La crisis desatada en la Secretaría de la Defensa Nacional por la filtración de información sobre la asignación de contratos para las áreas de inteligencia y seguridad nacional llegó hasta la Presidencia de la República, en donde su titular Felipe Calderón citó al general Guillermo Galván Galván para ordenarle retomar el control de las fuerzas armadas e impedir que las aspiraciones sucesorias de algunos generales de división rompa el mando y la disciplina castrense. 

Elocuente y berrunchudo como suele ser, Calderón habló por largo tiempo con su secretario de la Defensa, en quien ha puesto toda su confianza en la “guerra” contra el crimen organizado, y con esta nueva crisis en las fuerzas armadas iniciada con la acusación y detención de varios generales, entre ellos el exsubsecretario Tomás Ángeles Dahuahare, por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico, y después las investigaciones sobre la asignación de 18 contratos multimillonarios a empresas extranjeras que hizo la Sedena para la adquisición de equipos y servicios sofisticados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, cuya información se filtró a medios de comunicación, ha puesto en alerta máxima al Ejército y ha motivado la intervención de todos los órganos de vigilancia y control del Estado.

 

En medio de estas acusaciones, auditorías y pesquisas que han centrado la atención de la opinión pública en los hombres de verde, está la lucha por la sucesión en la Defensa para saber quién será el próximo secretario responsable de la fuerzas armadas. En la reunión de Los Pinos, Calderón le dijo a su interlocutor que había que tomar las cosas en calma, pues considera natural que los 24 generales de división en activo aspiren a suceder al general Galván, pero lo que si le pidió es dar con el responsable o los responsables de filtrar información con intenciones de dañar la imagen y el prestigio de la institución.

 

Secretario y presidente hablaron también de los riesgos para la seguridad nacional por la filtración de los 18 contratos del área de inteligencia, y la duda es si éstos fueron utilizados para obtener dinero del crimen organizado, en un supuesto intento de vender información al narcotráfico sobre el equipo con que cuenta la Defensa para combatir a los cárteles de la droga. Por eso Calderón ordenó una investigación a fondo de parte de la Policía Judicial Militar, así como de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, y quien resulte responsable podría ser acusado de traición a la patria.

 

Después de salir de la casa presidencial, el general Galván ordenó de inmediato una reunión en la Secretaría de la Defensa Nacional con los 24 generales de división en activo. El encuentro de militares fue la mañana del lunes 6 de agosto, hace apenas la semana pasada, en donde el secretario habló de la lealtad que los militares le deben al Ejército, al país y a la patria, por lo que les advirtió que no toleraría más indisciplinas ni acusaciones sin fundamento sobre el manejo del presupuesto público al interior de las fuerzas armadas.

 

Les dijo que en la Secretaría el uso de los recursos para la adquisición de equipo y contratación de servicios se hace de manera eficiente y pulcra, pues es una prioridad del presidente de la República estar a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado y garantizar la defensa del país ante cualquier intento de intervención y de guerra interna por parte de criminales. Los alentó que en un plan de honestidad y confianza dijeran abiertamente qué les molesta o si tienen algún reclamo o petición al secretario, pero lo que no se vale, dijo, es que salga información confidencial y se filtre con fines personales.

 

El general Galván también consintió a sus generales y les dijo que tiene plena confianza en ellos, por lo que les pidió calma, disciplina y prudencia en su legítima aspiración por sucederlo al frente de la Secretaría de la Defensa, pues “por experiencia propia les digo que no es este gobierno (Felipe Calderón) el que decide quién será el próximo secretario, sino el nuevo equipo que en los próximas meses tomará la decisión sobre el nuevo gabinete, incluido el secretario de la Defensa”.

 

Para convencer a los militares de tres estrellas de que deben guardar la calma y la disciplina, el general Galván les informó que envío hace unos días al equipo de transición que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, los expedientes de los 24 generales de división que legalmente tienen oportunidad de presidir a las fuerzas armadas, con el propósito de que pueda analizar con todo cuidado y tiempo el currículum de cada uno de los generales de división y pueda nombrar al más apto para el cargo.

 

Después de invitarlos a reflexionar sobre el difícil momento que vive el país en materia de seguridad, el militar de más alto rango del país les pidió que si alguien tiene información sobre las filtraciones de información sensible de las fuerzas armadas no duden en darla en conocer para impedir cualquier agresión al Ejército que vulnera la seguridad nacional. Por ello los invitó a hablar con libertad y les recordó que esta era una reunión cordial para unir más al equipo y estar fuertes ante cualquier contingencia.

