Las ejecuciones y los levantones, ataques con explosivos contra inmuebles, narcobloqueos, cobro de rentas contra negocios o secuestros múltiples por comandos armados contra pobladores de numerosas ciudades mexicanas también podrían ocurrir en la capital del país. Mientras aumentan los indicios de que tal amenaza es inminente y será implacable, las autoridades locales minimizan ese riesgo y ocultan sus planes de contingencia. Entretanto, los más de 22 millones de habitantes de la zona metropolitana viven con la percepción de que serán víctimas de un ataque en cualquier momento y en cualquier lugar

El crimen organizado siempre ha tenido presencia en la ciudad de México, sin embargo no es tan visible como en Chihuahua, Tamaulipas, Baja California o Sinaloa; paulatinamente ha convertido en sus enclaves a Morelos, el Estado de México y Puebla, entidades que rodean a la capital del país. Entonces ¿por qué no se siente su actividad con la misma intensidad que en otras ciudades?, ¿qué debe pasar para que la violencia se desencadene en esta ciudad?, pregunta Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México y pionero en plantear esa preocupación.

Tres razones explican por qué no es tan visible la presencia del crimen organizado en la capital del país: porque esas bandas no quieren llamar la atención, ya que cualquier atentado en esta ciudad tendrá más repercusión que un atentado en cualquier otra; que los cárteles de la droga tienen aquí algunas de sus bases más importantes por ser el centro financiero del país, y porque aquí están sus familias. Bajo esa lógica, se explica por qué es ocasional su presencia; sólo se evidencia cuando algún integrante del crimen organizado es detenido.

Finalmente, esa falta de visibilidad obedecería a la capacidad de concentración de la fuerza pública, ya que en el Distrito Federal se asientan las mayores corporaciones policiacas y las Fuerzas Armadas más poderosas. Se trata de unos 80 mil efectivos de la policía que se suman a los elementos del Estado Mayor Presidencial y los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que el Estado tiene una enorme presencia logística en la ciudad de México. “Y esto –expone Aguayo Quezada– da lugar a una situación muy rara, pues en cierto sentido somos una isla con relación a otras ciudades del país”.

Una referencia semejante emitió en julio pasado la agencia noticiosa británica BBC, cuando describió la creciente violencia en México. En esa ocasión, la emisora señaló que tal escalada ha causado bajas de ciudadanos en varios estados de la república, mientras que la capital del país parece gozar de una “burbuja” de seguridad.

El cerco se estrecha

Geográficamente, el crimen organizado ya está asentado, aunque con diferentes intensidades, en los estados vecinos a la ciudad de México: Morelos, el Estado de México y Puebla, comenta Sergio Aguayo. Opina que esa presencia se explica porque, para operar con éxito, el crimen organizado requiere de centros de comunicación y, ante esa cercanía, no es impensable su desplazamiento hacia la capital del país en virtud de esa proximidad. Por esa razón, se pregunta: “¿Cuándo comenzará [el crimen organizado] a atacar?”

Para determinar la posible respuesta, se remite a señalar el incremento de hechos violentos que se suscitan en la zona que forman las 16 delegaciones del Distrito Federal, los 40 municipios conurbados del Estado de México y uno del estado de Hidalgo. En esa gran extensión territorial ya se observan síntomas parecidos a los de las entidades azotadas por la violencia criminal.

Aguayo comenta que “es obvio que en el Estado de México ya están los signos de que el crimen organizado se disputa la ‘plaza’ con mayor ferocidad”. La ciudad de México, por su densidad de población y niveles de ingreso, representa “un claro objetivo para esos grupos”, y recuerda que aunque este año ya se comenzaron a ver las llamadas ejecuciones que se relacionan con esa disputa por la “plaza”, todavía son aisladas.

Con esa apreciación coincide el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien manifiesta que ya se observa que los enfrentamientos también se realizan en los domicilios de los narcotraficantes, en la zona conurbada. “Son enfrentamientos entre ellos, como en las balaceras en la zona de Huixquilucan, en el Estado de México, donde se están violentando los propios códigos del crimen organizado, como el no meterse con las familias; pero hoy, eso ya no existe”.

La Procuraduría General de la República y analistas en seguridad señalan que los asesinatos que se califican como ejecuciones son de gran relevancia por el efecto que causan en la percepción de inseguridad y el sentimiento de vulnerabilidad entre la ciudadanía. Esos homicidios evidencian la magnitud de la presencia, actividad y conflicto entre los grupos del crimen organizado.

