neoliberal impulsado desde Los Pinos. Años después, Peña Nieto consolidaría la Reforma Energética que Calderón no logró aprobar. Así, completó el ciclo de entrega del sector energético nacional. En el Congreso, el PRI también guardó silencio frente a la desaparición de las empresas públicas.

En su libro, Calderón dedica buena parte del relato a elogiar la actuación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, quien concentró miles de elementos de la Policía Federal en la Ciudad de México para desalojar a los trabajadores del SME de sus centros laborales.

Lo alarmante es que el expresidente admite sentirse orgulloso de haber creado esa corporación, no para combatir al crimen organizado, sino para reprimir a la clase trabajadora. En la página 167 de su obra, el propio Calderón celebra aquel operativo represivo: “Una vez más aparecía la importancia de haberla creado”.

El cierre de Luz y Fuerza del Centro no generó ningún ahorro para el Estado. Por el contrario, el pago a contratistas privados por parte de la CFE para operar en la zona centro del país disparó los costos de manera escandalosa.

Aquella red de subcontrataciones fomentó la corrupción y benefició a funcionarios y empresarios cercanos al poder. Asimismo, Calderón mintió cuando aseguró que el servicio eléctrico mejoró para más de 6 millones de usuarios.

Las empresas contratistas carecían del personal técnico necesario para operar un sistema tan complejo, lo que provocó fallas constantes y un deterioro generalizado del servicio.

La complicidad del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar, fue otro factor clave.

Este dirigente, que hoy se presenta como aliado de la Cuarta Transformación, respaldó en su momento el desplazamiento de los trabajadores de Luz y Fuerza y avaló la entrada de las empresas privadas al sector.

El propio Calderón, con sus declaraciones, confirma lo que durante años se denunció: la desaparición de Luz y Fuerza del Centro fue un acto político, no económico.

Un intento deliberado por destruir una organización sindical independiente y facilitar la entrega del sector energético nacional a las transnacionales. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el principio jurídico. Y Calderón, con sus propias palabras, deja constancia de haber orquestado la desaparición de una empresa pública que era patrimonio del pueblo mexicano.

Hoy, uno de los principales responsables de aquella estrategia, Genaro García Luna, cumple condena en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Los demás, incluido el propio Calderón, siguen impunes. Sin embargo, el país ha cambiado. Ya no existen los jueces de consigna que protegían a los poderosos, y la sociedad exige justicia.

Ha llegado el momento de que el nuevo Poder Judicial de la Federación revise cada uno de los actos ilegales que rodearon la extinción de Luz y Fuerza del Centro. No solo por memoria histórica, sino por justicia para los miles de trabajadores que fueron despojados de su empleo y su dignidad. Es hora de que el Estado mexicano repare el daño causado y rinda cuentas ante la nación.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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