La delincuencia organizada trasnacional, los ataques cibernéticos y el terrorismo y armas de destrucción masiva vuelven a destacar entre las 10 peores amenazas a la seguridad nacional de México en la Agenda Nacional de Riesgos 2017.
En el documento –considerado por el gobierno federal como uno de los de mayor grado de confidencialidad– se identifica a estos peligros como “factores que pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación” y “que buscan atentar contra los objetivos e intereses nacionales”.
Sin duda, la criminalidad que reina en el país y los niveles de impunidad y corrupción asociados a ésta inciden en el desarrollo nacional. Pero el terrorismo y las armas de destrucción masiva en sí no representan una amenaza para México como tal, sino para Estados Unidos. La propia Agenda describe a nuestro país como trampolín para los terroristas que pretenden afectar al imperio estadunidense.
Así, resulta que no todos los factores que observan los aparatos de inteligencia mexicanos, como riesgos para nuestro país, merecerían estar en esa lista. Y no sólo por el hecho de que parecemos el patio trasero del vecino país, cuyo presidente ha declarado una guerra comercial a México, sino porque otras amenazas son en realidad aspectos de la vida de cualquier democracia.
Uno de ellos, quizá el más grave, es el que apunta a los movimientos sociales –es decir, al pueblo organizado– como riesgo para los “objetivos e intereses” de México. Entre esos movimientos se señala al magisterio disidente y a los pueblos que luchan contra megaproyectos públicos y privados. ¿Eso es una amenaza para la seguridad nacional o para la élite económico-política?
Según el más reciente informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, en su apartado “Fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional”, la Agenda Nacional de Riesgos 2017 incluye en la lista la porosidad de fronteras y mares.
En este caso, los aparatos de inteligencia nuevamente apuntan a los intereses gringos más que a los nacionales. Y es que resulta que lo que más preocupa al gobierno de Enrique Peña son los flujos migratorios irregulares que tienen por destino el american dream.
Así, el actual gobierno vuelve a criminalizar la migración y, con ello, a justificar las violentas redadas, las expulsiones masivas y la negativa permanente a asilar a los refugiados. Pero el tema migratorio no debe ser considerado problema de seguridad nacional, sino de crisis humanitaria.
La visión de nuestro país si realmente respondiera a los intereses de las mayorías debiera ser otra, más apegada al respeto de los derechos humanos no sólo de los pueblos que luchan contra los megaproyectos, sino también de las personas que huyen de la violentada y empobrecida Centroamérica, así como de nuestro propio país.
En términos reales, el muro fronterizo de Estados Unidos no es en el límite Sur de su territorio, sino en el Sur de México. Hasta ahí se ha corrido su frontera gracias a las políticas antiinmigrantes de Peña Nieto.
La prioridad en esta Agenda vuelve a ser la salvaguarda de los intereses del país vecino y no los propios: al igual que el flujo migratorio, la delincuencia organizada, el terrorismo y las armas de destrucción masiva están íntimamente relacionados con la seguridad estadunidense.
En este sentido, la porosidad fronteriza vuelve a jugar un papel fundamental: ésta facilita a terroristas y narcotraficantes su paso, así como el de los insumos para armas de destrucción masiva.
De acuerdo con el informe de Peña Nieto, en la lista de amenazas para 2017 también se incluyen los desastres naturales y las pandemias. Un tema que viene a cuento por el reciente sismo que cimbró el Sureste de país, dejando un saldo preliminar de 96 muertos (la mayoría de ellos en Oaxaca); así como el paso del huracán Katia.
Cuando las consecuencias del sismo revelan por sí mismas lo lejos que está México de prepararse para afrontar estas crisis, no hace falta decir que la Agenda, desde 2013, ya apuntaba una incapacidad gubernamental para enfrentar crisis producidas por fenómenos naturales.
Ante una epidemia masiva ocurriría lo mismo. La Agenda revela un insuficiente sistema de salud, que colapsaría mientras centenas de personas buscan asistencia médica. El escenario más catastrófico prevé revueltas a las afueras de los centros de salud públicos y privados que tendrían que contenerse por medio de la fuerza pública.
Según el Quinto informe de gobierno, otra amenaza contenida en la Agenda 2017 es el cibercrimen. Apenas el 9 de septiembre los hackers dieron muestra de la debilidad gubernamental en este tema: la cuenta oficial de la Secretaría de Salud en la red social Twitter fue vulnerada y apareció, durante unos 20 minutos, la liga a una página pornográfica. Las autoridades de la dependencia que encabeza el secretario y aspirante presidencial José Narro se limitaron a decir a la prensa que el caso se investigaría.
Detrás del anteproyecto de la Agenda 2017 está el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quien lo entregó al Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional el 16 de marzo pasado. Trece días después fue presentado a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
La participación de los legisladores consiste en opinar de los temas y los escenarios ahí descritos. En su elaboración también participaron las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud, Gobernación y Agricultura.
En la Agenda de 2015, revelada por Contralínea, las amenazas por orden de prioridad fueron: delincuencia organizada; conflictos sociales agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos migratorios descontrolados; corrupción e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión. En 2 años, ninguna se contuvo o resolvió.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 557 / del 18 al 23 de Septiembre de 2017
