En memoria de los 43 normalistas. ¡Ni perdón, ni olvido!

Impunidad e injusticia podemos encontrar en cada una de las heridas que padece nuestro pueblo. En la más reciente, miles de víctimas de los sismos de septiembre son en realidad víctimas de un sistema podrido que protege a empresas de la construcción y funcionarios corruptos de todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones involucradas en el desarrollo urbano y territorial.

Un sistema podrido que opera como tal desde el más alto cargo público hasta el más bajo, y que se reproduce en la antiética iniciativa privada; que privilegia los intereses de particulares y no garantiza la vida e integridad de su pueblo. Un sistema que consiente al criminal (sea éste persona física o moral, porque también las empresas llevan su parte).

En ese sistema es impensable escuchar del presidente Enrique Peña Nieto, de sus secretarios de Estado, del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y demás autoridades de la Ciudad de México siquiera una promesa de castigo para los culpables de esta tragedia.

Ninguno ha dicho hasta ahora que se van a fincar responsabilidades contra dueños y operadores de las inmobiliarias y empresas dedicadas al ramo de la construcción, que omitieron alguno o todos los lineamientos establecidos en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. Esos homicidas parecen estar a salvo.

Los edificios colapsados cobraron la vida de decenas de personas porque ellos, los inmobiliarios, se “generaron ahorros o ganancias” de forma indebida, criminal. Menos calidad, más pisos.

Ni Peña ni Mancera han mencionado nada respecto de los servidores públicos que solaparon –por acción u omisión– a esas inmobiliarias criminales. Que se han hinchado los bolsillos a costa de los muertos, de los heridos, de los miles de damnificados.

Nadie ha prometido detener, juzgar y castigar a todo funcionario que haya hecho mal su trabajo o que se haya corrompido para permitir construcciones irregulares en la capital, porque a nadie le interesa hacerlo. Si cae uno caen todos y eso no lo pueden permitir.

Y ése es el gran problema de México: los corruptos se encubren entre sí una y otra vez, en una cadena de impunidad prácticamente irrompible que genera un círculo vicioso: sin castigos ejemplares, los crímenes se reproducen a lo largo y ancho del país. Ahí está la violencia del narcotráfico, por ejemplo.

Por ello, urge que todo aquel que participó directa o indirectamente en esta catástrofe sea condenado: resulta imperante acabar con la impunidad, que siempre deriva en injusticias.

El gobierno y sus instituciones no pueden ni deben seguir llamándonos a normalizar nuestra vida y aceptar la tragedia. La realidad no es normal: una parte de nosotros a muerto con cada víctima. Miles de afectados ahora mismo no tienen techo, alimento, vestido, salud, educación. No saben cómo vendrá su futuro.

De la noche a la mañana, esas personas lo han perdido todo. Y nadie les garantiza que lo puedan recuperar, porque el camino a la reconstrucción no sólo es largo, sino que está lleno de obstáculos legales y burocráticos: la mayoría no obtendrá un peso del erario para ayudarse, pues en el camino ese presupuesto será desviado a los bolsillos de los corruptos, como ya fueron desviadas las despensas y herramientas que donó la sociedad civil.

La incomprensión de la tragedia es de tal magnitud que el presidente Peña y el precandidato presidencial Mancera proponen gestionar con la usurera banca créditos blandos para que la gente (despojada de todo por inmobiliarias y funcionarios corruptos) reconstruya o adquiera una vivienda.

¿Créditos? Indemnizaciones es lo que deberían estar gestionando, pues se trata de víctimas, no de clientes. Pero, para ellos, México es un mercado, un negocio. Ya quedó claro.

Y en esa visión de mercado capitalista la corrupción se reproduce en la emergencia y sigue lacerando más allá de ésta: las inmobiliarias volverán a ganar, los políticos volverán a robar. Y nosotros… Nosotros volveremos a morir.

Los otros dolores

Y es la muerte, nos aseguran, el destino que han tenido los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Un destino que tampoco podemos aceptar, sobre todo sabiendo que detrás de este caso está la mano criminal del gobierno.

Otra vez, impunidad e injusticia están presentes en ese otro gran dolor del México actual, encarnando esta cruel desaparición forzada que este 26 de septiembre cumplió ya 3 años.

Como nunca, se hace necesaria la frase ni perdón ni olvido para esos 43 jóvenes, para las miles de víctimas de desapariciones forzadas acontecidas desde la década de 1970, para las ejecutadas extrajudicialmente, las familias desmembradas, y para las víctimas de los desastres por fenómenos naturales.

Para sanar estos dolores estamos obligados como pueblo a buscar la verdad y la justicia. Y para ello es necesario remover de todo cargo público a los negligentes, a los corruptos. Al sistema judicial que no hace otra cosa más que condenar a los pobres y soltar a los ricos.

Para no seguir muriendo hay que cambiar este sistema podrido. Y expulsar a toda corporación, toda empresa que atente contra lo humano y contra el planeta. No podemos seguir inmóviles en la individualidad, es tiempo de rescatar a México.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 559 / del 02 al 07 de Octubre de 2017