La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.

 

“Algunos consejeros, que habitualmente hacen encendidas defensas y se llenan la boca de conceptos como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy se han ocultado, han empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impunidad”, dijo el contralor Guerrero Pozas, asqueado por la corrupción que los consejeros han incentivado al exonerar al exdirector ejecutivo de Administración, Fernando Santos, quien estaba acusado, después de años de auditorías e investigaciones, de un quebranto patrimonial por 124.5 millones de pesos en la compra de un edificio del IFE, en la zona de Acoxpa, en el Distrito Federal, que tuvo un costo superior al ciento por ciento de su valor real.

 

El contralor del IFE remató a los consejeros: “nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.

 

Muy pocas veces algún servidor público, responsable de vigilar el buen uso de las finanzas públicas, habla claro y fuerte en contra de la corrupción y de sus promotores.

 

“No sólo lamento la decisión [de los consejeros], sino que debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su dinero sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o en 282 [millones].”

 

A pesar de las evidencias de corrupción encontradas por el contralor, los consejeros el IFE emitieron una declaratoria en donde dicen que no tolerarán ningún acto de corrupción, pero advirtieron al contralor Guerrero Pozas que “de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y exfuncionarios públicos del IFE”. La preocupación mayor de los consejeros es que alguno de ellos pueda ser investigado y es preferible frenar ahora las acciones de auditoría e investigación del contralor del IFE que los podrían comprometer.

 

Los ocho consejeros aseguraron que sus resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y certeza “que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una institución del Estado mexicano”.

 

Pues este mismo cuestionado Consejo General del IFE –integrado por su presidente doctor Leonardo Valdés Zurita, su secretario ejecutivo licenciado Edmundo Jacobo Molina y los siete consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez, doctor Lorenzo Córdova Vianello, doctora María Macarita Elizondo Gasperín, maestro Alfredo Figueroa Fernández, doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, doctora María Marván Laborde y doctor Benito Nacif Hernández–, decidirá en los próximos días a cuál empresa privada contratará para los próximos 5 años y la elaboración de 75 millones de credenciales de elector para la población en edad de votar, con un valor unitario de entre 9 y 10 pesos, lo que representaría un gasto aproximado de 750 millones de pesos.

 

Este contrato millonario ha llamado el interés de más de 20 empresas privadas nacionales y extranjeras (Francia, Estados Unidos, España), algunas de ellas propiedad de los mismos accionistas, quienes presentan distintas propuestas para buscar asegurarse el triunfo. Este lunes 25 de marzo los interesados presentarán ante el IFE sus ofertas con las que buscarán ganar la licitación.

 

Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licitación aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millonario estará en el entendido que deberá cubrir un 10 por ciento adicional al costo de producción para otorgarlo como una comisión a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto significaría un soborno por 75 millones de pesos para algunos servidores públicos corruptos.

 

Con los antecedentes que dio la semana pasada el contralor del IFE, habrá que observar quiénes son los consejeros más interesados en dicha licitación y también aquellos administradores que participarán directamente en el proceso, pues es seguro que una vez más el órgano de vigilancia y control tendrá elementos para denunciar cualquier acto ilegal.

 

Entre las empresas participantes están Safran Morpho, Inc; L-1 Secure Credentialing, Inc; Informática El Corte Inglés, SA; 3M México; Técnica Comercial Vilsa, SA de CV; Giesecke y Devrient de México, SA de CV; Oberthur Technologies de México, S de RL de CV; Litho Formas, SA de CV; Graphic Security Systems; Grupo Mexgraphic, SA de CV; NEC de México, SA de CV; Smartmatic México; Expansión Mj; Código Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De la Rue México, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas México, SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc.

 

La historia de la producción de credenciales para votar ha sido controversial desde la misma creación del IFE, en donde los costos de producción han permitido el enriquecimiento de algunos servidores públicos.

 

Por ejemplo, entre 1996-2001, cada credencial electoral tuvo un costo de 17 pesos y fue la firma alemana Polaroid la encargada de su elaboración; entre 2002 y 2005, la producción de identificaciones electorales bajó considerablemente hasta 6 pesos por cada credencial y fue la empresa Unisys la que ganó esa licitación y aplicó una mejor tecnología; entre 2005 y 2008, Unisys negoció en Boca Ratón, Estados Unidos, con DGI Mark y llegaron a un acuerdo para cederle el contrato de producción de credenciales del IFE, lo que incrementó su precio a 6.5 pesos por unidad. Con esto también se elevó el precio  de las acciones de esta última empresa en el mercado de valores.

 

Años más tarde, DGI Mark quebró y cedió el contrato a la empresa estadunidense L-1 Secure Credentialing, Inc. De 2008 y hasta la fecha, L-1 mantiene la producción de credenciales del IFE. Con problemas financieros, la empresa extranjera se fusionó en 2011 con Safran Morpho, y para entonces el costo de credenciales para votar se habría elevado a 7.5 pesos, a pesar de que aún utiliza la misma tecnología aplicada desde 2002 por Unisys.

 

Safran Morpho es socia de la empresa Sagem, que tiene capital francés y es proveedora del IFE para el servicio de identificación de huellas digitales (sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, AFIS, por su sigla en inglés).

 

El órgano de control del Intituto debe revisar entonces si las empresas Safran Morpho, L-1 y Sagem, que presentan propuestas distintas, son los mismos accionistas; de confirmarse esto, podrían ser anuladas sus propuestas. El antecedente de Morpho y Sagem en México es haber hecho negocios de AFIS con el cuestionado secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna (quien huyó del país y se refugia en Miami, Estados Unidos, ante las denuncias penales que hay en su contra y otras investigaciones por enriquecimiento ilícito). Estas empresas extranjeras también dan servicio a la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

La empresa Morpho, del grupo Safran, produce las tarjetas inteligentes de MasterCard en su planta de Naucalpan, Estado de México. Su presencia en nuestro país tiene más de 20 años y actualmente proporciona servicios en los sectores de aviación y seguridad.

 

Morpho Trust Solutions, antes L-1 Identity Solutions, es el mayor proveedor de soluciones de gestión de identidad en el mercado de Estados Unidos, que incluye licencias de conducir, pasaportes, tarjetas, credenciales para votar y otros propósitos gubernamentales y comerciales.

 

*Periodista