Éric Toussaint/Red Voltaire*

 

A tres años de distancia se repite en Paraguay el mismo escenario de golpe de Estado ya utilizado en Honduras en junio de 2009. En los dos casos, un órgano del poder institucional que había quedado en manos de representantes de la clase dominante destituye a un presidente democráticamente electo. Este golpe de Estado respeta las “apariencias” de legalidad. En un análisis redactado en 2009, el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) ya denunciaba el golpe de Estado de Honduras y las complicidades que los golpistas tenían en Washington. La última frase de aquel artículo anunciaba lo que acaba de pasar en Paraguay: “el caso hondureño presenta el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales, como el Parlamento o el Tribunal Supremo”.

 

Desde 2009, la gran prensa internacional concedió un apoyo pasivo o activo a los golpistas hondureños y el diario Libération (Francia) está reproduciendo hoy el mismo comportamiento. He aquí lo que publicó respecto del golpe de Estado en Paraguay: “el presidente paraguayo Fernando Lugo ha sido oficialmente despojado de sus funciones este viernes, culminando así un proceso de destitución efectuado en pocas horas en el Senado, como comprobó un periodista de AFP [Agencia Francesa de Prensa]”. La siguiente frase muestra claramente la opinión del diario: “elegido en 2008 con el apoyo de una amplia coalición de una veintena de partidos, Fernando Lugo había perdido en forma progresiva una parte esencial de sus partidarios en el Parlamento después de una serie de desacuerdos políticos”. En realidad, Fernando Lugo, que fue elegido presidente a través del sufragio universal y con un fuerte apoyo popular, nunca gozó de una verdadera mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo satisfactoriamente su proyecto, ya que los dos partidos tradicionales de la derecha dominaban las instituciones legislativas (Partido Liberal y Partido Colorado). Este último apoyó la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, y dominó el gobierno y el Estado paraguayo durante 62 años. Como consecuencia de ello, Lugo tuvo que negociar el respaldo del Partido Liberal, del que una parte importante de sus dirigentes se habían opuesto a la dictadura de Stroessner. Por lo tanto, al contrario de lo que afirma Libération, Lugo no perdió lo esencial de sus partidarios en el Parlamento. Éstos, propiamente hablando, eran muy pocos y se mantuvieron a su lado. Su relación con Domingo Laíno, un dirigente histórico del Partido Liberal (por su oposición radical al régimen de Stroessner), y sus partidarios, incluso se ha fortalecido. Por el contrario, la dirección del Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, que acaba de tomar el poder, sólo sostuvo a Lugo como la cuerda de la que cuelga a un ahorcado. En realidad, nunca estuvo entre los partidarios de Lugo. El Partido Liberal era un aliado que bloqueaba todos los intentos por realizar las profundas reformas sociales y económicas que el país necesita. A pesar de ese bloqueo, las realizaciones sociales del gobierno de Lugo, aunque limitadas, fueron innegables y la popularidad del presidente es bien real. Desde el comienzo de su mandato, el vicepresidente Franco multiplicó sus críticas contra el presidente Lugo, desconociendo así el compromiso político que lo ligaba a él.

 

Ahora, Franco acaba de acceder a la presidencia gracias al apoyo de la oligarquía que mantuvo el control de las instituciones parlamentarias, debido a décadas de dominación política en un país donde el clientelismo tiene una función clave.

 

Por otra parte, los disidentes del Partido Liberal, Domingo Laíno y el senador liberal Luís Alberto Wagner, se opusieron, el 22 de junio de 2012, a la decisión tomada por el comité político de su partido de destituir al presidente Lugo. Laíno y Wagner denunciaron incluso la violación de las normas internas del Partido Liberal y señalaron que semejante decisión sólo podía ser tomada por el directorio del partido, una instancia superior y más amplia que su comité político.