 

Quien de inmediato tomó la palabra fue el subsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien habló de su lealtad al Ejército y al secretario Galván, y convocó a los otros generales a guardar la disciplina y la lealtad al país. También intervinieron entre otros el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Luis Arturo Oliver Cen, y el oficial mayor general Salvador Cienfuegos Zepeda. Los tres generales junto con el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barreda, y el director general de Administración, general Augusto Moisés García Ochoa, con fuertes posibilidades para suceder al general Galván Galván, por lo que se investiga si fue algunos de estos quien motivó la fuga de información del área de inteligencia.

 

Uno de los generales comandante de una región del sur del país habló con honestidad y claridad, al aceptar que muy pocos de los 24 generales de división en activo puede ocupar el más alto rango en la Defensa. Él mismo se puso de ejemplo y dijo que no aspira a esa honrosa responsabilidad, por lo que pidió a sus compañeros de armas actuar con dignidad  hacerse a un lado para que el próximo gobierno tenga a un secretario fuerte y bien preparado.

 

Después del encuentro de dos horas con la plana mayor del Ejército, el secretario de la Defensa invitó a los 24 generales de división a conocer las instalaciones del área de Inteligencia, en donde se tiene el nuevo equipo adquirido mediante los 18 contratos cuestionados e investigados por los órganos de auditoría y control.

 

En el recorrido por las secretas instalaciones, los generales de división, quienes en su mayoría jamás habían pisado esa controlada zona militar, escucharon con atención la explicación de los responsables de la inteligencia del Ejército sobre la capacidad que tienen para las labores de combate al crimen organizado y la defensa de la seguridad nacional del país. Asombrados por la capacidad tecnológica y de investigación con que ahora cuentan, los generales se retiraron de la Secretaría y los responsables de las regiones militares que están bajo su resguardo en todo el país regresaron a sus cuarteles.

 

Con esta llamada de atención y apapacho al mismo tiempo, el secretario de la Defensa espera calmar los ánimos y que haya una transición pacífica en las fuerzas armadas. Por lo pronto la investigación en contra de los filtradores de los 18 contratos militares continúa y en las próximas semanas se sabrá si hay sanciones en contra de algún responsable por ese delito.

 

Hace dos semanas comentamos en este espacio que después de varios meses de auditorías sobre el otorgamiento de 18 contratos multimillonarios a empresas extranjeras que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de equipos y servicios sofisticados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, se concluyó que no hubo desvío de recursos públicos en las adjudicaciones sin licitar (por tratarse de asuntos de seguridad nacional), salvo algunas pequeñas faltas administrativas que ya solventó la dependencia de las fuerzas armadas.

 

Sobre este tema, otro experimentado general de división, apenas retirado en febrero pasado y quien ha sido jefe del Estado Mayor, responsable del área de Inteligencia de la Defensa, inspector y contralor del Ejército y oficial mayor, entre otros cargos, general Roberto Miranda Sánchez, considera que no hay desvíos de recursos públicos en las fuerzas armadas y que los contratos asignados se hace mediante una vigilancia y supervisión interna.

 

Responsable del Órgano Interno de Control de la Defensa durante los primeros cincos años de la actual administración, el general Miranda asegura que el presupuesto público se ha manejado con pulcritud y buena administración, por lo que la filtraciones que se hicieron tenían una intención de dañar a la institución armada, lo cual no debe permitirse.

 

En su consideración cualquiera de los 24 generales de división en activo puede ser designado como secretario de la defensa: “puede ser designado secretario algún general de división de cualquier región militar, además de los cinco generales que ya han sido mencionados en los distintos medios de comunicación”.

 

En columnas anteriores explicamos cómo los órganos de vigilancia y control del gobierno federal y del Congreso de la Unión se centraron en auditar ocho contratos y seis convenios modificatorios relacionados con la compra de equipo y contratación de servicios de comunicación e inteligencia, por un monto cercano a los 6 mil millones de pesos, para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

 

Los primeros ocho contratos auditados se celebraron con Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas empresas son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

 

El objetivo de los ocho primeros contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

  

El equipo adquirido es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena. Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

 

Con esta resolución de los órganos de vigilancia, control y auditoría concluye la investigación sobre supuestos malos manejos en la administración y asignación de contratos de bienes y servicios para el Ejército Mexicano, y ahora sólo queda saber si habrá sancionados y procesados por la filtración de información confidencial sobre un delito que pocas veces es imputado, como el de traición a la patria.