El caso de Honduras demostró que América Latina no ha conjurado para siempre la posibilidad de una asonada militar. El golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya nos obliga a pensar que ningún país está a salvo de golpes militares, ni siquiera México, a pesar de que no ha experimentado ninguno en los últimos 80 años de su historia.
Desafortunadamente, los ejércitos de América Latina aún conservan la capacidad latente de intervenir en los asuntos civiles de cada país pues aún tienen prerrogativas y una dosis significativa de autonomía que no desean perder. Cuando perciben condiciones adecuadas y encuentran corrientes políticas que las respalden, algunas fracciones militares han intentado deponer presidentes por la fuerza. Ése fue el caso de Honduras, pero también lo ha sido de Ecuador en 2000 y Venezuela en 2002.
Cada vez que las condiciones de debilidad del control civil lo permiten, algunos líderes militares intentan avanzar en la expansión de las prerrogativas castrenses, ya sea con el intento de mantener la impunidad en los abusos cometidos en las guerras internas o con el fin de mantener el máximo posible de autonomía en los asuntos castrenses.
Desafortunadamente para muchas instituciones militares latinoamericanas que han trabajado duro para resarcir el prestigio pulverizado en las décadas golpistas, la asonada militar en Honduras vuelve a abrir una brecha inesperada de desconfianza hacia los líderes castrenses en los momentos en los que los gobiernos civiles dependen de los ejércitos, casi como la única herramienta confiable, en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Tradicionalmente, las corrientes políticas conservadoras han defendido la existencia de prerrogativas militares como una medida para garantizar el respeto de las fuerzas armadas a los civiles en el poder. Según esa percepción, mientras los ejércitos gocen de autonomía en la compra de armas, mientras haya sistemas débiles o inexistentes de rendición de cuentas, mientras persistan modelos autónomos de justicia militar, los líderes militares respetarán el proceso civil y no tendrían la tentación de intervenir en el ejercicio de gobierno.
Honduras nos hace ver que esa escuela de pensamiento está equivocada. Cada uno de los líderes militares, partidistas y empresariales que participó en el golpe contra el presidente Manuel Zelaya decidió defender sus propios intereses a costa de la seguridad institucional del país. Es evidente que los líderes militares que participaron en el golpe decidieron mantenerse en el poder, a pesar de que con ello traicionaban sus deberes profesionales de obediencia y lealtad.
El problema para el resto de América Latina es que, con diferentes grados según cada realidad nacional, los militares han conservado sus prerrogativas institucionales en una delimitación clara de autonomía frente a los gobernantes civiles.
Esos privilegios incluyen la independencia de sus órganos de contraloría, inteligencia, y justicia militar, el aprovechamiento de la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, así como la autonomía en la compra de armamento, la definición del presupuesto y el ejercicio del gasto militar. En algunos casos, a eso se agrega la discrecionalidad en la creación de empresas militares, el diseño de sus instituciones educativas y de sus programas de entrenamiento.
Pese a que algunos de esos resabios de autonomía militar aún persisten en nuestro país, México parece alejado de la posibilidad de un golpe militar. Cada año, los líderes castrenses vuelven a jurar su lealtad a la institución presidencial, las fuerzas armadas siguen consideradas como un “ejército de paz” y no hay partido político que ponga en duda el carácter no deliberativo de las fuerzas armadas.
Sin embargo, nadie podría negar que existe malestar en algunos sectores de las fuerzas armadas. En general, las fuerzas armadas hablan de un estado obsoleto del equipamiento militar y la imposibilidad de cumplir con las tareas asignadas por la superioridad civil si persiste la negligencia en la asignación de recursos a las instituciones militares.
El nivel extraordinario de violencia que ejerce el narcotráfico y los bajos salarios han generado desmoralización entre las tropas y desafortunadamente algunos elementos abandonan las filas castrenses para integrarse a la delincuencia organizada. Los soldados han tenido que enfrentar al narcotráfico con armamento obsoleto e insuficiente y han experimentado dificultades para mostrar una clara superioridad de fuego en los enfrentamientos con bandas delictivas bien pertrechadas.