 

 

Tres años después del golpe de Estado en Honduras, presentamos como recordatorio de los acontecimientos, y con el fin de ayudar a la comprensión de las similitudes entre los golpes de Estado hondureño y paraguayo, un largo extracto de un artículo publicado en www.cadtm.org, en octubre de 2009:

 

“Cuando el presidente constitucional Manuel Zelaya fue destituido por los militares, el 28 de junio, la gran mayoría de los medios de prensa declararon, deformando totalmente la verdad, que los militares habían reaccionado a la voluntad del presidente de modificar la Constitución para mantenerse en el poder. Muchos medios agregaban que [Zelaya] seguía así el ejemplo de Hugo Chávez, presentado como un dirigente populista autoritario. En realidad, Manuel Zelaya sólo proponía a sus conciudadanos pronunciarse sobre la organización de elecciones generales para una asamblea constituyente, algo que habría representado un verdadero avance democrático en ese país. Este hecho fue muy bien explicado por Cécile Lamarque y Jerome Duval, a su regreso de una misión del CADTM en Honduras: ‘el golpe de Estado tuvo lugar el mismo día en que Manuel Zelaya organizaba la consulta de carácter no vinculante, donde se preguntaba a los hondureños si deseaban o no la convocatoria a una asamblea nacional constituyente después de las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2009’. La pregunta era la siguiente: ¿está usted de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva constitución política? Si esa consulta hubiera recogido una mayoría de síes, el presidente habría sometido un decreto a la aprobación del Congreso para que, el 29 noviembre, los hondureños se pronunciaran formalmente sobre la convocatoria de una [asamblea] constituyente, en una cuarta urna (las tres primeras estarían reservadas para la elección del presidente, de los diputados y de los alcaldes). Para darle un matiz de legalidad al golpe de Estado, el Congreso y el Tribunal Supremo, como aliados del golpe, decidieron que la consulta era ilegal y dictaminaron que el presidente Zelaya había ‘violado la Constitución’ al intentar modificarla ?para poder aspirar a un nuevo mandato’, como un ?aprendiz de dictador chavista’. Sin embargo, Manuel Zelaya no buscaba, por la vía de esta consulta, renovar su mandato presidencial en las próximas elecciones legislativas, ya que éstas se realizarían en el marco de la actual Constitución, que prevé mandatos presidenciales de cuatro años no renovables. Por lo tanto, Zelaya no podía ser candidato a su propia sucesión”.

 

A pesar de que los movimientos populares de oposición al golpe de Estado multiplicaron las huelgas y manifestaciones en julio, agosto y septiembre, los grandes medios periodísticos les dedicaron apenas unas líneas. Las pocas veces que los grandes diarios dedicaban un artículo de fondo a la situación en Honduras, lo hacían siguiendo una política denigratoria con respecto al presidente constitucional, cuando no presentaban directamente la acción de los militares como un golpe militar democrático. Por ejemplo, The Wall Street Journal decía en su editorial del 1 de julio de 2009: “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. El editorial agregaba que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieron intactas” tras la acción militar. Por otra parte, aunque de forma más matizada, el conocidísimo diario francés Le Monde también participó en aquella campaña. He aquí un ejemplo: el 12 de septiembre de 2009, Jean-Michel Caroit, su enviado especial en Honduras, citó las palabras de una francesa expatriada en ese país y a continuación agregó la mentira sistemáticamente repetida sobre las malas intenciones atribuidas a Manuel Zelaya. “Para los hondureños el retorno de Zelaya es inaceptable, ya que significaría 20 años de dictadura al estilo de [Hugo] Chávez”, exclamaba Marianne Cadario refiriéndose al presidente de Venezuela, “quien –como su aliado Manuel Zelaya pretendía hacerlo– modificó la Constitución para poder ser reelecto”. Madame Cadario, una francesa instalada en Honduras desde hace 30 años, dice estar “súper asombrada ante la reacción de la comunidad internacional, que ha condenado el golpe”. El tono de diarios como Le Monde y Libération comenzó a cambiar a finales de septiembre, cuando los golpistas recrudecieron sensiblemente la represión. Dicho esto, Libération se merece un premio por la utilización de eufemismos. En efecto, el 28 de septiembre de 2009 (justamente tres meses después del golpe), subtitulaba con la frase “Perfume de dictadura” [subrayado por Toussaint] un párrafo en el que se explicaba que el gobierno golpista había decretado “la prohibición de toda reunión pública no autorizada, la detención de cualquier persona que ponga en peligro su vida o la de los demás, la evacuación de locales ocupados por manifestantes, e interferencias de la emisión por cualquier medio de los programas que traten de alterar la paz”.

