Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.

 

El motivo de las investigaciones que se llevan a cabo en lo que aún queda de esa gris secretaría de Estado y que involucra a la Secretaría de Gobernación (Segob) es que a pesar del millonario gasto el proyecto sigue inconcluso, por lo que Peña Nieto ha ordenado investigar si hubo desvío de recursos públicos, pago de comisiones (de entre el 10 y el 20 por ciento) a funcionarios calderonistas por asignar contratos directos (es decir, sin licitación de por medio) u omisiones y negligencias en la operación, que al final obligaron a firmar contratos modificatorios que elevaron los costos.

 

Hasta finales del año pasado, al concluir el gobierno de Calderón, el proyecto de la Cédula de Identidad Personal, operado por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación, se mantenía en la secrecía en sus puntos más sensibles, mientras que el proceso de registro de menores de 18 años prácticamente no avanzaba.

 

Como si fuera un retraso planeado y premeditado del registro de la Cédula de Identidad por parte del gobierno panista de Calderón, por conducto de sus entonces secretarios de Gobernación –Francisco Blake (ya fallecido) y Alejandro Poiré Romero– se mantuvieron en secreto los contratos millonarios asignados directamente a empresas privadas nacionales y extranjeras, para impedir que los mexicanos conocieran los detalles del cuantioso gasto, así como los retrasos y los errores que ha tenido el proyecto de registro.

 

Un ejemplo de ese intento gubernamental por ocultar información a la población sobre esa millonaria transacción se revela en el contrato SG/CA/08/ 2009-2010, firmado por funcionarios de Gobernación encabezados por el entonces oficial mayor Manuel Rodríguez Arregui y la apoderada legal de la empresa privada suiza Crypto, AG, Marlem Calvo Serrano (compañía dedicada al campo de las telecomunicaciones e información tecnológica, específicamente en datos e información de seguridad), incluye la leyenda de: “información reservada por 12 años”, por instrucciones de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob.

 

En el documento de 39 páginas se precisa que éste es un contrato plurianual 2009-2010, adjudicado directamente a la empresa suiza Crypto, AG, por un monto total de 92 millones 216 mil 388.98 pesos, para la adquisición de equipos de encripción (cifrado de comunicación) y de registro de personas en una cédula de identidad a cargo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

 

También se especifica que el equipo consta de unidades denominadas Acceptance Cipher Check, que es un paquete de servicios imprescindibles para que la citada Dirección General, de forma personal e independiente, pueda comprobar la aplicación del algoritmo, así como distintas funciones criptográficas y de seguridad de las soluciones de cifrado de Crypto, AG. También se incluye el algoritmo, el software, accesorios, documentación, revisión y asesoramiento sobre los HC-78XX.

 

El atraso en el proyecto es tal, que hasta diciembre del año pasado apenas se había levantado el registro de unos 6.6 millones de niños y jóvenes menores de 18 años, cuando la meta es cubrir un universo poblacional de 25.7 millones de personas. Es decir que en los últimos 3 años apenas lograron registrar al 23 por ciento del objetivo, lo que confirma la omisión y negligencia de los funcionarios responsables del proyecto, y todo apunta al exsecretario Alejandro Poiré.

 

En el Libro Blanco que la Segob elaboró sobre el Proyecto Cédula de Identidad Ciudadana, se explica que como consecuencia del proceso de validación de los datos que contienen tales registros se expidieron 3 millones 400 mil micas.

 

Las entidades de la República en donde se aplica hasta ahora este programa son 15: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.

 

En dicho Libro Blanco se afirma: “De conformidad con el ritmo y continuidad que se observa en relación con la ejecución de los trabajos (…) la proyección correspondiente para el 31 de diciembre del presente ejercicio [2012] arroja para esa fecha el levantamiento de 6 millones 636 mil 273 registros de menores de edad.

 

“Y previa su indispensable validación, la elaboración de 3 millones 400 mil cédulas de identidad personal para los mismos. En consecuencia, se considera que respecto de las metas inherentes al presente ejercicio, al cierre del mismo se alcanzará un cumplimiento ponderado del 88.31 por ciento.”

 

Aunque el proyecto se concibió desde 2009, fue hasta enero de 2011 que el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, anunció el arranque formal del programa en una jornada de los Diálogos por la Seguridad.

 

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación comenzó, a partir de esa fecha, a recabar los datos personales y biométricos (10 huellas dactilares, fotografía del iris de ambos ojos y del rostro) en módulos de registro instalados en escuelas, centros de salud, zonas rurales y registros civiles.

 

El amplio informe elaborado por el gobierno a finales del sexenio pasado para entregarlo al equipo de Peña Nieto da cuenta de las empresas a las que se pagaron los más de 3 mil millones de pesos por la elaboración de la Cédula de Identidad Ciudadana:

 

1. Smartmatic Internacional Holding, BV, que suministró 2 mil equipos especializados para la obtención de información biométrica, 260.4 millones más impuesto al valor agregado.

 

2. Crypto, AG (equipo de encripción de datos), 98.9 millones de pesos.

 

Axtel/Unisys de México, para la prestación del servicio nacional de identificación personal, 664.5 millones de pesos.

 

3. Talleres Gráficos de México, para la elaboración de las cédulas, 1 mil millones de pesos.

 

4. Iusacell, para servicios de conexión inalámbrica para los módulos de registro, 11.2 millones y máximo 26.8 millones de pesos.

 

5. Instituto Politécnico Nacional, por solución tecnológica para el registro, 60 millones de pesos.

 

6. Y otros 843.1 millones de pesos para convenios de colaboración con 15 entidades federativas.

 

*Periodista

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Contralínea 322 / febrero 2013