La contrainteligencia en la Policía Federal es llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos. Cuenta con tres direcciones generales: Vigilancia y Supervisión Interna; Investigación Interna, y Responsabilidades. Además, cinco oficinas que se abrieron en este año para agilizar supuestamente las investigaciones y no esperar hasta que en el centro de la República se conozca de los asuntos sensibles de la dependencia.
Un documento de esta, en el papel, poderosa Unidad, encabezada por la comisaria general María Luisa Saucedo López, da cuenta de las debilidades o “amenazas institucionales” que padece la Policía Federal mexicana: corrupción de sus agentes; irracionalidad en sus conductas; indiferencia y negligencia en su servicio, y ausencia de resultados efectivos.
Se trata de una radiografía del fracaso del máximo organismo policiaco del país en su objetivo formal de garantizar la seguridad pública. Oficialmente, la Unidad de Asuntos Internos es la encargada de verificar que los integrantes de la Policía Federal cumplan a cabalidad con los protocolos de actuación y con la normatividad aplicable vigente.
El documento consta de una docena de páginas y fue elaborado a principios de este año. Se titula solamente ASUNTOS INTERNOS. Queda claro que la Unidad tiene las facultades de ir más allá de verificar la observancia de protocolos. Está habilitada para realizar el mismo proceso que realiza la División de Inteligencia. Sólo que mientras la División lo hace hacia afuera, Asuntos Internos hacia dentro. En su caso, detecta una “actividad” de su incumbencia, valora la información inicial, solicita la autorización de la investigación, abre el expediente, despliega las actividades de investigación. Entre estas últimas está la intervención de comunicaciones (teléfonos, correos electrónicos y servicios de mensajería).
Vaya que esta Unidad tiene trabajo por hacer. Es la encargada de impedir la infiltración del crimen en las filas policiacas; de prevenir la corrupción de los agentes, y de verificar que los operativos sean conforme a derecho y respetuosos de los derechos humanos.
Si hay algo que caracterice a la Policía Federal, cuyo comisionado general es hoy Manelich Castilla Craviotto, es –desafortunadamente– la falta de resultados, la corrupción y la incapacidad para desempeñarse ante la población.
De CU a la guerra contra el narco
La Policía Federal nació como una “promesa” en 1999. Muy pronto fue un fiasco. Su primera encomienda importante fue ocupar la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en febrero de 2000. Detuvo a más de 1 mil estudiantes. Representantes del Consejo General de Huelga (CGH) sesionaban en el auditorio Che Guevara y, sin oposición física alguna, fueron subidos a los camiones. Con ello, la Policía Federal, entonces “Preventiva”, se estrenó en el escenario político-social del país.
Se desplegó a las demás escuelas y facultades del campus y acabó con la huelga estudiantil que demandaba gratuidad para la educación superior. Los gobiernos y los grandes empresarios estaban eufóricos. Ya tenían una policía de carácter “federal” lista para actuar en cualquier parte del país contra los delincuentes (aunque en este caso se tratara de jóvenes estudiantes con demandas políticas y académicas).
Resultó un gran fracaso y, también, un engaño, un fraude. El 1 de junio pasado cumplió 18 años. No los 89 que apenas “festejaron”, en julio pasado, sus mandos con funcionarios federales. Hasta en eso resulta una farsa. Lo que se creó en 1928 fue el primer Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito, que formaba parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este escuadrón, si acaso, fue el antecedente de la Policía de Caminos. Y es que, como señala el especialista en seguridad Martín Barrón Cruz, la Policía Federal ni siquiera está contemplada en la Constitución mexicana (como sí lo están la Policía Municipal, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas).
Decíamos que pronto la Policía Federal se revelaría como un completo fracaso porque resultó ser más de lo mismo… o peor. Se integró con los remanentes de la Policía Federal de Caminos, con cuadros formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y, sobre todo, con una brigada militar del Ejército Mexicano. Nació militarizada. Alrededor de 4 mil 500 militares integraron la primera generación de “policías”.
Durante el sexenio de Felipe Calderón incrementó más de cuatro veces su tamaño… y su presupuesto. Se convirtió en el juguete del supersecretario de ese periodo: Genaro García Luna, titular en esos años de la Secretaría de Seguridad Pública. Creció en corrupción y en la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En el Congreso se discute la aprobación de una Ley de Seguridad Interior para eternizar la militarización del país. Pero nadie vuelve la vista a la Policía Federal. Se suponía que las Fuerzas Armadas sólo estarían fuera de sus cuarteles de manera temporal, mientras se capacitaba y se depuraba a los policías.
Luego de 10 años, un documento de Asuntos Internos viene a corroborar lo que ya veíamos: seguimos teniendo a una Policía que se corrompe, que viola derechos humanos y que es incapaz de enfrentar al crimen organizado. O sea que, después de militarizar el país por casi 2 sexenios, seguimos igual.
¿Y los responsables? ¿O de eso se trata, de que fracase la policía para justificar por siempre la presencia de militares en las calles?
Mención aparte merecen los cientos de elementos de la Policía Federal muertos en cumplimiento de su trabajo. Sobre todo, aquellos que, en efecto, abrazaron su profesión y murieron defendiendo las instituciones en las que creen. La matanza en Michoacán, ocurrida en 2009, perpetrada por La Familia Michoacana, pudo llevarse a cabo gracias a, al menos, “errores” institucionales o abiertas fugas de información. Algo en lo que Asuntos Internos, en ese entonces, falló.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 557 / del 18 al 23 de Septiembre de 2017
