El espionaje en México ya no es una actividad privativa de los órganos de inteligencia del Estado, como sucedía hasta hace varios años, cuando éstos intervenían las líneas telefónicas para grabar conversaciones entre políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas a fin de controlar los hilos del poder y utilizar la información con fines políticos.

En los últimos sexenios se aprobaron leyes y reglamentos para convertir al espionaje en una actividad lícita para ciertos órganos de poder, mientras que aquellos que no cuentan con autorización judicial también pueden hacerlo con facilidad gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo del internet y las redes sociales, por lo que el espionaje se ha convertido en una práctica cotidiana de la cual nadie se salva.

Acostumbrados entonces a ser intervenidos en nuestras conversaciones privadas y, en consecuencia, a ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, hace unos días el tema del espionaje volvió a las primeras planas de los periódicos, cuando varias organizaciones de la social civil, abocadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, denunciaron violaciones a sus derechos de privacidad y anunciaron su ruptura con el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Los quejosos advirtieron que funcionarios del gobierno federal ignoraron sus quejas y evitaron investigar las denuncias por el espionaje que han sufrido algunos colaboradores en materia de salud. Concretamente acusaron de ser omisos a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Arely Gómez, y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya presidenta es Ximena Puente, pues señalaron que hay evidencias de que desde oficinas gubernamentales realizan una “vigilancia digital” en su contra, lo que vulnera la confianza para el trabajo en equipo.

A pesar de que el espionaje se ha convertido en un deporte al que muchos juegan, con o sin autorización legal, lo cierto es que se deben denunciar esos abusos de interferir las comunicaciones privadas, sin importar que se trate de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes directos entre particulares, pues la privacidad es un derecho y un bien humano consagrado en nuestra Constitución y en leyes internacionales.

Y como todos quieren espiar, hace unos días nos enteramos por una información de los reporteros Aurora Zepeda, Tania Rosas y Leticia Robles de la Rosa, publicada en Excélsior, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca atribuciones que le permitan “intervenir comunicaciones privadas”.

La justificación de la Fepade para tratar de entrometerse en conversaciones privadas es que “investiga el uso de dinero sucio” por parte de políticos que participan en los procesos electorales.

Siempre hemos sabido que la Procuraduría General de la República mantiene muy mala relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque, si hubiera buena comunicación, los fiscales de la Fepade deberían saber que hay una Unidad de Inteligencia Financiera que depende de Hacienda e investiga precisamente las finanzas, cuentas y movimientos bancarios de todas aquellas personas políticamente expuestas (PPE), es decir, de quienes buscan cargos públicos a través de procesos electorales.

Pero lo que en realidad quiere la Fepade es tener todo el poder de la impunidad para intervenir las comunicaciones privadas entre políticos y particulares, y por supuesto enfilar sus baterías sólo en contra de la oposición, porque nadie va a creer que también grabarán e investigarán a los políticos integrantes del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, y a los miembros del gabinete.

El director general adjunto de Averiguaciones Previas de la Fepade, Javier Humberto Domínguez, le dijo a los reporteros que si bien el Poder Legislativo decidió castigar el uso de dinero ilícito, no les dio herramientas para ello, por lo que “la intervención telefónica permitirá establecer los vínculos de ciertos actores políticos y saber el origen y destino de ese dinero”, según él.

Por supuesto que el espionaje telefónico o digital siempre se ha utilizado para conocer la vida privada de las personas y esa información, que debe ser reservada y lo más discreta posible, utilizarla para presionar e intimidar a los distintos actores que son víctimas de espionaje ante la amenaza de hacerla pública.

Así que la Fepade debe irse olvidando de que el Congreso le autorice atribuciones que sólo son una violación a los derechos humanos de las personas en lo más sagrado y que debe ser protegido por el Estado, como es el derecho a la intimidad y a la privacidad.

Además las autoridades cuentan con muchas herramientas para investigar a políticos y servidores públicos que se enriquecen ilícitamente o que utilizan recursos mal habidos para promoción política (y una vez que llegan al poder están obligados a pagar los favores con contratos y privilegios a sus benefactores, lo que los convierte en cómplices de la corrupción), por lo que, para cumplir con sus funciones, la vía no es violar la privacidad como quieren.

Puntos suspensivos… Como cada año en el aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía, los reporteros volvimos a ocupar la plaza Francisco Zarco de la Ciudad de México en demanda de justicia, pues aunque ese crimen se cometió hace 31 años, se ha convertido en un símbolo de injusticia e impunidad. Los autores intelectuales del asesinato, gestado desde el poder, nunca enfrentaron la justicia, igual como ha pasado con decenas de colegas periodistas en las últimas 3 décadas, quienes perdieron la vida ante la indiferencia y omisión del gobierno, y como una consecuencia por investigar a los grupos de poder político y del crimen organizado, que muchas veces son los mismos.

Contralínea 542 / del 05 al 11 de Junio de 2017