En el contexto de la derechización de los poderes ejecutivos y judiciales, que incluye a la dependiente Procuraduría General de la República y ministerios públicos, aumentan las agresiones, desplantes e intolerancia contra la información y crítica que ejercen, como derechos constitucionales, reporteros y columnistas en cumplimiento de su tarea en los diversos medios de comunicación que ya incluye el internet.
Dos casos ilustran esa conducta: los de Salvador Guerrero (comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Infodf ) y Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública federal).
Ambos se atrevieron, no a discrepar y replicar, sino a tratar de impedir ser cuestionados: en el caso del señor Guerrero por su desempeño y en el caso de García Luna por un reportaje que versaba sobre la mansión que se mandó construir.
Ricardo Alemán, en su columna Itinerario político (El Universal, 29 de marzo de 2009) se refirió, criticando, como es su deber, al desempeño del Infodf y en particular de uno de sus integrantes: Salvador Guerrero. Éste, en prepotente carta (El Universal, 31 de marzo de 2009) se puso retador para llevar a un debate lo que es, en todo caso, una discusión en la prensa escrita. Se da baños de pureza escudándose en el instituto y en su cargo (no pudo ser presidente del mismo por sus enredos políticos).
Le molestó la crítica de Alemán, en lugar de beneficiarse de ella para transparentar su quehacer, y se envalentonó para rechazarla. Crítica dirigida a no poner en riesgo la autonomía del Instituto de Acceso a la Información defeña y que el mismo Guerrero, 15 días después denunció (La Jornada, 16 de abril de 2009), pero que olvida para impugnar.
García Luna montó en cólera contra la periodista Anabel Hernández porque ésta en Reporte Índigo informó la construcción de una casa-mansión, pues su costo de 20 millones de pesos está muy por encima de los ingresos del servidor público, al menos de sus ingresos dados a conocer.
Olvida García Luna (el poder policiaco tras el trono calderonista) que su vida privada nada tiene que ver con el notorio y excesivo gasto para comprar una casa y que puede y debe ser del conocimiento de la opinión pública.
Empero, García Luna amenazó a la reportera con demandarla.
Y dos reporteros y el operador de un taxi, que realizaban el reportaje, fueron detenidos arbitrariamente, acusados de atentar contra el secretario de Seguridad Pública. En todo ese asunto está claro que García Luna, como todos los calderonistas, perpetró un ataque al derecho de información.
En suma, se trata de dos funcionarios a los que les incomoda la información, alegando intromisiones en su vida privada y difamaciones que, dicen, los desprestigian, aún estando vigentes los derechos a las libertades de prensa y sobre las que ni la censura ni las inquisiciones prevalecen.
El trabajo de los periodistas atacados, falsamente impugnados por García Luna y Guerrero, puede y debe ser, en todo caso, objeto de aclaraciones y réplicas; en tanto el periodismo se ejerce hasta sus últimas consecuencias, buscando toda la información posible y criticando radicalmente los actos y conductas de los funcionarios que quieren ser servidores públicos para servirse del poder público como un botín y abusar de sus facultades sin entender que los derechos constitucionales son el límite a sus excesos y desplantes.
