Obstaculización de la investigación, avances lentos y posible desaparición de pruebas son los principales retos a los que se han enfrentado los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero. Aunque todavía no se conoce qué sucedió aquella noche, madres y padres no olvidan, rechazan la creación de una nueva verdad histórica; exigen conocer el paradero de sus hijos, exigen justicia

“¿Dónde están nuestros hijos?”: por más de seis años ésta ha sido la pregunta que han realizado madres y padres de los 43 estudiantes normalistas rurales que fueron víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. “¿Quiénes se los llevaron?”, resuena también en la mente de hijos, hermanos, primos y demás familiares. “¿Qué sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa?”, cuestiona el pueblo de México. No obstante, a 72 meses de este hecho, aún no hay respuestas.

“¿Dónde están nuestros hijos?, exigimos saberlo. No vamos a perdonar tantas injusticias. Sabemos que fueron uniformados quienes se los llevaron. Nunca vamos a olvidar aquel 26 de septiembre de 2014. Seguiremos presionando hasta dar con el paradero de nuestros hijos porque no hay ni un perdón, ni un olvido”, asegura María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los normalistas desaparecidos.

A seis años de este crimen atroz, una de las principales demandas de las familias y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el caso es la reestructuración de las instituciones encargadas de realizar las investigaciones, ya que aún hay servidores públicos de mandos medios y menores que participaron en la creación de la “verdad histórica” y que obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia.

“Los funcionarios del anterior sexenio son los que no dejan avanzar las cosas. Para nosotros es desesperante. Ya quisiéramos saber qué fue lo que pasó. A seis años nos sentimos defraudados con la antigua administración, pero ahora que el actual gobierno demuestra voluntad, [la investigación] va lenta”, reconoce Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías.

Ésta es la misma queja que presenta Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, quien asegura en entrevista que hay personas del régimen pasado que interfieren en abrir “una mejor puerta que nos pueda llevar a saber del paradero de nuestros hijos”.

Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, coincide y explica a Contralínea que las investigaciones del caso no avanzan tan rápido como quisieran porque no se han removido todos los obstáculos dentro de la FGR. Para él, eso es fundamental para romper el pacto de impunidad que había existido en el caso.

“Las investigaciones del caso no avanzan tan rápido como quisieran porque no se han removido todos los obstáculos dentro de la FGR”

“Aunque se están girando las órdenes de detención, desgraciadamente el Poder Judicial las ha negado. Hay avances pero también hay retrocesos. No se permite avanzar debido a que todavía hay funcionarios que están obstaculizando la investigación”, indica Hilda Leguideño, madre del normalista Jorge Tizapa Legideño.

Esta situación sólo podría cambiar si se expulsara a las personas de la administración pasada que siguen interviniendo en las investigaciones, pues de esa manera “habría más posibilidad de abrir la investigación y saber más información sobre el paradero de los muchachos”, apunta el padre de Adán Abraham de La Cruz, Bernabé Abraham.

Lentitud en la investigación, ¿falta de compromiso real?

Al dolor que dejó en las familias, la noche de aquel 26 de septiembre se suma ahora la lentitud con la que avanza la investigación. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó voluntad política para resolver el crimen, ésta no basta si no hay un compromiso real por parte de las instituciones de justicia, consideran defensores de derechos humanos.

En septiembre, un juez federal negó las 46 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas contra servidores públicos de Guerrero relacionados con el caso, y lo único que sigue adelante es la orden de captura, con fines de extradición, del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Esta resolución es considerada por Vidulfo Rosales –defensor de los derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan– como un “formalismo” que sigue privilegiando el Poder Judicial, lo que provoca que los expedientes “reboten” y no se avance en las órdenes de aprehensión.

“El problema es que no se han reestructurado algunas instituciones encargadas de la investigación. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene las mismas inercias, como la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Judicial también tiene problemas y son aspectos del Estado mexicano que no han cambiado, son estructuras que permanecen como siempre y eso no ayuda”, explica Rosales a Contralínea.

El también abogado de los familiares de los 43 precisa que hay una responsabilidad institucional respecto a la reestructuración del caso, pues aunque el presidente López Obrador tenga toda la voluntad de llegar a la verdad, “no es posible que en la Fiscalía las cosas no caminen. En el terreno práctico es donde tienes que aterrizar esa voluntad política, de lo contrario las cosas no avanzan”.

