El gobierno panista de Felipe Calderón quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento social que se opusiera o criticara las políticas públicas.

 

México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias, se calcula 250 mil, fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

 

Otros problemas sociales se profundizaron en el gobierno anterior, como la corrupción institucionalizada y la impunidad. Ésta es la herencia que dejó Calderón, quien para protegerse huyó del país y se refugió en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta donde el brazo de la justicia mexicana parece ser que nunca alcanza.

 

Oficialmente, Calderón dijo que la “guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa” los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado de que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea –como lo ha dicho– producir a gran escala mariguana.

 

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

 

La consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países de los cinco continentes.

En lo doméstico, la expansión de los cárteles tampoco se puede negar. El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, tal como lo revela una importante investigación publicada en Contralínea por la reportera Nancy Flores, en la primera semana de junio (337).

 

Se trata de un mapeo hecho por la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se identifican 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos. De éstas, ocho son consideradas “grandes organizaciones del narcotráfico”, descubre el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013.

 

Se calcula que, tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos); esto significa que las bandas delincuenciales son 15 veces más rentables que el Grupo Carso de Carlos Slim.

 

Del documento oficial destacan varios puntos. Uno de ellos plantea que el Cártel del Golfo ha dejado de existir desde el año pasado, tras la captura de quien sería su último líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss (ocurrida el 12 de septiembre de 2012). De ser cierto lo que afirma la PGR, la desaparición se derivaría del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009 y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas.

 

Otro punto destacado es el encumbramiento del Cártel de la Barbie, a pesar de que su cabecilla, Édgar Valdez Villarreal, fue detenido el 30 de agosto de 2010. Hasta ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de la Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.

 

Este Cártel de la Barbie cuenta con más grupos afines (23) que las otras siete grandes organizaciones. Le sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12; La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente. Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.

 

Aunque en términos de número el Cártel de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los Mexicles.

 

El consorcio criminal que encabeza Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco continentes– controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas. Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud, al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas, secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso. Es decir, es la industria delincuencial más peligrosa del país y a la cual el gobierno de Felipe Calderón rindió protección.

 

El informe de la PGR señala que Gente Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero; el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y los Mexicles, en Chihuahua.

 

Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el continente americano y llegan hasta el europeo, tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

 

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

 

De acuerdo con la investigación confidencial de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a el Lazca.

 

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-40 o Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.

 

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo” (sic).

 

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).

 

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

 

El fraccionamiento de la mafia mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro hasta ahora.

 

Dicha organización tiene vínculos con El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey, en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas; el Javi, en Quintana Roo; el Pelón, en Chiapas; el Pelos, en Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; La Nueva Administración, en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona con el apellido de Solano, en Morelos y Guerrero.

 

La ubicación de las 88 organizaciones del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia organizada con el cual el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha empezado a trabajar para diezmar su presencia y, por primera vez, contar con una estrategia multidisciplinaria que involucre a varias secretarías de Estado, para hacerle frente al crimen organizado e impedir que sigan ganando territorios en todo el país. Es la misión que Enrique Peña Nieto ha encomendado al procurador y a los órganos de seguridad nacional e impartición de justicia.

 

*Periodista

 

  

 

 

Fuente: Contralínea 340