El asunto de la opacidad con que se han manejado los fondos de pensiones en el país es un  tema incómodo y riesgoso para los candidatos de todos los partidos, quienes se han cruzado de brazos ante el legalizado robo al ahorro de millones de trabajadores para financiar proyectos y fondos de inversión utilizados para urdir innumerables fraudes.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) instrumentadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1997, recalaron 10 años más tarde en el sistema de pensiones de los trabajadores sindicalizados del gobierno federal, dando pasó a la creación del Pensionissste. Al final del día, todas las Afores tienen un común denominador: se han convertido en instrumentos de despojo para los fondos que deberían garantizar una vejez digna a millones de mexicanos.

Las Afores no rinden cuentas a ningún ahorrador, ya sea que pertenezca al apartado “A” o al apartado “B”.  Y esto es sumamente grave porque existe una gran complicidad e irresponsabilidad que toda la clase política rehúye. A la distancia lo expresado en su momento por el causante  de la incertidumbre que hoy se cierne sobre miles y miles de trabajadores que recibirán pensiones de miseria, pone en claro que para los gobernantes, sin distinción de siglas, lo que menos les importa es el futuro de quienes han creado la riqueza del país.

Retomemos algo de las palabras expresadas por el expresidente Zedillo durante la primera Convención Anual de las Administradoras de los Fondos para el Retiros (AMAFORES), celebrada en Los Pinos el 4 de noviembre del 1997.

“Por lo que se refiere en materia de supervisión de Fondos para el Retiro, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro vigila que los participantes del sistema cumplan estrictamente las normas establecidas y, con ello, que el patrimonio de los trabajadores esté seguro.

“Asimismo, revisa diariamente que la cartera de inversiones de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro se apegue al régimen de inversión, que la estructura de capital de las Administradoras sea siempre suficiente y que su información sea veraz y objetiva”.

Demagogia pura aderezada con buenos deseos lo que planteaba el entonces Jefe del Ejecutivo, porque  a dos décadas de distancia el panorama es diferente y el saqueo a los ahorros de la clase trabajadora sigue incontenible. Las llamadas “minusvalías” han reportado quebrantos de miles de millones de pesos, sin que los banqueros ni funcionarios de Hacienda o de la Consar se responsabilicen de informar al menos a los directamente afectados de lo que sucede con su dinero.

A 16 meses de entrar en vigor las Adores, Zedillo afirmó que el nuevo  sistema de pensiones  garantizaría  plenamente los recursos de los trabajadores,  dándoles la certidumbre de pensiones dignas al momento de su retiro y  viabilidad financiera al IMSS, al salvarlo de la quiebra.

Por supuesto que esto, como la vigilancia a la forma en que se invertirían los ahorros de los trabajadores resultaron una falacia, pues ahora sucede que no existen las pensiones dignas y mucho menos un Seguro Social sólido y robusto en sus finanzas, prueba de ello es que se abandonó la inversión para su infraestructura y ahora la calidad del servicio ha decrecido.

Los recursos que antes se constituían en un sistema de pensiones solidarias ahora se utilizan para rescatar a banqueros e invertir en proyectos de alto riesgo, dejando a la derivada una atención médica de calidad para los miles de derechohabientes y sus familias.

El fracaso del impuesto modelo de pensiones ha conllevado a una disminución de los ahorros de millones de mexicanos en menoscaba de su patrimonio para una vejez digna. Y muchos de los que entonces avalaron desde la función pública tal infamia, ahora se allanan y no tocan el tema ni por descuido porque se aproximan las elecciones presidenciales.

Algo tienen que decir al respecto gente como Esteban Moctezuma Barragán –enlistado ahora como prospecto a secretario de Educación de un eventual gabinete–,   entonces Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, o el actual Secretario General de la OCDE y hace 20 años secretario de Hacienda, José Ángel Gurria, por citar algunos casos.

Gurria dijo en su momento que por encima de cualquier objetivo “con esta reforma se persigue que los trabajadores de México cuenten con un sistema de pensiones financieramente viable en el largo plazo e inmune a transiciones demográficas o turbulencias financieras”. ¿Qué pasó entonces?, hoy le preguntamos, porque son los banqueros y empresarios pillos los únicos que han visto incrementar su patrimonio a costillas del dinero de los pobres.

¿Por qué el alto funcionario de la OCDE guarda silencio en torno al uso indebido de los recursos de los trabajadores mexicanos para apoyar a compañías de gestión de inversión  global como Black Rock, especializada en promover los intereses monopólicos en el mundo?

De acuerdo con datos de la Consar, en 2015 se destinaron 123 mil 402 millones de pesos a inversiones en Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y 42 mil 335 millones de pesos  en Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (FIBRAS), instrumentos financieros operados con fondos privados.

Pero además, los ahorros de los trabajadores sirvieron para respaldar el 24.9 por ciento de la deuda privada de largo plazo, además de ocupar 70 mil millones de pesos para fondear el 29.3 por ciento de la deuda de autopistas, estados y municipios; es decir, la inoperancia de la clase política en el poder.

Por eso, resulta imprescindible colocar en el tema de la actual coyuntura electoral el quebranto multimillonario a los fondos de pensión. Todos los candidatos le dan la vuelta a este asunto, pero no hay uno sólo que no enarbole la bandera del combate a la corrupción en sus propuestas de campaña. ¿Y no es acaso este saqueo a los ahorros de millones de mexicanos producto de la corrupción de funcionarios públicos asociados con inversionistas y empresarios pillos?

Exijamos que quienes aspiran a gobernar este país aborden en sus debates e incluyan en sus plataformas políticas el saqueo que las Afores vienen cometiendo desde hace dos décadas con el dinero de los trabajadores. No hacerlo los hará cómplices y merecedores al voto de castigo de los mexicanos.

Martín Esparza