Son 14 las agencias de seguridad de Estados Unidos que se encuentran en México. Las actividades que sus efectivos realizan en territorio nacional se mantienen ocultas incluso para las autoridades mexicanas, si nos atenemos a la contundente exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados en días pasados.

Siete están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna, una al Departamento del Tesoro y la otra a la Dirección de Inteligencia Nacional. Todas, entidades de la administración federal de Estados Unidos.

La actuación de agencias estadunidenses en México es de larga data. Pero quedaron fuera de control desde el sexenio de Carlos Salinas y llegaron a la cumbre del cinismo durante el sexenio de Felipe Calderón. Este último sometió todo el Estado mexicano a las agencias de Estados Unidos. Fue la moneda de cambio que el gobierno de George W Bush le exigió por haber validado el proceso electoral fraudulento de 2006.

Contralínea obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la lista de las agencias estadunidenses con efectivos en México.

Las adscritas al Departamento de Justicia de Estados Unidos con misiones en territorio mexicano son: la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales (Office of International Affairs, OIA); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Con respecto del Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tienen presencia en México son: la Agregaduría Legal; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).

La agencia dependiente del Departamento del Tesoro con efectivos en México es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Finalmente, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), que depende de la Dirección de Inteligencia Nacional.

Una de las misiones que estos agentes extranjeros llevan a cabo en México, reconoció la SRE peñista, es la de “planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano”.

Pero la insólita exposición de motivos para regular las actividades de los agentes extranjeros en México da cuenta de otras actividades, la cuales ahora les estarán expresamente prohibidas: cohecho, privación ilegal de la libertad de las personas, allanamiento de la propiedad privada y sustracción de habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado.

Bien hace el gobierno mexicano en regularizar y delimitar las actividades de los estadunidenses en el territorio nacional. Sabida y probada es la larga estela de golpes de Estado, asesinatos políticos, desestabilización y chantaje de estas agencias contra los gobiernos que considera adversarios, hostiles o simplemente contrarios a sus intereses.

Baste señalar algunos papeles de la CIA en América Latina: el intento de invadir Cuba parea acabar con su Revolución (Playa Girón, 1961); la invasión a Guatemala (1954) para derrocar a Jacobo Arbenz; el derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la dictadura de Augusto Pinochet, o el apoyo a la “contra” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo (1979-1983).

Ahora que llega Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, con ánimos renovados para dictar la continuación de la “guerra contra las drogas” y “contra el terrorismo”, es asunto de seguridad nacional para México limitar de una vez por todas las actividades de estas poderosas agencias en el país que, obviamente, no defienden los intereses mexicanos.

Y es que, ¿para qué recopilan información los agentes extranjeros si no la van a compartir con la autoridades mexicanas, como quedó demostrado con los recientes casos de Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón? ¿Qué fines realmente persiguen?

No hay lugar para el escándalo en esta materia. No se está expulsando a nadie ni se están rompiendo relaciones con nación alguna. Se trata de un asunto de reciprocidad. Ya fue aprobada por las dos Cámaras legislativas y entrará en vigor en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sí. La reforma va en el sentido correcto. Que los agentes extranjeros cumplan las leyes mexicanas es asunto de seguridad nacional.

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