Los periodistas de la revista Contralínea se han convertido en un referente de la anticorrupción en México. Su compromiso con el periodismo objetivo, valiente y crítico les ha valido tener una consistente credibilidad entre quienes reclaman, vehementemente, a los medios de comunicación, información veraz y útil.
En un mundo dominado por la poderosa oligarquía económica, interesada en mantener sus privilegios, los medios masivos de comunicación, como la televisión y la radio, no escapan a su rígido control.
Los beneficiarios de la corrupción pretenden controlar la información sobre los temas de interés público, respecto de los cuales construyen sus grandes negocios ilegítimos, e intentan mantenerse impunes, judicial y mediáticamente, con un sólido sentido de la complicidad. Por eso, una revista como Contralínea es tan apreciada: se arriesga para informar lo que a todos nos interesa; lucha por la transparencia.
Sin embargo, la otra cara de la moneda de informar con libertad es la represión que sufren sus periodistas. Tanto empresarios como funcionarios han hecho todo lo posible por aniquilar la revista incómoda. El gobierno federal le retiró la publicidad oficial cuando la periodista Ana Lilia Pérez exhibió los negocios presuntamente irregulares de Juan Camilo Mouriño y de César Nava con Petróleos Mexicanos (Pemex). Para el señor Calderón, la osadía de la valiente periodista resultó imperdonable. A Jesús Zaragoza López, empresario gasero de Ciudad Juárez, y al señor Antonio Juan Marcos Issa, exfuncionario de Pemex, no les gustó que los periodistas de Contralínea expusieran sus prácticas empresariales presuntamente ilícitas con la paraestatal petrolera mexicana. El costo de informar fueron demandas por daño moral en varios estados del país. Además, las oficinas de la revista han sido allanadas y saqueadas, lo que implica un claro mensaje intimidatorio.
Por ambas circunstancias, el boicot publicitario y el acoso judicial por las demandas del señor Zaragoza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 57/2009. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga los allanamientos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene conocimiento de los actos represivos.
Lo más reciente es la sentencia condenatoria en contra de los periodistas de Contralínea, dictada el 3 de enero de 2011 por la jueza 54 Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl. La resolución fue producto de un juicio por daño moral iniciado, entre otros, por el señor Antonio Juan Marcos Issa. Al empresario petrolero, excoordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, le molestó sobremanera que Contralínea expusiera en sus páginas, entre otras cosas, que la Auditoría Superior de la Federación había señalado que las empresas del demandante le rentaban barcos a la paraestatal de todos los mexicanos por un monto mayor de lo que hubiesen costado nuevos.
Después de un juicio largo, la jueza 54 dictó una sentencia insólita por resultar completamente absurda e ilícita. La señora Alonso dijo, en su resolución, que los asuntos relacionados con Pemex no son de interés público, porque son temas para especialistas, que la gente y ella misma desconocen. Señaló que los periodistas no están autorizados para opinar sobre las licitaciones que lleva a cabo el gobierno. Inclusive, el caricaturista David Manrique fue sancionado porque a la jueza le pareció ofensivo el trabajo artístico del monero. Además, condenó a los periodistas a jamás volver a publicar nada que les incomode a los demandantes, a pagarles una indemnización y a publicar partes de la sentencia en un diario de amplia circulación.
La sentencia ya fue apelada por los periodistas. El asunto lo resolverá en segunda instancia una Sala Civil de Apelación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Seguramente el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, de ser necesario, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso es paradigmático y de gran importancia; es necesario consolidar los criterios protectores del trabajo periodístico que nuestro tribunal constitucional y que los tribunales internacionales ya han emitido. Los jueces mexicanos, con excepción de los ministros de la Corte, se niegan a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de toda la sociedad, lo que, sin duda, debe ser revertido.
Los criterios que se pretenden fortalecer para garantizar la libertad de los periodistas a informar, a partir del caso Contralínea, son:
1. Que los periodistas sólo tienen el deber de acreditar que sus fuentes informativas existen y de realizar una razonable investigación respecto de los hechos que informan y no a que su opinión o su “verdad” sobre los hechos investigados necesariamente coincida con la “opinión” o la “verdad” de los demás. Las opiniones no pueden ser ciertas o falsas.
2. Que los periodistas no tienen que aportar pruebas formalmente generadas, como si fuesen jueces o ministerios públicos, para demostrar que sus fuentes de información existen. Deberá ser suficiente que por cualquier medio, por ejemplo una inspección en una página de internet, se acredite la existencia de las fuentes.
3. Que los periodistas no puedan ser sancionados, salvo que se demuestre que sus fuentes no existen, que las emplearon sabiendo sobre su inexistencia y con la indubitable intención de dañar. Además, se tiene que acreditar la existencia de una verdadera lesión al patrimonio moral de quien demanda.
4. Que los periodistas no deben ser criminalizados con la imposición de sanciones económicas desproporcionadas y tampoco a que por siempre y para siempre, como lo pretende la jueza Alonso, dejen de escribir sobre ciertos temas y personas.
Defender a la revista Contralínea implica proteger las libertades de todos los mexicanos. ¡Viva la revista Contralínea!
*Abogado defensor de los derechos humanos