Estanislao Mendoza considera que para que esto cambie es necesario que el gobierno “agarre a Tomás Zerón y a [Jesús] Murillo Karam, para que nos digan quiénes fueron sus cómplices, pero no han hecho eso. Ya se habían liberado 46 órdenes, pero otro juez lo desmintió y se vino abajo todo. Ahorita el presidente dijo que va a buscar la manera de cómo volver a reactivar esas detenciones. En esas cosas si estamos decepcionados porque no hemos visto nada durante estos seis años y seguimos igual”.

Aunado a ello, el 21 de septiembre los padres y madres, junto con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron ante el Poder Judicial de Iguala por no hacer públicos los videos grabados por seis cámaras ubicadas en las instalaciones del Palacio de Justicia, que muestran los hechos ocurridos ahí la noche del 26 de septiembre de 2014.

En la manifestación, Melitón Ortega, uno de los voceros del movimiento y tío del normalista desaparecido Mauricio Ortega, acusó a las autoridades del municipio de haber destruido dicha evidencia y rechazó la versión del presidente del Poder Judicial en Guerrero, Alberto López Celis, acerca de que los padres tienen copias de los videos.

“Si esos videos se ocultaron o se destruyeron o alguien ordenó su destrucción, y el Poder Judicial de Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso debe ser motivo de una investigación. Por ello es que hay mucha molestia de parte de los padres y estudiantes puesto que en el lugar desaparecieron 15 o 20 estudiantes y lo que pudieron haber visto esas cámaras, resulta de importancia capital para saber el paradero de  ellos”, resalta el abogado Vidulfo Rosales.

“Si esos videos se ocultaron o se destruyeron o alguien ordenó su destrucción y el Poder Judicial de Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso debe ser motivo de una investigación”

Y comenta que en caso de que esos videos no sean revelados se pensaría que fueron destruidos de manera deliberada para evitar que se supiera qué sucedió con los 43 estudiantes.

“No queremos una nueva verdad histórica”

A casi dos años del gobierno de López Obrador, familiares y organizaciones le piden evitar la fabricación de una nueva “verdad histórica”.

Al respecto, Humberto Guerrero dice a Contralínea que una de las demandas principales de los padres y madres de los normalistas desaparecidos es que el gobierno “evite la tentación de apresurar una versión oficial de los hechos; es decir, la construcción de una nueva verdad histórica en un afán de querer darle un cierre pronto como para que tenga créditos políticos”.

El integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa subraya que el primer mandatario se comprometió a continuar con las investigaciones hasta que el caso esté esclarecido de manera científica, técnica y sin que exista violación a los derechos humanos de las víctimas.

Además, reitera la importancia de perseguir y sancionar a quien resulte culpable de haber participado en la comisión de este delito, independientemente de qué cargo haya tenido en el pasado.

Y es que uno de los principales avances que se han tenido en la investigación es la identificación de los restos encontrados en una zona llamada la Barranca de la Carnicería, en Guerrero. Ésta se ubica a más de 800 metros del basurero de Cocula.

“Del 21 al 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsqueda en una zona llamada Barranco de la Carnicería. En dicha diligencia se recuperaron 15 indicios. El 28 de febrero se llevaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se examinaron las pruebas, y el 19 de junio la Universidad informó que una de ellas correspondía a la extremidad inferior de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre”. Ello se dio a conocer en México el 7 de julio, por Omar Gomez Trejo, titular de la Unidad de Investigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.

Gomez Trejo enfatizó en conferencia que el caso continuará abierto hasta el pleno esclarecimiento de los hechos.

Otro indicio de esperanza para las víctimas fue una fotografía que circuló en redes sociales en la que se observa a un joven en situación de calle en una plaza de Mexicali, Baja California, con las características del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Leguideño.

Ante ello, familiares pidieron la ayuda de la Comisión Nacional de Búsqueda para emprender un operativo para que se confirme o descarte si la identidad del joven corresponde al normalista.

“El gobierno de modo muy irresponsable hizo pública la foto de una madre que vio en Facebook un retrato de una persona que pudiera parecer su hijo y pidió se agotara esa búsqueda, pero penosamente el gobierno de la entidad donde se realizó, lo difundió”, resaltó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante la conferencia virtual “Retrospectiva del Caso a 6 años de los hechos”.

En este sentido, Vidulfo Rosales detalla a Contralínea que se está haciendo la búsqueda en Mexicali para ubicar a esta persona y saber si es el estudiante de Ayotzinapa. Asimismo, indica que ha habido disposición por parte de las autoridades para emprender esta búsqueda.

