Una y otra vez, analistas y estudiosos de los temas del tráfico de drogas y el crimen organizado han insistido en la imposibilidad de que algún gobierno pueda reducir, y mucho menos acabar, con la industria del narcotráfico si no se combaten de origen las finanzas de los cárteles de la droga, pues es el dinero sucio lo que les permite subsistir, abastecerse de armamento y corromper a políticos, burócratas, jueces, policías, militares y hasta productores agrícolas.

 

 

Eso que ya todos sabíamos fue ignorado premeditadamente por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes lejos de combatir el lavado de dinero durante sus gestiones fueron los principales promotores del crimen organizado al negarse a intervenir los principales centros de blanqueo de capitales. El resultado, al final de su mandato, fue el florecimiento de la industria de la droga, el incremento considerable de la violencia y la proliferación de miles de millones de dólares procedentes del tráfico de drogas.

 

En el sexenio pasado, donde ocurrió el mayor número de crímenes, secuestros y desplazados, Calderón prefirió desatar la violencia en plazas y calles en una confrontación abierta del Ejército Mexicano contra los cárteles de la droga, sin tocar mínimamente las finanzas producto del narcotráfico, por lo que las bandas criminales siempre contaron con cuantiosos recursos que lavaron en bancos y casas de bolsa y de cambio, principalmente.

 

Con el nuevo de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado un giro al documentar que suman 270 instituciones financieras del país las que están involucradas con el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Ahora sólo falta que apliquen sanciones ejemplares que inhiban esa vieja práctica.

 

Una investigación de la reportera Nancy Flores revela cómo en el gobierno panista de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, la UIF documentó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito, lo que le permitió presentar 232 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, ese monto apenas representa el 14 por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente que se lava en los circuitos financieros mexicanos.

 

De acuerdo con reportes del Congreso de Estados Unidos, en México, durante el sexenio pasado, fueron blanqueados 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga introdujeron 130 mil millones de pesos en los circuitos financieros del país.

 

 

El mes pasado, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, hizo duros señalamientos en contra de los consejeros del Instituto, incluido su presidente Leonardo Valdés Zurita y su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, a quienes acusó de ocultar la corrupción y permitir el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una vieja práctica ilícita en ese órgano electoral autónomo.

 

Ahora el contralor tiene una nueva oportunidad de investigar al muy cuestionado Consejo General del IFE –integrado por su presidente Valdés Zurita, su secretario ejecutivo Molina y los siete consejeros electorales: Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco Javier Guerrero Aguirre, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández–, el cual decidirá qué empresa privada será contratada para la elaboración de 75 millones de credenciales de elector en los próximos 5 años.

 

Este contrato millonario bajo licitación pública internacional LPIFE-009/2013 llamó el interés de más de 20 empresas privadas nacionales y extranjeras (Francia, Estados Unidos, España), algunas de ellas propiedad de los mismos accionistas; sin embargo, no todas presentaron propuestas por la falta de transparencia, según denunciaron.

 

Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licitación aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millonario está en el entendido de que deberá cubrir un 10 por ciento adicional del costo de producción para otorgarlo como una comisión a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto significaría un soborno multimillonario para algunos servidores públicos corruptos.

 

Por lo pronto varias empresas ya presentaron quejas ante el contralor Guerrero Pozas, para denunciar las irregularidades en este proceso de licitación, en donde han señalado cuatro aspectos fundamentales:

 

“1. Violación al artículo 35 segundo párrafo del reglamento del IFE en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La licitación de referencia violó este artículo, toda vez que se hicieron modificaciones y cambios, lo que constituye sustituciones de los bienes y servicios convocados posteriores a la publicación de dicha licitación.

 

“2. Los equipos requeridos por las áreas técnicas de ese Instituto no reúnen los requisitos indispensables para la protección de los datos personales que serán entregados a una empresa privada. Dados los avances indebidos en la licitación de referencia, existe la posibilidad que estos datos personales de ciudadanos mexicanos deban ser entregados para su procesamiento a empresas trasnacionales de origen extranjero, sin que los equipos solicitados reúnan los requisitos técnicos para reservar la información de datos personales, biométricos y de domicilio.

 

“3. Las modificaciones hechas a las bases de licitación publicadas representan un decremento en las medidas de seguridad, lo cual hace vulnerable a la que es, de facto, nuestra cédula de identidad. Si lo que se pretende es minimizar la seguridad de este documento para dar paso a la cédula de identidad ciudadana, consideramos que esto es un grave error, ya que la credencial para votar es una de las bases importantes en las que se sustenta nuestra democracia y ese Instituto tiene la obligación de corresponder a la confianza que le hemos otorgado 51 millones de mexicanos que votamos en las pasadas elecciones.

 

“4. Existes tecnologías modernas probadas que pueden esconder al ojo humano el domicilio particular de los ciudadanos, pudiendo ser éste visto por las personas autorizadas a través de simples teléfonos celulares de uso común.”

 

Es decir, hay riesgo nuevamente de que los datos de millones de mexicanos queden en manos extranjeras y puedan ser vendidos al mejor postor, como ya ocurrió en el pasado. Un asunto de seguridad nacional, sin duda.

 

*Periodista