 

En Honduras, el régimen surgido del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se benefició de la complacencia e incluso del respaldo activo de la administración de Barack Obama. El CADTM informó de la resistencia del pueblo hondureño y analizó la actitud de Washington, que significaba una verdadera incitación para otros candidatos a golpistas en América Latina. He aquí lo que se publicó en la página electrónica del CADTM en diciembre de 2009:

 

“Mientras que el presidente Manuel Zelaya, quien había entrado clandestinamente en su país el 21 de septiembre de 2009, encontraba refugio en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa –la capital hondureña– los golpistas continuaban reprimiendo violentamente las manifestaciones de los partidarios del presidente constitucional y decretaron, el 27 de septiembre, un estado de sitio de 45 días de duración. Hubo entonces un comentario del número dos de Washington en la Organización de Estados Americanos, Lewis Amselem: ?el retorno de Zelaya es irresponsable’”.

 

Por su parte, Hillary Clinton no condenó el prolongado toque de queda. El acuerdo al que se llegó el 30 de octubre de 2009, bajo los auspicios de Washington, entre los representantes de Manuel Zelaya y los de Roberto Micheletti, estipulaba expresamente que las partes se comprometían a no hacer ningún llamamiento directo o indirecto a la convocatoria de una asamblea constituyente o a cualquier otra consulta popular (punto 2). Además, el acuerdo no preveía explícitamente el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia del país para terminar su mandato. Roberto Micheletti y sus partidarios habían decidido no devolver la presidencia a Zelaya quien, como consecuencia de ello, pidió a la población que no participara en las elecciones generales previstas para el 28 de noviembre de 2009. El principal candidato de la izquierda a la presidencia, Carlos Reyes, así como un centenar más de candidatos de diferentes partidos (entre ellos un sector del Partido Liberal), decidieron por lo tanto retirar sus candidaturas. El 10 de noviembre de 2009, Washington anunció que reconocía el resultado de las elecciones, a pesar de que en la víspera de la jornada electoral las organizaciones de defensa de derechos humanos habían contabilizado más de 20 oponentes políticos asesinados desde la fecha del golpe de Estado, así como 211 heridos durante las acciones represivas, cerca de 2 mil detenciones ilegales, dos tentativas de secuestro y 114 prisioneros políticos acusados de sedición. Los medios de comunicación opuestos al golpe fueron cerrados o acosados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), los países miembros del Grupo de Río y los países pertenecientes a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, habían decidido no enviar observadores. Los cálculos del porcentaje de electores que supuestamente participaron en el escrutinio oscilan según las fuentes. Pero seguramente no se llegó a la mitad de los electores inscritos. A pesar de ello, el vocero del Departamento de Estado, Ian Nelly, vio las elecciones hondureñas como “un necesario e importante paso adelante”. Washington reconoció como presidente electo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, un representante duro de la oligarquía, de los terratenientes y de la misma derecha que había organizado el golpe de Estado. El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, declaró que las elecciones habían constituido una “gran celebración de la democracia” y afirmó que Estados Unidos trabajaría con Porfirio Lobo, conocido como Pepe: “Pepe Lobo es un hombre de una gran experiencia política”, declaró el embajador estadunidense a la radio HRN. “Yo le deseo buena suerte y Estados Unidos trabajará con el presidente para el bien de nuestro país… Nuestras relaciones serán muy fuertes”. Como ya escribimos en aquel entonces, “respaldar un proceso surgido de un golpe de Estado y actuar a favor del reconocimiento internacional de las autoridades que lo perpetraron y de las que surgieron del mismo, es alentar a los candidatos a golpistas que se ponen políticamente del lado de Washington”.

