Una vez finalizado el proceso electoral, los mexicanos no deben echar las campanas al vuelo de resultar ganador el candidato de sus preferencias, o caer en el desánimo si no fue electo; el paso siguiente es quizá el más importante tras una campaña que estuvo plagada de denuestos y golpes bajos: velar, todos juntos, porque las promesas hechas en campaña se cumplan.

Parte de nuestra incultura política radica en pensar que la responsabilidad de los candidatos finaliza al concluir las votaciones, de tal forma que la inconstancia partidista tiene su origen en el desinterés poselectoral de los ciudadanos. No por algo se dice que los corruptos y pillos que se reciclan en los cargos públicos cada 6 años le apuestan, más que a la impunidad, a la desmemoria de los electores.

Así como diversas organizaciones se han constituido para analizar temas como el de la inseguridad, la violencia o los feminicidios, de igual manera la sociedad en su conjunto debe dar seguimiento preciso a lo planteado por todos los candidatos, y en especial al favorecido en las urnas.

Es indudable que al no existir mecanismos vinculantes para obligar a los vencedores a aterrizar en los hechos sus plataformas de campaña, los políticos electos ni siquiera las contemplan en sus programas de gobierno, porque algunas son francamente inviables.

Desde hace décadas se habla de temas recurrentes como el combate a la pobreza, a la inseguridad, el fortalecimiento de la economía y más empleos, por mencionar algunos, pero los remanentes cada final de sexenio son los mismos: aumentan los niveles de violencia, el crecimiento económico no rebasa los 3 puntos del producto interno bruto (PIB) y se incumplen las expectativas laborales.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el mal nombrado “presidente del empleo”, que prometió la creación anual de 1 millón de puestos de trabajo, estables y bien pagados, terminó lanzando a la calle a miles de trabajadores en todo el país, entre ellos, los 44 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.

La contienda que antecedió a los comicios del pasado primero de julio no estuvo exenta del acostumbrado catálogo de buenos y exagerados propósitos; para variar, el tema de más empleos y mejores salarios formó parte de la agenda de los temas laborales de los candidatos. Todos coincidieron en la necesidad de incrementarlos para mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora, algunos de manera gradual hasta llegar a los 190 pesos diarios.

El asunto es que los planteamientos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores pasaron por alto mencionar un pequeño detalle que se ha convertido en el principal obstáculo para acceder a empleos estables y bien remunerados, sobre todo para los miles de jóvenes que año con año ingresan al mercado laboral: la legalización de las outsourcing a través de la Reforma Laboral aprobada a finales del sexenio de Calderón Hinojosa.

Así también debe mencionarse en este contexto de propósitos irrealizables la aprobación en esta reforma de los contratos de prueba que, a la par de las tercerizaciones, anula la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social tan pregonada en las campañas.

Un ejemplo del vacío en el contenido las propuestas partidistas fue la intención de ofrecer condiciones laborales más justas a los 3 millones de trabajadoras del hogar, a las que algunos candidatos se comprometieron a darles un buen salario, una jornada laboral justa y acceso a la seguridad social. Sin duda, buenas intenciones.

El inconveniente es que de manera inaudita ninguno de los aspirantes le recordó al gobierno en funciones su negativa a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con los derechos de las empleadas domésticas, y menos le exigió definir una postura al respecto.

En los temas de la corrupción se dejó al margen el contubernio que prevalece en los órganos de justicia laboral que obstruyen la justa aplicación de las leyes a favor de los trabajadores, permitiendo la existencia de los sindicatos y los contratos de protección.

Buena parte de la pobreza y la marginación en nuestro país, se debe a la injusticia laboral que afecta tanto a los trabajadores de la ciudad como a los jornaleros agrícolas, éstos últimos apenas mencionados en sus derechos en la Ley Federal del Trabajo e invisibles para la Reforma Laboral de Calderón.

Hubo planteamientos para instaurar la revocación del mandato, que en teoría debe aplicarse mediante un amplio referéndum social. De igual forma, la sociedad civil puede articular un mecanismo para exigir al ganador no sólo el cumplimiento de sus promesas de campaña sino además, la integración de una agenda de peticiones, sin sellos partidistas, en la conformación de su plataforma de gobierno.

A los jóvenes, cuya participación fue fundamental para inclinar la balanza de los resultados electorales, les asiste el derecho de solicitar información detallada de cómo se les van garantizar nuevas oportunidades de superación académica y laboral.

El 52 por ciento de la lista nominal se integró con mujeres que en todo el país y ahora deben reclamar su derecho a la igualdad en el empleo, tal y como lo prometió más de un candidato en campaña; muchas de ellas son madres trabajadoras y esperan un sistema de guarderías que les garantice la seguridad, educación y buena alimentación de sus hijos.

La consolidación de una verdadera democracia debe pasar de manera obligatoria por la aduana de la supervisión social para que una vez concluidas las elecciones, los vencedores no den la espalda a quienes les llevaron al poder, lo mismo que a todos aquellos que con su voto dan legitimidad al régimen de partidos del que emana y se nutre cada 6 años nuestra clase política. Dar seguimiento puntual a las promesas de campaña debe ser tarea y responsabilidad de todos.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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