Otros sectores del Ejército cuestionan en privado la política gubernamental que ha puesto a las fuerzas armadas en el riesgo de cometer abusos contra la población civil, sin que haya fundamento constitucional para sus acciones. La estrategia antinarcóticos ha puesto a los militares en tareas de vigilar supermercados, allanar casas y templos religiosos, suspender el tránsito carretero y montar retenes sorpresivos.
Como ocurre cada vez que los militares son llamados a cumplir tareas que en realidad competen a la autoridad civil, el prestigio ha sido una de las primeras bajas del Ejército en la lucha antinarcóticos. A pesar de los esfuerzos para mejorar la imagen institucional luego de los incidentes de abuso ocurridos después de la rebelión indígena en Chiapas y el alzamiento del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero y Oaxaca, las fuerzas armadas están de nuevo en la mira de los organismos internacionales de derechos humanos y de la presión del Congreso estadunidense.
Esta situación puede afectar el pacto no escrito entre civiles y militares en México, que se ha mantenido durante ocho décadas y ha consistido en respetar las prerrogativas militares a cambio de la no intervención de las fuerzas armadas en la vida civil.
Los militares siguen disfrutando de autonomía, pero el gobierno los sigue controlando a través de un presupuesto militar limitado e insuficiente y no les ha dado las herramientas legales y materiales necesarias para cumplir sus tareas que exige su participación en la lucha antinarcóticos.
Limitar o controlar el presupuesto militar no implica automáticamente un fortalecimiento del control civil, más bien puede significar en este caso una incomprensión de las necesidades militares para cumplir con las misiones que el mismo gobierno les asigna. México debe pensar seriamente en una reforma militar profunda que implica necesariamente la revisión de las prerrogativas militares y el aumento de los sistemas de rendición de cuentas. El control a través del presupuesto debe ser acompañado de una revisión de las misiones militares y una redistribución de los recursos asignados a seguridad pública y seguridad nacional.
Por otra parte, el país podría considerar la pertinencia de llevar la justicia militar entera al ámbito civil y terminar para siempre con la sospecha de que los tribunales castrenses sirven para proteger la impunidad de los soldados que comenten abusos contra la población. México debe contar asimismo con un sistema educativo en el que se capaciten los civiles en temas de defensa y se forme una doctrina nacional de defensa.
Un cambio de esta magnitud no será, sin embargo, fácil de obtener. Sería necesaria una transformación en la mentalidad y doctrina de los partidos políticos pues, hasta ahora, sus plataformas políticas y electorales no incluyen ningún proyecto de reforma militar. Sus líderes guardan silencio sobre las prerrogativas militares. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional como fuerza dominante en el Congreso, la posibilidad de una reforma puede alejarse aún más.
Hay otros sectores, como los diplomáticos, que entienden mejor la función de la defensa nacional, pero aun entre ellos predomina consideración de que la reforma militar debe ser un proceso lento, paulatino y parcial. Los líderes castrenses que coinciden con la necesidad de una reforma militar evitan la discusión pública sobre temas de defensa nacional y no suelen divulgar sus puntos de vista.
En cierto sentido, la situación mexicana guarda similitudes con la condición de otros países latinoamericanos, en particular con los centroamericanos. Su clase política está dividida, sus partidos han perdido apoyo popular, la delincuencia organizada y los movimientos armados están aumentando sus actividades y ejerciendo más violencia. Las fuerzas armadas están siendo utilizadas intensivamente en tareas de seguridad pública y el fenómeno de la deserción ha cundido en los rangos más bajos de la jerarquía militar. No ha habido tiempo ni interés aparente en incluir la reforma militar en la discusión nacional de transición a la democracia.
En una forma lenta o rápida, debemos abordar esas condiciones desfavorables para el avance democrático y el cumplimiento de los planes de desarrollo nacional. Desafortunadamente la lección hondureña nos muestra que hay cúpulas civiles y militares que no se han alejado del todo del pretorianismo que predominó en décadas pasadas. Quizá nos convenga más incluir al golpe militar en la lista de escenarios posibles y abandonar la negligencia que nos ha impedido debatir ese tema y actuar a tiempo para prevenirlo y evitarlo.
