“Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco, ordenado por los gobiernos federal, del Estado de México y el municipal de Texcoco, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que apoyaban el derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.
“El operativo gubernamental dejó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales. Desde entonces se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas, que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos, con condenas injustas como la impuesta a Ignacio del Valle, por 112 años de prisión; a Felipe Álvarez y Héctor Galindo, por 67 años, y a otras nueve personas: Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales, que han sido sentenciados a 31 años, once meses y 15 días de prisión.
“Cabe mencionar que América del Valle y Adán Espinosa Rojas se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso judicial, aunque en libertad”. (Manifiesto Libertad y Justicia para Atenco, La Jornada, 4 de mayo de 2009).
Atraído el problema judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de los 11 ministros, una vez más –como en Puebla, con Mario Marín y en Oaxaca, con el perverso Ulises Ruiz– entró en sus ya constantes complicidades con los abusos del poder, sobre todo si es el presidencial y de los desgobernadores que tienen derecho de picaporte con ellos.
Los arreglos se hacen a través de sus gestores ante los secretarios de estudio y cuenta, incluso, directamente con los ministros, para que en el dramático caso de Atenco ni siquiera se mencione a Vicente Fox. Para colmo, al no imputar responsabilidades, jurídicamente absolvió de ellas a Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña y Miguel Ángel Yunes, funcionarios federales y del Estado de México, en lugar de abrirles juicios penales y solicitar el juicio político.
Los seis, encabezados por Fox y Peña Nieto, están amparados por la impunidad del sistema presidencialista, intocable en su abuso del poder y que permanece, en manos de los panistas, como en los peores sexenios del priismo.
Por ello, las dos alternancias fallidas ejercen (porque el calderonismo y su manu militari son la continuidad del foxismo) muy arbitrariamente las facultades otorgadas por los legisladores, para desmantelar los derechos humanos en el contexto nacional que anuncia “una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen”, que puede abortar el amanecer de un golpismo militar.
Y es que en cada represión a los ciudadanos –cuando plantean peticiones y manifiestan protestas, conforme a sus derechos constitucionales, para criminalizarlos y donde el aparato judicial encubre a presidentes municipales, gobernadores y al propio presidente de la República– triunfa la impunidad.
Ya son muchísimos los hechos de abuso del poder que generan injusticias, como la de Atenco, que sólo han dejado –en ese callejón sin salida, donde se ha interrumpido la vigencia de la Constitución y su observancia– que el pueblo corte de tajo el nudo de la corrupción política con su “inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
A la brutal violencia gubernamental, la complicidad de los tres poderes federales y sin ninguna instancia para cuestionar las decisiones del presiente de la República, de gobernadores y legisladores, cuyo factor común de la impunidad es la Suprema Corte y sus tribunales, no hay otra opción que la Nación aproveche las fiestas del bicentenario y del centenario para hacer valer su malestar social.
Éste plantea la alternativa de reforma política de fondo democrática y republicana del Estado o como ya tenemos gobernantes contrarios a los principios constitucionales, siendo un “gobierno emanado de la rebelión”, entonces deshacernos de ellos y someterlos a juicio político para restablecer la observancia constitucional.
Lo de Atenco es, como lo sucedido en los últimos cinco sexenios derechistas (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón), tras el genocidio del 68 por el díazordacismo, más que suficiente para retomar la demanda de Hidalgo contra el mal gobierno, en la revolución de independencia; la de Juan Álvarez, en la revolución de Ayutla, para solicitar el restablecimiento de la política legal y legítima de la democracia y restauración de la república; y, la de Madero, Zapata y Villa, en la revolución campesina-obrera, para echar abajo a los malos gobernantes que han revertido las conquistas de 1810, 1954 y 1910.
Son muchísimos los Atenco por todo el país. A pesar de la moda por enaltecer los derechos humanos, las evaluaciones internacionales (como el reciente reporte de la Human Rigth Watch) y las investigaciones de organismos no gubernamentales mexicanos concluyen que los mexicanos más pobres, los trabajadores, campesinos, indígenas y quienes se atreven a manifestar su indignación o protestan contra los abusos del poder reciben más agresiones y remitidos a las instancias judiciales en lugar de impartirles justicia; son desaparecidos (hay miles de ellos) y declarados responsables para sancionarlos draconianamente.
Lo de Atenco fue la manifestación del despotismo sangriento de Fox y Peña Nieto, pisoteando el artículo 9 constitucional y, con la complicidad de la Suprema Corte sesionando en Pleno, cancelar el derecho a reunirse pacíficamente para protestar contra los actos de autoridad-autoritaria, como sucedió en Atenco.
El desgobernador Peña Nieto –que aspira a la candidatura presidencial, y de obtenerla, con fraude electoral, como Fox y Calderón– se convertiría en un nuevo Díaz Ordaz, con una notoria diferencia: ante la fealdad del rostro díazordacista, el ya clasificado como galán por las revistas del chisme social y del “corazón” sufriría la transformación de la bestia en un príncipe con el título del más Bello.
Su imagen de belleza está manchada por la sangre de quienes padecieron la embestida policiaca, sufren encarcelamiento y el homicidio del que fuera estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea Hernández. Suficiente hechos penales para, al menos, destituir a Peña Nieto y sentenciarlo a cadena perpetua. Los tribunales mexicanos lo han absuelto y vive en la impunidad, hasta que las gestiones de llevarlo a la Corte Penal Internacional logren su enjuiciamiento.
Mientras tanto, ni silencio ni olvido, a la espera de que tampoco y mucho menos impunidad para Peña Nieto y sus cómplices de la cúpula del poder que ordenaron la salvaje represión de Atenco.
