Mientras un grupo de comuneros indígenas purépechas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, reiteraba su demanda de justicia a funcionarios del gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, el pasado 5 de abril, a la misma hora decenas de camionetas pick up con seis y ocho policías a bordo irrumpieron de manera intempestiva en su comunidad allanando domicilios particulares y sembrando la muerte y el terror entre los habitantes. El “diálogo” de las autoridades se transformó en engaño y brutal represión, que dejó un saldo de tres muertos, uno de ellos menor de edad, varios lesionados y más de 10 detenidos.
No conformes con dejar tras de sí una estela de pánico y luto en Arantepacua, las autoridades procedieron a encarcelar a los 38 comuneros que habían aceptado “dialogar”; la mesa de negociación no fue más que una trampa, pues tan pronto salieron del Palacio de Gobierno fueron privados de su libertad bajo el cargo de que el autobús en que se trasladaron a la capital del estado “era robado”.
Los nombres de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería de 25 años; del adolescente Luis Gustavo Hernández Cuenete de 15 años y el comunero Francisco Jiménez Alejandre de 70 años, asesinados a mansalva por policías estatales y ministeriales, se suman a la larga lista de campesinos e indígenas caídos o encarcelados en los últimos años por conflictos derivados de la defensa de su tierra, su agua y sus recursos naturales en miles de comunidades de todo el país, que se encuentran amenazadas por megaproyectos de energía, minería y otras actividades extractivas, donde las empresas nacionales y extranjeras gozan de la protección de las autoridades municipales, estatales y federales para alentar los despojos.
Por todo el territorio nacional los conflictos sociales crecen de manera exponencial ante los atropellos de la política económica capitalista que encontró en la aprobación de las reformas estructurales y sus leyes secundarias, el sustento jurídico para pisotear los derechos de por lo menos 31 mil núcleos agrarios que son susceptibles de afectación bajo el argumento de que, por ejemplo, los proyectos energéticos son de “interés público” y deben ponderarse en aras del desarrollo nacional.
Y si bien el artículo segundo de la Constitución dicta que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de: “impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos”; en los hechos, los lineamientos de la reforma energética y sus leyes secundarias hacen del precepto constitucional una contradictoria letra muerta.
Ante todo y sobre todo, los megaproyectos deben ser protegidos por los tres órdenes de gobierno que no han dudado en encarcelar y desaparecer a los líderes sociales que se han opuesto a que comunidades enteras sean arrasadas.
Y lo peor está por venir, porque el terrible rostro de la devastación apenas se asoma en el horizonte nacional, aderezado por el apoderamiento de municipios y regiones enteras a manos del crimen organizado. Michoacán es una muestra palpable de la heroica resistencia de muchas comunidades indígenas que por medio de las autodefensas, han repelido a los maleantes que han intentado despojarlos de sus aguas y bosques y aplicarles el “cobro de piso”.
Los tres órdenes de gobierno se han vuelto cómplices de las multinacionales y de estos grupos delincuenciales que, a través de la fuerza de las armas, han desplazado a comunidades enteras para permitir la irrefrenable deforestación y extracción de minerales. La teoría del Estado fallido es una verdad tangible que la clase política gobernante insiste en negar aunque los hechos la reafirmen.
Lo registrado en Arantepacua pone de manifiesto el desinterés de las autoridades por atender los problemas y controversias de los pueblos originarios, así como la solución de otros conflictos sociales derivados de otras reformas como la educativa. Tras el derramamiento de sangre en esta comunidad, los informes oficiales reeditaron los mismos argumentos empleados en Nochixtlán, Oaxaca, al señalar que los policías que participaron en el operativo no llevaban armas y “fueron emboscados”. En el poblado oaxaqueño murieron 11 personas por heridas de arma de fuego. Los disparos provinieron de los cuerpos policiacos que también, supuestamente, no iban armados y fueron víctimas de una “emboscada”.
La detención de los 38 comuneros que acudieron a la trampa tendida por los funcionarios michoacanos y la de los otros 10 habitantes de la comunidad que fueron privados de su libertad bajo inexistentes cargo son parte de la estrategia que han puesto en marcha los gobiernos estatales para intimidar a los indígenas y campesinos que han decidido dar la lucha frontal por la defensa de sus territorios. A esta generalizada represión se han sumado sin recato alguno las fuerzas federales y las castrenses.
Para el criterio neoliberal, un indígena comete un delito más grave al defender sus derechos y sus tierras que un narcotraficante al asesinar y desplazar a comunidades enteras. Al primero se le encarcela e incluso se le asesina; al segundo, se le protege y respeta.
Ante esta escalada de agresiones a los pueblos originarios y núcleos campesinos, que irá en aumento, las organizaciones sociales y sindicatos independientes de todo el país debemos adoptar una posición más actuante en el terreno de la solidaridad, iniciando la tarea de convocar a un gran frente nacional que denuncie estos latrocinios y defienda el territorio nacional, así como los derechos de estos millones de mexicanos sobre la legítima posesión de su tierra, su agua y sus riquezas naturales. Inaplazable, por añadidura, echar atrás las reformas y sus leyes secundarias que permiten estos saqueos, pisoteando la Constitución.
Martín Esparza Flores
[OPINIÓN]
Contralínea 536 / del 24 al 30 de Abril 2017
