Tras años de espionaje telefónico, los servicios de inteligencia de Estados Unidos llevan a juicio a 19 integrantes de Los Zetas –el brazo armado del cártel del Golfo, autonombrado La Compañía–. La copia de la acusación del gobierno federal estadunidense revela las entrañas de esta organización criminal, considerada la más violenta del país
Washington, Estados Unidos. Después de varios años de estudio e investigación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han logrado obtener información precisa de cómo funcionan Los Zetas, cómo están organizados, cómo le llaman a su banda, cuánto le pagan a los servidores públicos y qué ocurre cuando la policía estadunidense les confisca cargamentos de cocaína y marihuana.
Desde junio de 2006, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han logrado seguir paso a paso los movimientos de Los Zetas, ahora agrupados bajo el nombre de La Compañía. Según la acusación del gobierno federal de Estados Unidos en una corte federal de Washington contra 19 integrantes de Los Zetas, esta organización criminal está encabezada por un “triunvirato”, integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta y hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Cos, el Doble X o el Dos Equis, y por Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca o el Licenciado.
El documento indica que Los Zetas operan orgánicamente como La Compañía y que han desarrollado contactos para el abastecimiento de cocaína desde Colombia y Venezuela. Las operaciones registradas en el documento van desde Panamá hasta McAllen, Texas, en una ruta que abarca Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.
El primer miembro relevante de la organización en ser vigilado es Sigifredo Nájera Talamantes, el Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón. Según los informes de inteligencia, los negocios de Nájera con La Compañía comenzaron a ser registrados desde el 5 de junio de 2006. Ese día, Nájera, que entonces tenía 21 años, compra a Los Zetas 15 kilogramos de cocaína al precio de 13 mil 500 dólares por kilo. Nájera paga a La Compañía 202 mil 500 dólares.
Casi tres semanas después, el 18 de junio, Nájera vuelve a comprar otros 13 kilogramos de cocaína y paga 135 mil dólares. El 20 de julio, Nájera paga 270 mil dólares por otros 20 kilogramos del mismo material. Un mes después, el 17 de agosto, el Canicón vuelve a comprar otros 20 kilos, según los datos de inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde entonces, los movimientos de Nájera parecían ser vigilados paso a paso por los agentes estadunidenses, según consta en evidencias presentadas ante la corte federal. Al año siguiente, Nájera transporta un cargamento de 300 kilogramos de cocaína que supuestamente pertenecía a Miguel Treviño Morales, el Z-40, uno de los presuntos líderes de más relevancia en la estructura intermedia de Los Zetas. La operación implica mover el cargamento de Río Bravo hasta Miguel Alemán, Tamaulipas, y queda registrada en una conversación telefónica interceptada entre Treviño y González Durán.
El 17 de agosto de 2006 Treviño Morales habla por teléfono con Jaime González Durán, alias el Hummer. Treviño le explica que los bonos se pagan según la “plaza” y la antigüedad de los miembros en La Compañía. En una segunda llamada telefónica, el mismo día, el Hummer le pide a Treviño un cargamento de marihuana. El Z-40 le dice que le puede dar 200 toneladas, pero González Durán le dice que sólo necesita 100 toneladas.
Para mayo de 2007, los agentes ya habían logrado interceptar las llamadas telefónicas de Antonio Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta. En una conversación telefónica interceptada el 1 de mayo del mismo año, Cárdenas discute con Samuel Flores Borrego, alias Tres o Metro Tres, la recolección de un cargamento de 300 kilogramos de cocaína enviados a McAllen, Texas. Flores Borrego era uno de los hombres más cercanos a Osiel Cárdenas. En 2001, el diario El Norte, con sede en Monterrey, lo mencionó como un expolicía municipal encargado de la seguridad de las casas de Cárdenas en Matamoros.
Según las evidencias presentadas ante la corte federal estadunidense, Flores Borrego se habría convertido en un hombre crucial para las operaciones de La Compañía. Entre otras labores, habría funcionado como el responsable de abrir contactos con cárteles colombianos y de brindar información de inteligencia sobre las operaciones del gobierno mexicano contra Los Zetas.