Para conocer con más amplitud cómo se manifiesta esa alza delictiva en la ciudad de México, es útil recurrir a lo que responden las víctimas de esos actos ilegales que afectan directamente su integridad física o sus bienes. De acuerdo con la Sexta encuesta nacional sobre inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Chihuahua tiene una prevalencia alta con 20 por ciento en victimización, y el Distrito Federal tiene una prevalencia a la baja con 19 por ciento.

La segunda parte de la consulta, realizada en octubre de 2009 en 71 mil 370 viviendas, puso énfasis en 14 zonas metropolitanas, como el Distrito Federal, Toluca, la zona conurbada del Distrito Federal y el Estado de México, Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca y Culiacán. El porcentaje de la población de 18 y más años que se considera insegura en esas 14 zonas urbanas se distribuye así: 87 por ciento en Chihuahua, Chihuahua; 86 por ciento en Ciudad Juárez; 85 por ciento en el Distrito Federal; 84 por ciento en Acapulco, y 81 por ciento en Culiacán.

Al abundar en la percepción de inseguridad, la encuesta muestra que 82 por ciento de la población de esas ciudades se siente insegura en el transporte público; 79 por ciento, en la calle; 60 por ciento, en las carreteras; 55 por ciento, en el automóvil; 54 por ciento, en centros comerciales; 45 por ciento en la escuela; 35 por ciento en el trabajo, y 16 por ciento, en sus propias casas.

De los delitos que se cometen en las ciudades de la república mexicana, 58 por ciento ocurrió en la calle; 28 por ciento, en casa, 4 por ciento, en el trabajo; 7 por ciento, en un lugar público, y 5 por ciento, en el transporte público. El perfil laboral de las víctimas muestra que 67 por ciento es obrero o empleado; 27.4 por ciento, trabajador por su cuenta, y sólo 1.9 por ciento es patrón. Asimismo, el 62.5 por ciento de los entrevistados respondió que los delitos en su ciudad van a la alza, contra 47.2 por ciento que así lo estimaba en 2005.

Ahí también se hace notar que el año anterior sólo 21 por ciento de las víctimas de delitos denunció, y que 41 por ciento no lo hizo porque ese trámite representa “pérdida de tiempo”. El 37 por ciento de quienes sí se presentaron ante el Ministerio Público lo hicieron “para que el delincuente reciba el castigo que merece”, y 8 por ciento, para obtener la reparación del daño.

Por el total de averiguaciones previas, la ciudad de Guadalajara tiene el primer lugar, con 92 por ciento, y el Distrito Federal tiene 88 por ciento. En 33 por ciento del total de esas averiguaciones, “no sucedió nada con la denuncia”; en 12 por ciento no procedió y 22 por ciento aún está en trámite. Sólo en el 3 por ciento de esas averiguaciones se logró poner al delincuente a disposición del juez.

En contraste con el estudio anterior, el Índice de Incidencia Delictiva del Centro de Investigación para el Desarrollo, A C, el Distrito Federal aparece en quinto lugar, con un índice de violencia delictiva “media alta”. Refiere que presenta 4.4 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes; 1.6 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, así como 5.8 vehículos robados por cada 1 mil. El estudio revela que en la capital del país se cometen 25 mil 457.8 delitos “varios” (secuestros y robos) por cada 100 mil habitantes.

Respecto del índice de violencia, Chihuahua tiene un indicador “muy alto”, con 15.0 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes y 32.1 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.

En cuarto lugar está el Estado de México, con un índice de violencia “alta”: 4.4 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, 1.6 ejecuciones por cada 100 mil habitantes y 14 mil 777.5 delitos “varios” por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, la legisladora Teresa Incháustegui, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, estima que esas cifras se relacionan con la densidad de población de la ciudad de México. Considera que la estrategia de seguridad en esta ciudad “ha sido relativamente eficaz” si se aprecia la actual geografía del crimen; además de que la capital del país “es un lugar que no interesa calentar desde el punto de vista de la violencia”.

Agrega que eso significa que un clima de inseguridad “no es precisamente lo mejor para el negocio en el Distrito Federal”. Desde esa perspectiva, admite que todo apunta a confirmar que no conviene convertir a esta ciudad, desde ninguna perspectiva, en un sitio inseguro: “No puede ocurrir como muchos puntos claves en la geografía del crimen como los de la frontera, donde se disputan los espacios de salida de la droga y el paso de dinero al otro lado”.

