Lunes 10 de octubre de 2005

Marcos Chávez * @marcos_contra - 10 Oct 2005 a las 12:00 am

La fortuna acumulada por los hermanos Bribiesca Sahagún en los cinco años de gobierno de Vicente Fox, esposo de su madre, parece nada ante la presión que empieza a sentir esa familia por el tráfico de influencias en que está envuelta, al operar a favor de grupos empresariales contratos de obras y servicios públicos, así como la adquisición de bienes e inmuebles a través de prestanombres, lo que hace prever que antes de que concluya el sexenio la Comisión Especial integrada por diputados para investigar las corruptelas de los hijos de Marta Sahagún presentará una denuncia penal en contra de Manuel y Jorge Bribiesca, así como el hermano de la “Primera Dama”, Guillermo Sahagún.

Los primeros resultados fueron dados a conocer la semana pasada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de dicha Comisión investigadora, quien reveló la voraz impunidad del joven Manuel Bribiesca y su socio Miguel Khoury al adquirir del IPAB mil 700 viviendas a un costo de 3 mil pesos por casa, lo que les permitió una ganancia, sólo en esa operación, de 42.5 millones de pesos.

Y a esta información habrá que agregarle los resultados de las pesquisas sobre otras entidades paraestatales que se han visto afectadas por los intereses económicos de los hermanos Bribiesca, como son Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Infonavit, Aduanas, Comunicaciones y Transportes y Fovissste, hasta el momento.

Al margen de las investigaciones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, en este espacio publicamos hace varios meses las entrevistas que sostuvimos con Manuel Bribiesca a finales del año pasado en una suite del hotel Camino Real, en donde bajo el resguardo de una veintena de miembros del Estado Mayor Presidencial aceptó, por primera vez, realizar gestiones ante secretarios de Estado a favor de grupos empresariales, lo que confirma el delito de tráfico de influencias en que están envueltos ahora y por el cual son investigados por el Congreso.

Ante las declaraciones hechas por Manuel Bribiesca ante el Ministerio Público, como parte de la denuncia que por difamación presentó éste en contra de la periodista argentina Olga Wornat, en donde rechaza traficar con las influencias de su madre Marta Sahagún, es necesario explicarle al joven empresario Bribiesca que interceder ante secretarios de Estado en beneficio de grupos empresariales para supuestamente protegerlos o conseguirles contratos de obras y servicios públicos utilizando la influencia de la esposa del presidente de la República, pues de lo contrario ningún funcionario gubernamental le tomaría siquiera la llamada si no fueran hijos de Marta Sahagún, es un delito de tráfico de influencias.

Y una prueba de ello son las declaraciones que hizo a Oficio de papel Manuel Bribiesca en dos reuniones sostenidas, una a finales del año pasado y otra en enero de este año, en donde reconoció que su hermano Jorge y su tío Guillermo realizaron gestiones a favor de la empresa Oceanografía para la obtención de contratos en Pemex y, por si lo anterior fuera poco, aseguró haber hechos gestiones ante el secretario de Seguridad Pública para proteger al empresario Alfredo Miguel, a favor de la empresa Oceanografía, que dar protección al empresario Alfredo Miguel, quien por cierto sigue prófugo de la justicia bajo acusaciones de evasión fiscal.

Y por más que Manuel Bribiesca niegue haber cometido algún delito y que su madre Marta Sahagún alegue que sus hijos son inocentes de todo lo que los perversos periodistas y diputados los acusan, el 11 de octubre del año pasado publicamos en esta columna las presiones que había ejercido la familia del presidente de la República para que la Dirección General de Pemex, en ese entonces todavía a cargo del empresario Raúl Muñoz Leos, asignara un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell.

Dicha información motivó que el hijo mayor de la primera dama, Manuel Bribiesca Sahagún, buscara a través de un tercero una reunión con este reportero para, según él, aclarar la “necesidad” de la familia presidencial por intervenir en la asignación de contratos de obras y servicios públicos en beneficio de empresas privadas, negocio que por supuesto les redituaba jugosos dividendos.

Primera reunión con Manuel Bribiesca

Manuel Bribiesca Sahagún (MBS) –Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

Reportero (R) –Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

MBS –No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

R –Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

MBS –Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

R –Es mucho dinero…

MBS –Sí, y no hay nada ilícito.

R –A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país…

MBS –No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

R – ¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

MBS –No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos, no ha significado para nosotros tener dinero…

R –No tendría porqué…

MBS –Bueno, hasta nos quitaron la partida secreta, ya no les dan recursos…

R –Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo, más que por honestidad como una necesidad para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal, y aunque no fuera auditada no significaba que podía usarse ilícitamente.

MBS –Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos, Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.

R- ¿Tú hiciste negocios en Pemex?

MBS –No, nada tengo que ver allí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaba de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de fútbol, de su equipo León, y yo asistí al palco y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.

R- ¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?

MBS –Si, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

R- ¿Qué han hecho?

MBS –Después hablamos de eso, por ahora te digo que no tengo nada ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

R- ¿Y Gil Díaz?

MBS –Sólo te digo algo, investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.

Segundo encuentro con Manuel Bribiesca (27 de enero de 2005)

El joven empresario Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de Marta Sahagún de Fox, alerta sobre lo que considera un abuso de poder del gobierno federal, una persecución fiscal injusta en contra de 80 empresas del Grupo Miguel y un cuantioso fraude en contra de la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), todo fraguado en las oficinas del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en colusión con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, y rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.

Sumergido en un intrincado conflicto de intereses que lo llevan hasta el enfrentamiento con funcionarios del primer equipo del gobierno que preside Vicente Fox, el primogénito de la familia Bribiesca Sahagún hace una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel:

MBS- Es injusto lo que hace contra ellos Gil Díaz, quien primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción.

R- ¿Qué relación tienes con ese Grupo?

MBS- Son mis amigos, solamente…

R- ¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?

MBS- No, sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

R- ¿Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos…?

MBS- Yo lo que se, es que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto…

R- ¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese ‘abuso’?

MBS- Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas, tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratarle estos asuntos…

R- ¿Entonces has buscado a Gil Díaz…

MBS- No, con él no. No hablo con él.

R- ¿Alguien más?

MBS- Sí, hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).

R- ¿Y qué pasó?

MBS- Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

R- ¿Qué ocurrió allí?

MBS- Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, quien es presidente del Grupo y tuvo que huir del país para evitar ser detenido…

R- Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

MBS- Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el perdón fiscal, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

R- ¿Qué le pediste a al secretario de Seguridad Pública?

MBS- Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

R- ¿Y qué hizo el secretario?

MBS- Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

R- ¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

MBS- Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, es decir fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SCASA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

R- ¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

MBS- Primero que están en litigio, por lo tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; y el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino Alfonso Díaz. Fue un robo.