El próximo diciembre se cumple ya 1 década de supuesta “guerra” contra el crimen organizado. Una década de terror –provocado lo mismo por delincuentes que por agentes del Estado mexicano– que sólo ha diezmado a la sociedad: la delincuencia trasnacional ha vivido su mejor época.

En ese contexto, ha florecido el negocio criminal del tráfico de combustibles. La sustracción de hidrocarburos empezó a crecer en el sexenio de Felipe Calderón, a la par del narcotráfico, y se ha consolidado como mercado en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que en estos casi 4 años, el robo de combustibles habría significado pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y ganancias del mismo orden para los delincuentes. Tan sólo por la sustracción ilegal de hidrocarburos, las finanzas de la petrolera habrían sufrido un quebranto superior a los 35 mil millones de pesos, a razón de más de 10 mil millones por año.

Pero éstas no son las únicas mermas vinculadas a este ilícito. La empresa ha gastado miles de millones de pesos en un sistema de “seguridad” y monitoreo de ductos y pipas que reporta a la central –a cargo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, ubicada en la torre ejecutiva de Marina Nacional– con exactitud el lugar donde baja la presión del flujo, situación que se registra por fuga o por extracción ilegal del combustible.

Además, cada vez que una toma clandestina explota, Pemex tiene que sufragar la reparación del ducto y la remediación del medio ambiente, así como los daños colaterales cuando se afecta una propiedad privada.

Aunado a ello, Petróleos Mexicanos paga varios millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional por el servicio de custodia y salvaguarda de sus instalaciones y ductos. Es por ello que algunos militares vigilan parte de las redes que transportan los hidrocarburos. Así que las pérdidas para la empresa son mucho mayores a las simples estimaciones del robo.

“El desarrollo del mercado ilícito de combustibles en México ha dado lugar al aumento en el robo y comercio ilícito de los combustibles que produce Pemex. Como respuesta, el gobierno federal ha implementado varias medidas de seguridad y ha reforzado las fuerzas militares y policiacas y, por otra parte, Pemex ha establecido varias medidas estratégicas que buscan reducir el robo y otras actividades delictivas en contra de las instalaciones y productos de Pemex”, indica la petrolera en su Informe consolidado al primer trimestre de 2016, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En el apartado “Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad”, admite que “a pesar de estos esfuerzos, este tipo de actividades delictivas continúan en México; algunas de ellas contra las instalaciones y productos de Pemex. Estas actividades, su posible incremento y la violencia asociada a ellas podrían tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados de operación de Pemex”.

La petrolera contextualiza el problema: “México ha experimentado un aumento en las actividades delictivas, principalmente debido a las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo [el] narcotráfico”.

Con ello, los directivos de Pemex aceptan lo que todos sabemos: la “guerra” contra el crimen organizado es una farsa. Siempre lo ha sido. Por ello, en estos casi 10 años, las finanzas de los criminales no han sido perjudicadas y todas las expresiones vinculadas al crimen organizado han prosperado (narcotráfico, secuestro, trata de personas, tráfico de combustibles, lavado de dinero).

De nada ha servido 1 década de experiencia, de monitoreo y de análisis del problema: ni Pemex ni el gobierno han sido capaces de enfrentar la sustracción ilegal de hidrocarburos y, menos aún, de erradicarla: la impunidad reina.

En 2015, fueron detectadas 5 mil 252 tomas clandestinas a lo largo del país, admite Pemex por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ese mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 5 mil 32 averiguaciones previas por la sustracción ilegal de hidrocarburos, pero únicamente consignó 177, acepta la PGR también por vía de la Ley.

Ello explica por qué a Pemex le roban de todo: hidrocarburos, gasolina, diésel, crudo turbosina, gas. Así lo demuestra el producto asegurado por las autoridades federales en 2015: 1 millón 602 mil 954 litros de hidrocarburo, 381 mil 611 litros de gasolina, 297 mil litros de diésel, 72 mil litros de crudo, 20 mil litros de turbosina y 4 mil 290 litros de gas.

El robo no se detiene. De enero a abril, Pemex informa que fueron asegurados 224 mil 610 litros de hidrocarburo, 84 mil 813 de diésel, 35 mil 529 de gasolina y 31 mil 960 de gas. Pero los aseguramientos están lejos de dimensionar el problema, pues el mercado negro de combustibles no se está atacando: de julio de 2015 a julio de 2016 se realizaron sólo “cinco operativos coordinados para desactivar la estructura operativa, financiera y de negocios de organizaciones dedicadas a la comisión de estos delitos”, refiere el Cuarto informe de gobierno del presidente Peña.

El único párrafo destinado al tema indica que esos operativos incluyeron entre sus objetivos “las redes de protección que facilitan sus actividades en las zonas centro, Bajío y Noreste del país”. No obstante, los resultados son más que ridículos: “en total, fueron detenidos y consignados 24 integrantes de organizaciones delictivas”.

Según el Cuarto informe, “para combatir el robo de hidrocarburos se consolidó la colaboración de la Secretaría de Gobernación con la Policía Federal, con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. “Esfuerzos” que han tenido un mismo resultado: el fracaso total. Entonces, ¿cómo podemos creer que el combate al crimen organizado es real?

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 510 / del 17 al 22 de Octubre 2016