 

Prosiguiendo nuestro análisis, ya en enero de 2010 se podía leer, en el portal de internet del CADTM, la descripción del golpe de Estado en preparación en Paraguay, golpe que finalmente tuvo lugar el 22 de junio de 2012.

 

“En el caso de Paraguay existe una parte de la derecha que retomó la ofensiva. En diciembre de 2009, el senador liberal Alfredo Luís Jaeggli llamó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo, a quien acusa, como ya se hizo con Manuel Zelaya, de imponer un modelo chavista del ?socialismo del siglo XXI’. Jaeggli, cuyo partido constituye el principal ‘apoyo’ parlamentario del gobierno, afirmaba, siguiendo la marcha de los acontecimientos, que el golpe de Estado realizado en Honduras no había sido tal: el derrocamiento de Manuel Zelaya y la acción llevada a cabo desde aquel momento por el régimen de facto serían perfectamente legales. Este senador incluso pidió al Parlamento paraguayo que ponga en marcha un juicio político contra Lugo para destituirlo y reemplazarlo por el vicepresidente de la república, el liberal de derecha Federico Franco. El senador Jaeggli reprochaba a Lugo no seguir el ejemplo de los países que habían tenido éxito en la reforma económica, como Chile, con los cambios que había comenzado Pinochet, y la Argentina de Carlos Menem. Evidentemente, el caso hondureño puede convertirse en una puerta para nuevos golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales, como el Parlamento o el Tribunal Supremo”.

 

El 22 de junio de 2012, luego de un juicio expeditivo, el Senado paraguayo, controlado por la oligarquía descontenta ante las políticas de Fernando Lugo, destituyó al presidente democráticamente electo en 2008 mediante el sufragio universal. El 23 de junio de 2012, un amplio frente de la resistencia comenzó a organizarse para obtener el restablecimiento de la democracia. El 24 de junio, siete países latinoamericanos retiraron o llamaron a consulta a sus embajadores en Paraguay (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y México). Cinco anunciaron que no reconocían al nuevo gobierno: Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. El Mercado Común del Sur, del que la economía paraguaya tiene una fuerte dependencia debido a sus intercambios comerciales, decidió no invitar al nuevo régimen a la reunión que se celebrará en Mendoza, Argentina, el 29 de junio de 2012. En Paraguay, la movilización popular en defensa de la democracia se está organizando. Es importante que se pueda respaldar con un máximo de apoyo internacional.

 

En Honduras, tres años han pasado desde el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Zelaya y contra el pueblo hondureño que lo había elegido. El país está hundido en una crisis sin precedentes. La violencia ha aumentado considerablemente contra aquellas y aquellos que resisten en defensa de las libertades y de los derechos fundamentales del pueblo y que denuncian la orientación ultraliberal del gobierno de Porfirio Lobo, lacayo de la oligarquía y de las trasnacionales cómplices del golpe. Sindicalistas, militantes asociativos y de derechos humanos, feministas, homosexuales, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, periodistas de oposición, etcétera, sufren las presiones, intimidaciones, acosos y agresiones (en el caso de que no caigan bajo las balas), que instrumentan tanto el poder del Estado como los grupos paramilitares y milicias privadas que actúan con total impunidad. En la región de Aguán, la represión continúa contra las comunidades campesinas en el marco del conflicto agrario que las opone a los grandes terratenientes. Según Reporteros Sin Fronteras, más de 40 abogados perdieron la vida en estos tres años por haber defendido a víctimas de abusos policiales y del ejército, y 28 periodistas fueron asesinados en el transcurso de la última década, 23 de ellos precisamente después del golpe de Estado. Para el 28 de junio de 2012, el Frente Nacional de Resistencia Popular organiza una movilización nacional en ocasión del tercer aniversario de ese régimen funesto.

 

El CADTM aporta su contribución a la solidaridad internacional con los pueblos paraguayo y hondureño.

 

*Traducción de Griselda Pinero

 

 

 

Contralínea 292