Entre el listado de problemas sociales, económicos y políticos, está el referente a deslindar responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, en la competencia federal. Y en las entidades del federalismo, también es competente el juicio político, en los términos de los Artículos 108 al 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente quien, a pesar de las más contrarreformas que reformas para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”, mantiene principios a los que la nación debe asirse para exigir su cumplimiento. No hay muchas señales de que la élite presidencial y de los gobernadores quiera dar cuenta y razón de sus actos, por lo que esos 300 juicios políticos, con nombre y apellido no se han tramitado.
Luego entonces para abrirles paso en los órganos de la democracia representativa, por medio de peticiones, reuniones pacíficas e incluso protestas, también se requiere que el Congreso de la Unión se decida a la apertura de los expedientes que se mantienen resguardados por la impunidad, para encubrir a los presuntos responsables de imputaciones graves. Se han acumulado 300 demandas para que los diputados federales, como parte acusadora y los senadores como órgano sancionador, procedan de inmediato a dictaminar y resolver. De lo contrario esa negligencia, que es a todas luces complicidad, agrega un nuevo problema de obstáculo a la impartición de justicia constitucional.
Ya no resiste más el sistema político si se posponen esos juicios políticos, donde han de estar 300 funcionarios en capilla. Y es que la nación ha manifestado, con sus actos populares de inconformidad, que la corrupción está mermando la escasa credibilidad de los ciudadanos a sus dirigentes. Y el que sean los legisladores federales quienes estén posponiendo el deslinde de responsabilidades, mayormente aumenta la gravedad de obstruir la impartición de justicia. Ni siquiera sabemos los nombres de los acusados ante el tribunal del Congreso. Y esto no es irrelevante.
Los mexicanos debemos conocer a esos 300 funcionarios, y nos interesa que se abran los juicios políticos. Y que se expidan las sanciones. Quién sabe de cuántos juicios habrá prescrito la acción constitucional. Pero, no deben quedarse archivados. Funcionarios de los municipios, de las entidades de organismos autónomos y federales han de estar en la lista. Y todos encantados porque legislaturas van y legislaturas vienen, sin que diputados y senadores se ocupen de abrir cada caso y ventilarlo públicamente para que sean juzgados, ya que sus conductas, para estar en juicio político, notoriamente han de tener implicaciones de corrupción.
Cuando los acusados, en sus funciones, hayan incurrido en actos u omisiones que causen perjuicios a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, deben responder mediante juicio político. Al mantener 300 de éstos sin ser objeto de su respectivo procedimiento, es clarísimo que tenemos casos de grave impunidad. El reportero Roberto Garduño (La Jornada: 6 de marzo de 2016), informa que en la secretaría general de la Cámara de Diputados, hay 320 solicitudes de juicio político “que aún se encuentran vigentes”. Y es una prueba más de la impunidad que priva en el sistema, en este caso de uno de los poderes del Estado, o sea el Legislativo. Este órgano federal tiene obligación de juzgar y sancionar penal y administrativamente para inhabilitar a los acusados a los cuales se les comprueben las denuncias. El caso es que hasta la fecha no hay cómo obligar, institucionalmente, al Congreso de la Unión, para que se erija en órgano acusador y sancionador, contra esos 320 funcionarios acusados por delitos de responsabilidades, sobre todo por “manejo indebido de fondos y recursos federales”.
El endeudamiento multimillonario en las entidades de recursos que no se utilizaron para los fines determinados, podría aumentar los juicios políticos; pero, si resulta como las 320 denuncias que ya están archivadas, entonces la nación no tiene más alternativa que dejar que así permanezcan o utilizar sus medios de apremio como las protestas para demandar que se imparta justicia. Ya está más que rebasado el límite para tolerar esa impunidad, para privilegiar aún más a la élite gobernante. No hay credibilidad ni confianza para esos hechos; y esos 320 juicios políticos pertenecen a funcionarios que se enriquecieron ilícitamente.
Se han robado dinero público. Y los responsables permanecen intocables, porque están amparados en juicios políticos mañosamente aplazados por los encargados de llevarlos a los tribunales. Y no parece que haya voluntad política para darles curso. Mantener en el archivo 320 demandas es fortalecer la impunidad. Y la corrupción. Lo que, además, permite que sigan esas conductas ya que no hay impartición de justicia, cuando se trata de funcionarios; los cuales tienen carta blanca para incurrir en ilegalidades, falta de honradez, deslealtad, parcialidad e ineficiencia en el desempeño de sus funciones. Pero resulta que estos delitos se han convertido en actividades comunes y corrientes, fomentadas y protegidas por un sistema que premia esas conductas, gracias a la impunidad imperante.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]
Contralínea 483 / del 11 al 16 de Abril, 2016