Si hubiera un gran atentado en la capital del país, “se violaría ese principio”, señala Incháustegui Romero, pues además sus familias (de los miembros del crimen organizado) viven acá y necesitan un lugar tranquilo con comunicaciones y servicios financieros cercanos. Pese a esas consideraciones, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática admite: “Efectivamente, observamos que pudiera venir algo de ese tipo. El riesgo es inminente, aunque no es ineluctable”.

A su vez, Sergio Aguayo abunda que por la dimensión económica y estratégica que representa el mercado capitalino, la pugna por su territorio “es una consecuencia inevitable”. El analista describe que de los 67 asesinatos de periodistas ocurridos en México en la última década, “ninguno ha sido en la capital, pero podría ocurrir”. Por ello, sentencia: “No me extrañaría que, en algún momento no muy lejano, alguno de los cárteles decidiera dar un golpe en esta ciudad”.

El triunfalismo

En la ciudad de México no hay focos rojos generados por la delincuencia organizada, aunque “no se puede echar las campanas al vuelo”, manifestó el 1 de agosto Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esa confianza en el discurso político de las autoridades de la ciudad de México se manifiesta en el más alto nivel.

En su rendición de cuentas de septiembre de 2009, el jefe de gobierno del Distrito Federal admitió que la seguridad es un gran reto para la ciudad: “Estamos conteniendo la crisis”, pues, de acuerdo al ritmo nacional, la capital del país debería tener un 30 por ciento más de delitos. Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que la manifestación criminal se ha “limitado” a un 13 por ciento, y en delitos de alto impacto, a 2 por ciento.

El Tercer informe de gobierno del Distrito Federal destaca, entre los programas de seguridad preventiva que operan en la ciudad, el de Denuncia Ciudadana –en coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia–. Le siguen el Programa Radar, que opera el equipo cinemómetro (radares); el Programa Conduce sin Alcohol, con nuevos puntos de revisión, y el sistema Hand Helds, con 803 equipos que levantan infracciones electrónicas a los conductores que exceden la velocidad.

El informe describe como ejemplo de las nuevas tecnologías al Sistema de Videovigilancia. Se trata de un plan para instalar 8 mil 88 cámaras en la vía pública de las 16 delegaciones entre 2009 y 2011; de ese total, 192 integrarán los sistemas de reconocimiento de placas vehiculares y 35 presentan sensores de disparo de arma de fuego. Dos mil 170 de esos equipos ya funcionan en el Sistema de Transporte Colectivo, y según el informe, gracias a éstos se “ha logrado detener, procesar, consignar y finalmente lograr la sentencia de ocho bandas” que estuvieron o fueron buscadas durante mucho tiempo.

También en materia de prevención, el informe cita el Eje Estratégico 3, que corresponde a seguridad y justicia expedita. Ahí detalla que, a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el gobierno salvaguarda la integridad y patrimonio de las personas a través de acciones de prevención.

Asimismo, refiere que se han reforzado los mecanismos de colaboración con instancias federales y locales. Se participa en el Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas y el Procedimiento Sistemático Operativo de “Alerta Temprana” con instituciones del Distrito Federal y mecanismos de coordinación con las instancias federales.

En cuanto a la formación y capacitación de las fuerzas del orden, el Tercer informe de gobierno señala que se modificó el plan de estudios del Curso Básico de Formación y se sustituyó al 20 por ciento de la planta docente. De esta manera, aseguró, el Instituto Técnico de Formación Policial “opera a plena capacidad”.

Al respecto, el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez manifiesta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no influye en la elaboración del plan de estudios de la policía capitalina; sólo se pueden hacer sugerencias. Subraya que “es fundamental” la depuración de los cuerpos policiacos y su capacitación, pero no se hace de manera efectiva, “sólo se dan pinceladas”. Por esa razón, añade, “hoy vemos policías con nuevos uniformes, pero son los mismos que estaban de tamarindos o de azules. La policía no se transforma al cambiarle los uniformes”.

La propuesta de la Comisión de Seguridad Pública a su cargo es la de ampliar y ser más rigurosos con los criterios de selección, porque hay jóvenes que entran ahí como única opción de vida, “no como algo aspiracional”, con el interés de ser policía. Llegan ahí porque no encuentran otra alternativa en la sociedad para desarrollarse.

