Ineptitud de Lozano atiza conflicto minero

Contrapoder

El enredo del conflicto sindical-patronal-judicial y la mano negra gubernamental –donde más la indiferencia que la parcialidad del señor Calderón salta a la vista con el cabeza dura de Lozano Alarcón– han mantenido el problema laboral de los trabajadores mineros del país en condiciones de una tensión permanente.

El “líder” del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, fundado y controlado por el padre (de iguales apellido y rimbombante nombre que el hijo: Napoleón Gómez) y que el heredero ha mantenido férreamente en sus manos, con su grupo y, hasta ahora, con poquísimas fisuras y deserciones de sus agremiados, no ha cedido a las presiones del abuso del poder presidencial y mucho menos a las embestidas del multimillonario dueño de casi todas las minas mexicanas, el junior Germán Larrea.

En esa maraña de encontrados intereses (y los únicos salvables son los laborales ya que los mineros, con un trabajo totalmente riesgoso y mal pagado, son los afectados) está claro que jueces y magistrados han sido quienes, por lo general (y toda generalización o regla tiene su excepción por el actuar imparcial de algunos tribunales en el caso minero), han participado corrupta y amañadamente para servir al patrón Larrea y a ese furioso secretario del Trabajo que ha mostrado su incapacidad, su constante torpeza y continuas provocaciones, en vez de insistir, una y otra vez, en conciliar a las partes para que la extracción de los minerales y su procesamiento se reinserten en la producción y el mantenimiento del empleo.

El señor Calderón, que de plano ha decidido sumarse al montón de presidentes que han dejado sexenios de mal gobierno y pésima administración, se ha conformado con el parte que le rinde Lozano Alarcón (expriista poblano y mediocre, pero altanero profesor de introducción al derecho…

natural, en la Escuela Libre de Derecho, donde se forman y tienen un magisterio, en su mayoría, antidemocrático y proclive al conservadurismo de derechas).

Ese secretario del despacho rinde “partes de guerra”, ya que se ha comportado como un paramilitar en el asunto, avivando el fuego con su lenguaje que más parece jerga inquisidora (bocanadas de gasolina para que no se apague el incendio), en lugar de actuar como un funcionario responsable intentando soluciones.

Lozano Alarcón, que presume de abogado, la ha estado haciendo de gestor de Germán Larrea junior, dueño del Grupo México –nombre del monopolio minero–, manifestando sus odios a Gómez Urrutia en lo que se ha convertido en un pleito personal. A Larrea lo tiene sin cuidado la producción minera, ya que –hijo también de quien le heredó el imperio– acumula un capital multimillonario en liquidez e inversiones (sobre todo en minas chilenas y peruanas) muy superior a los capitales que representa, con el suyo, Carlos Slim.

Se ha encarcelado a varios dirigentes sindicales. Existen toda clase de averiguaciones en varios ministerios públicos federales y otras ya como denuncias ante los tribunales, con acusaciones de fraudes millonarios contra la elite sindical, sin que la opinión pública logre precisar si son jurídicamente reales o las clásicas acusaciones para desprestigiar a los supuestos responsables penales.

Gómez Urrutia junior está en el exilio político –que le otorgaron las autoridades de Canadá con base en la documentación y pruebas de persecución política por parte del gobierno calderonista y el aparato servil judicial– y desde esa condición sigue dirigiendo los paros, las huelgas (en Sonora, Zacatecas y Coahuila) y las manifestaciones que llegan a las oficinas del nuevo secretario de Gobernación, Gómez Mont.

Éste, con su despacho y la asesoría de Diego Fernández de Cevallos, antes de ocupar esa dependencia por el supuesto accidente donde perdieron la vida, entre otros, Santiago Vasconcelos y Mouriño, se dedicó a litigar a favor de Larrea junior y con eso se ensucia más el tenso conflicto minero.

Maraña de intereses con actores que han tomado el asunto como una cuestión personal muy por encima de los intereses mineros, laborales y de agregado de la producción nacional en ese renglón.

Salta a la vista la ineptitud de Lozano Alarcón. Ante sus durezas y provocaciones, la reacción sindical ha sido el radicalismo de la lucha política.

La cúpula sindical ha demostrado que tiene ascendiente con los trabadores, y que éstos, hasta ahora, están dispuestos a mantener su rebeldía en apoyo a Gómez Urrutia, quien tiene éxito a control remoto con videoconferencias, uso de celulares y demás comunicaciones, sin que hasta la fecha hayan procedido las medidas judiciales en su contra.

La más reciente embestida judicial fue el cumplimiento de la orden de arresto contra el secretario de Asuntos Políticos del sindicato, Carlos Pavón Campos –que logró su libertad bajo fianza–, acusado también de un fraude millonario, al igual que Juan Linares, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato.

El conflicto minero solamente se complica. No hay capacidad ni voluntad de negociación en el secretario del Trabajo, quien no deja de atizar el fuego.

El centro de gravedad del conflicto son los mineros, pues han demandado las garantías máximas para el desempeño de sus peligrosas actividades (lo de Pasta de Conchos, Coahuila, sigue siendo la piedra de toque: 66 mineros murieron asfixiados y continúan sepultados, para mayor drama y sufrimientos de sus familiares que exigen el rescate de sus restos).

Y es la causa de que se mantengan las huelgas y paros, pues se ha comprobado que la empresa de Larrea y la dependencia de Lozano no cumplen con las mínimas garantías de seguridad para los mineros. Y mientras la lucha sindical continúa, los enredos judiciales, el abuso del poder presidencial y los dimes y diretes de Gómez Urrutia contra Larrea son las raíces del conflicto.