Se acumulan 2 sexenios desde que los militares –soldados y marinos– fueron sacados de sus cuarteles. Se les endilgó una tarea que corresponde a los civiles y a las corporaciones policiacas.

De hecho, el motivo formal por el que miles de efectivos de las tres Fuerzas Armadas fueron desplegados en el territorio nacional (luchar contra el narcotráfico) está en entredicho.

Hoy los saldos, mirados objetivamente, sin pasiones, son desastrosos. Tal “lucha” contra el narcotráfico terminó por hacer de los cárteles mexicanos los más poderosos del mundo. Mejoraron sus estructuras operativas y se armaron como auténticos ejércitos privados. En nada se minó su capacidad de trasiego de drogas. Por el contrario, incrementaron los volúmenes de narcóticos cultivados, procesados e introducidos a los grandes mercados: el estadunidense y el europeo. Es decir, el negocio siguió, boyante.

Mientras, no hubo un solo golpe contundente a sus ganancias. El despliegue militar no fue acompañado de una verdadera política de Estado para socavar sus finanzas. Nada de inteligencia financiera. El lavado de dinero cuyo origen es el narcotráfico se cuenta, cada año, por miles de millones de dólares en el sistema financiero mexicano.

Sí, los cárteles han tenido que pagar su cuota de sangre, con asesinados, encarcelados, desaparecidos, torturados. Pero, como organizaciones, hoy son más fuertes. Y, habría que destacar, dicha cuota se concentra en los últimos eslabones de esas estructuras delictivas: halcones, sicarios, burros, mulas, cobradores, dealers: las capas más bajas del negocio. Las cabezas y los altos mandos de estas mafias que han sido defenestrados se cuentan con los dedos de las manos. Y sus familias, en la tranquilidad de las zonas residenciales de alto poder adquisitivo, sin ser molestadas.

El costo social de esta irresponsable, insensible y fallida política de Estado es inconmensurable. Datos de las propias dependencias públicas arrojan más de 270 mil asesinados, 35 mil desaparecidos, 300 mil desplazados. Son cientos de miles, acaso millones, de familias enlutadas. Cuánta destrucción de recursos y capital humano significan estas cifras. Y cómo medir el dolor de una madre que no sabe nada de sus hijos; el de un padre que vio perderse a un hijo porque lo único que se paga en el abandonado campo mexicano es la siembra de amapola…

Y sin hablar de la desmovilización social que tal nivel de violencia generó. La declaración de guerra contra el narcotráfico bien pudo haber sido una salida del Estado mexicano ante la efervescencia de movimientos sociales con reivindicaciones políticas y sociales que no podía digerir. En la estela de muertos y desaparecidos se encuentran luchadores sociales, activistas por los derechos humanos, defensores indígenas, ambientalistas, periodistas.

Son casi 12 años de enfrentamientos armados en las sierras, los caminos rurales, los pueblos campesinos; pero también en calles de ciudades tan populosas como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros, Culiacán, Cuernavaca, Tixtla, Ciudad Altamirano, Acapulco, Ciudad de México…

Militares y policías han caído por cientos cumpliendo órdenes. Probablemente, la mayoría con espíritu de sacrificio y con la convicción de estar haciendo un trabajo honrado. Otros, apoyando a uno de los bandos o intentando sacar algún botín de la guerra.

Lo que resulta sorprendente es que no haya una sola indemnización de parte de las Fuerzas Armadas ante los destrozos en los que han participado. Como si nunca se hubieran equivocado o nunca ameritaría resarcir a los civiles inocentes luego de los enfrentamientos.

Basta buscar “balaceras” en internet para encontrar cientos de videos captados por transeúntes o condóminos en colonias donde se puede observar a los militares en enfrentamientos con la delincuencia. En el fragor de las batallas se allanan domicilios de personas inocentes, se causan destrozos en inmuebles y automóviles.

Y nunca proceden los reclamos de reparación de daño, no obstante que México cuenta con una disposición jurídica para tales efectos. Que quede claro: no se trata en estos casos de culpar a estos servidores públicos de los hechos, sino de hacer efectivo el derecho a reparación del daño de las personas inocentes. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en vigor desde 2005, se expidió para “fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.

El mismo artículo 1 de la Ley aclara que: “se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”.

Por supuesto, la ley ampara las indemnizaciones más allá de los hechos violentos. Pero nos referimos a ellos porque las dos secretarías de Estado que administran y organizan a las tres Fuerzas Armadas Permanentes nunca han aceptado una sola responsabilidad y no han pagado una sola indemnización.

De lo anterior da cuenta una investigación de una magistrada de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La jurista Zulema Mosri Gutiérrez –esposa del general Rafael Macedo de la Concha– solicitó tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena: Ejército y Fuerza Aérea) como a la Secretaría de Marina (Semar: Armada) el número de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras informaciones.

De 2012 a la fecha, en conjunto, ambas dependencias suman 58 reclamaciones. El monto total reclamado llega a 938 millones 618 mil 148 pesos. Sin embargo, la cifra real es mayor, pues la cantidad es la solicitada por apenas 38 reclamaciones. De las otras 20 no se conocen los montos.

De todas las reclamaciones, ninguna de las dependencias castrenses ha pagado un peso. Todas han sido consideradas “improcedentes”. ¿De algo sirve esa Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado cuando se trata de las secretarías de Estado castrenses? Habremos de estar atentos a las conclusiones de la magistrada Mosri Gutiérrez.

Zósimo Camacho

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