Manifiesta que el director del Instituto Técnico de Formación Policiaca le comentó que los aspirantes “ni siquiera tienen preparatoria”. Observa que aunque los policías salgan bien preparados, se contaminarán por el contacto con mandos viciados que llevan en el cargo 30 o 40 años.

Flores afirma que no hay estrategias para hacer frente a las nuevas amenazas que se ciernen sobre la ciudad de México. “No se toman [estrategias], incluso para modificar la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal –que rige desde 1993 y ya es obsoleta–; no se ha hecho una contrapropuesta o una propuesta formal a la que presentó el presidente de la república”.

Ante esa situación, el diputado del Partido Acción Nacional afirma que la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa ha pedido a la Secretaría de Seguridad Pública local que se aproveche la cooperación en seguridad con organismos internacionales. “Desgraciadamente –asegura–, el gobierno del Distrito Federal, en el tema de seguridad pública, solamente está administrando el problema. Así lo percibimos nosotros”.

Para conocer los planes de contingencia en materia de seguridad del Gobierno del Distrito Federal, Contralínea solicitó entrevista con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Inseguridad y ciudades

La violencia en las ciudades es la primera causa de muerte; deteriora cada vez más la calidad de vida de los habitantes. En las dos últimas décadas, los medios han pasado de hacer la crónica del delito como excepción a una crónica cotidiana del delito en donde la percepción de tranquilidad se sustituye por la de peligro permanente e inminente.

La inseguridad, concretamente el miedo a la delincuencia, es uno de los problemas más sensibles para los habitantes de las ciudades. La percepción de que ese problema evolucione hasta generar una espiral de violencia está detrás de la exigencia ciudadana para aplicar mayor represión y penas más fuertes contra los delincuentes que, incluso, ignoren el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, aprecia la socióloga venezolana Rosa del Olmo.

Por otra parte, el discurso de la inseguridad ciudadana encierra a las personas en sus casas, que ya no resultan ser lugares tan seguros como se creía. En otras palabras, la construcción del peligro social inminente puede ser utilizada por gobiernos autoritarios para justificar, en determinado momento, mayores restricciones a los derechos individuales de los habitantes de las ciudades, considera del Olmo en su estudio “Ciudades duras y violencia urbana” (Nueva sociedad 167).

De acuerdo con el Instituto Interregional de Investigaciones de Naciones Unidas, en las ciudades de América Latina el fenómeno de la violencia urbana aumentó del 3 por ciento en 2008 a 5 por ciento en 2010. El organismo señala que las ciudades son escenarios de múltiples y variadas relaciones donde los conflictos sociales se expresan abiertamente y pueden convertirse en actos violentos cuando no se resuelven pacíficamente. Tan sólo en los últimos años, el 60 por ciento de la población urbana latinoamericana ha sido víctima de algún delito.

Ciudad despoblada

El diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, explica que, en las últimas décadas, se ha despoblado la ciudad de México debido a la migración de habitantes hacia la periferia. Describe que el Distrito Federal tiene una población aproximada de 8.5 millones de habitantes, mientras que lo que se conoce como ciudad de México (la zona metropolitana) aloja a más de 20 millones de habitantes.

El centro de la ciudad es la principal zona que se ha despoblado por el éxodo de sus habitantes debido a la inseguridad. También en colonias de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo o Coyoacán, resulta muy caro vivir, por lo que esa emigración se dirige hacia Ecatepec, Netzahualcóyotl, Texcoco y municipios conurbados como Chimalhuacán. Dice Flores: “Ahí es donde se ha dado el crecimiento acelerado de la ciudad de México”, y en consecuencia, ahí es donde se manifiesta el aumento de la delincuencia en el índice del Estado de México.

Con esa reconfiguración demográfica, el Distrito Federal se convirtió en centro de trabajo para todas esas familias que habitan en la periferia de la ciudad. Tal situación trae como consecuencia problemas en el transporte y también afecta la convivencia de las familias. El que un padre o madre de familia invierta más de tres horas en su trayecto desde su hogar hacia su centro de trabajo deteriora la convivencia de los padres con los hijos, el cuidado de su educación y su desarrollo.

Esto significa que se descompone el tejido social, pues los jóvenes reciben influencias externas, en la mayoría de los casos, desgraciadamente nocivas y ahí es donde el crimen organizado encuentra campo fértil para expandirse, concretamente el narcomenudeo.