La interceptación de 37 llamadas telefónicas de Flores Borrego fue crucial para que los agentes estadunidenses desmenuzaran las operaciones de La Compañía. En esas llamadas, Flores habría discutido con Jorge Eduardo Costilla, Ezequiel Cárdenas y Miguel Treviño el traslado de narcóticos en la región fronteriza, la entrada de cargamentos de droga a Texas, la imposición del “derecho de piso” a los narcos que usan el territorio controlado y la expansión de contactos en Colombia para el abastecimiento masivo de cocaína.
El análisis de las evidencias presentadas ante la corte federal de Washington nos arroja otro dato importante: los agentes fueron capaces de registrar conversaciones personales y espiar las reuniones entre los principales líderes de La Compañía.
El 7 de junio de 2007, por ejemplo, los agentes estadunidenses registran una reunión de los principales capos de Los Zetas para discutir la estrategia de transporte y comercialización de cocaína y marihuana. Al día siguiente, los agentes registran una reunión entre Jorge Eduardo Costilla y Flores Borrego sobre el decomiso realizado por policías de Texas de 2.7 millones de dólares en efectivo en un camioneta deportiva Chevrolet Avalanche con placas de Tamaulipas.
Algunos detalles de las grabaciones podrían revelar también pormenores importantes de la corrupción en México. En una conversación telefónica interceptada el 8 de mayo de 2007, Mario Ramírez Treviño, alias el Mario Pelón o X-20, y Flores Borrego discuten la aprobación de Costilla para disponer de 2 millones de dólares para sobornar a funcionarios mexicanos.
Con las evidencias acumuladas, es posible que Estados Unidos pueda lograr la extradición de algunos de los 19 coacusados en la causa abierta en Washington, DC. Sin embargo, es posible que el Departamento de Justicia tenga que aclarar posteriormente si entregó o no al gobierno mexicano copia de toda la información y evidencias que tenía sobre Los Zetas desde 2006. Si no lo hizo, entonces el gobierno estadunidense tendría que explicar cuál fue la razón poderosa para guardar esta información y esperar hasta 2009 para entregar esas evidencias ante una corte estadunidense. Si la entregó a tiempo, el gobierno del presidente Felipe Calderón tendría que explicar por qué tardó meses o años en detener a algunos líderes de La Compañía.
En esos tres años, La Compañía logró expandir sus operaciones en Estados Unidos, México y Centroamérica. Casos de ejecución en Buenos Aires, Argentina, apuntan la posibilidad de que La Compañía haya llegado a Suramérica en búsqueda de países con regulaciones débiles del mercado de los precursores químicos para producir metanfetaminas.
Además de la creación de contactos con abastecedores de cocaína en Colombia y Venezuela, La Compañía ha extendido el negocio de la extorsión a la “frontera chica”, como se le conoce al corredor Nuevo Laredo-Matamoros, Monterrey, Nuevo León, Saltillo, Coahuila y regiones vastas de San Luis Potosí. La extorsión llegó a ser indiscriminada y alcanzó, incluso, a vendedores ambulantes de paletas en las calles de Reynosa.
El enfrentamiento con el Ejército –la institución de la que desertó el grupo de 31 fundadores originales de Los Zetas– ha ido creciendo y se ha vuelto más cruento. Algunos de los miembros de esa organización criminal, cuyo nombre aparece en el caso ante la corte federal estadunidense, están a su vez acusados en México del degollamiento de nueve soldados en Monterrey, Nuevo León, en octubre de 2008; el atentado contra el consulado de Estados Unidos en esa ciudad el 12 de octubre de 2008; el ataque a las instalaciones de Televisa el pasado 6 de enero de 2009, y de la ejecución del general de división Mauro Enrique Tello Quiñones, ocurrida el 3 de febrero del mismo año en Cancún, Quintana Roo.
Es evidente que la información de inteligencia recopilada desde 2006 fue muy precisa y podría servir para levantar un caso judicial sólido en la corte federal estadunidense. Sin embargo, la existencia de esa información tuvo un impacto muy limitado en las operaciones contra Los Zetas en México. Fue muy grande la distancia en tiempo entre la obtención de los datos de inteligencia y la integración de la acusación en Washington.
La rapidez con la que han escalado las operaciones del narcotráfico obliga a pensar en la necesidad de una nueva política de inteligencia binacional que haga posible detener a los narcotraficantes antes de que desarrollen su máximo potencial de violencia. Retrasar esa política ha tenido un alto costo en vidas de civiles, policías y soldados.
*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
