Los problemas venían de mucho antes. Pero al incendio que ya era México, se le echó gasolina: se ordenó la militarización del país. Hoy se trata de una maltrecha nación bajo “ataque sistemático y generalizado contra la población civil”. Es una de las conclusiones de un informe conjunto elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, la International Federation for Human Rights, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e I(dh)eas: Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Este embate generalizado inició el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces (impugnado) presidente Felipe Calderón Hinojosa impuso una estrategia de guerra para supuestamente combatir a las drogas. Tal estrategia –continuada por el presidente de Enrique Peña Nieto– desde un principio provocó una escalada de violencia sin precedentes con crímenes de lesa humanidad, de los cuales “en algunas regiones del país hay elementos suficientes para afirmar que se cometen de manera generalizada y en ocasiones sistemática contra la población civil”.
Esta estrategia de combate a las drogas se ha centrado en desplegar miles de militares de las tres Fuerzas Armadas para emplear la fuerza letal en contra de integrantes de las organizaciones criminales. En específico, señala el informe titulado Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas, desde diciembre de 2006 a la fecha se han desplegado 640 mil 695 efectivos, en un promedio de 53 mil 391 por año. Tal violencia va acompañada de impunidad para la mayoría de los actores beligerantes (de todos los bandos): el 93 por ciento de los crímenes no se investiga.
El análisis de las organizaciones civiles mexicanas e internacionales establece que “la intensidad y los patrones de violencia cometidos desde diciembre de 2006 en el marco de la implementación de una política de corte militar dirigida al combate al narcotráfico, constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros de la delincuencia organizada, al no ser posible considerarlos como actos aislados, sólo pueden entenderse como crímenes de lesa humanidad”.
Las cifras oficiales de asesinatos cometidos durante los dos últimos sexenios, que rondan los 200 mil, ya resultan impactantes –como aseveró el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido.
“Durante los años 2011 y 2017 se han registrado las tasas de homicidio más altas, con un total de 22 mil 852 y 25 mil 339 personas asesinadas respectivamente.”
El documento dispone de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que señala que en los enfrentamientos armados en los que participaron efectivos de esta dependencia –entre el 13 de enero de 2007 y el 5 de abril de 2014– murieron 209 militares, 3 mil 907 “agresores” y 60 víctimas ajenas a los hechos. Mientras, los heridos han sido 1 mil 184 militares, 1 mil 61 agresores y 213 víctimas.
Y agrega: “Es importante mencionar que existe un ocultamiento de las cifras en relación a las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos en donde participan las Fuerzas Armadas, ya que a partir del 6 de abril de 2014, la Sedena ya no da continuidad a registros de presuntos agresores muertos y heridos en enfrentamientos”.
Por otra parte, el documento señala que los militares en las calles han detenido a 80 mil 235 civiles.
Además, hasta junio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido 75 recomendaciones en las que se documentan asesinatos cometidos por elementos militares y policiacos. Cuarenta y ocho de ellas señalan a las Fuerzas Armadas Mexicanas; 16 a la Policía Federal, y ocho a policías estatales y municipales.
Y sólo entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1 mil 148 quejas por tortura atribuibles a las Fuerzas Armadas.
En materia de desaparición forzada, el estudio cita al propio Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que al 1 de enero de este año consigna la cifra de 34 mil 656 personas reportadas como desaparecidas. Y señala:
“La impunidad en temas de desaparición forzada es de tal nivel de gravedad que, en 10 años, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, sólo se han emitido 11 sentencias por ese delito a nivel federal, y sólo nueve de ellas son condenatorias.”
Los datos no se acaban. Con respecto de las fosas clandestinas, el estudio recoge que entre diciembre de 2006 y junio de 2017 se contabilizaron en 23 entidades de la República al menos 1 mil 610 fosas con 3 mil 36 cuerpos y 876 fragmentos de personas.
Se trata apenas de un esbozo de los datos contenidos en el informe. Resulta un estudio revelador, toda vez que logra relacionar la comisión de crímenes de lesa humanidad con una política de Estado que los hace posible: la actual manera de “enfrentar” el narcotráfico.
La militarización del conflicto no sólo es un fracaso –si en verdad busca acabar con el trasiego de drogas–. Es también un lastre para un país con millones de víctimas directas e indirectas.
El país tendría que empezar de inmediato un proceso de desmilitarización de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Por qué se mantiene una estrategia asesina? ¿Por qué el gobierno que entrará en funciones ha ido mudando su discurso y ha tenido que aceptar las condiciones de la jerarquía militar? ¿Por qué ha tenido que recular en aquello de regresar a los militares a sus cuarteles? ¿No se quiere someter el poder militar al civil?
Zósimo Camacho
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