A través de estos hallazgos se respalda, una vez más, que la verdad histórica fue una farsa y que las nuevas acciones de búsqueda rompían con la narrativa de dicha mentira, la cual ha impedido obtener la verdad y la justicia del caso.

Crimen de Estado y creación de la Comisión para la Verdad

El reconocimiento de que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado y la integración de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia interinstitucional son los principales logros que se han obtenido en el actual gobierno federal, gracias a las exigencias de la sociedad para esclarecer el caso.

“Con la nueva administración sí hay un cambio sustancial porque esta administración, no sólo en palabras del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial y de la Fiscalía General de Justicia hay un reconocimiento de que aquí hay un crimen de Estado”, afirma Miguel Álvarez, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que “en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros crímenes no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora el presidente de la República no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”, durante una visita que hizo a los pueblos indígenas en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Ello, a pesar de que el año pasado, durante el homenaje de Valentín Campa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado.

“Alejandro Encinas reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado”

Además, Miguel Álvarez señala que la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa es una “comisión inédita, impensable en la administración anterior”. Ello, porque es una instancia formal integrada por madres y madres de los normalistas y hay vínculos con el presidente de la República Mexicana, con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Fiscal General de la República, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También participan integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; así como Serapaz, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“Esto implica el grado de formalidad que hay en el compromiso interinstitucional para avanzar”, menciona el representante de Serapaz. Asimismo, considera que con la administración actual existe la voluntad política que no había en el sexenio anterior porque, incluso, se “construyó la situación jurídica que convenía”.

Como se recordará, el 27 de enero de 2015, Jesús Murillo Karam –entonces procurador general de la República– declaró que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (de Ayotzinapa) fueron secuestrados y asesinados a manos de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos al haber sido confundidos por miembros del grupo contrario, Los Rojos. Sus restos, afirmó, fueron incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero. Los responsables del crimen también hirieron a 25 personas y ejecutaron extrajudicialmente a otras seis. Todo esto, en colusión con elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula. 

Sin embargo, su supuesta “verdad histórica” fue desmentida por el actual fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el 30 de junio de este año, cuando dio a conocer que la Fiscalía había solicitado 46 órdenes de aprehensión en contra servidores públicos de Guerrero por desaparición forzada y delincuencia organizada. A tráves de un video publicado por la FGR, Gertz Manero manifestó: “la información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar [este hecho] como desaparición forzada y conductas de delincuencia organizada impulsan a que esta nueva etapa se pueda manejar con absoluta transparencia y toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”.

Esto provocó que se rehiciera la investigación, a pesar de que hay pruebas que se destruyeron y hubo liberaciones de personas clave para la investigación. El director de Serapaz considera que Ayotzinapa es un caso “emblemático” porque hizo avanzar la legislación, instituciones y mecanismos para los más de 70 mil casos de personas desaparecidas que hay en el país.

Por ello Miguel Álvarez destaca la importancia de “reconocer que Ayotzinapa no es un caso aislado, sino vinculado a los miles de otros casos en el país. Está siendo el eje del arado que va abriendo surco también para las otras miles y miles de desapariciones que cruzan el país”.

Al respecto, el defensor Vidulfo Rosales argumenta que “la voluntad del presidente no es suficiente, necesitamos un compromiso real de todas las instituciones porque es un caso sumamente grave. El entramado de impunidad construido es muy grande para desmontarlo y desenmarañar se necesita el esfuerzo de muchas instituciones”.

“La voluntad del presidente no es suficiente, necesitamos un compromiso real de todas las instituciones porque es un caso sumamente grave”

Importancia de Ayotzinapa para otros casos de desaparición

—¿Qué significado tendría la resolución de la desaparición de los 43 estudiantes?

—Resolverlo marcará un parteaguas en materia de justicia y derechos humanos de nuestro país. Lo cual sentaría las bases para revertir los índices de impunidad y para transitar a un sistema más democratico, donde la justicia es más efectiva, en donde las graves violaciones a derechos humanos se castigan y habría condiciones para establecer medidas de no repetición de estos hechos, –responde Vidulfo Rosales a Contralínea.

Por su parte, Humberto Guerrero considera que la resolución de este caso puede impactar en la forma de entender cómo se puede abordar el cúmulo de miles de desapariciones que hay en el país y de otras situaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos.

El representante de Fundar opina que el trabajo de cooperación que se realizó para identificar los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre es un ejemplo de cómo tendría que ser el proceso de investigación forense en otros casos.

Además, menciona que la identificación forense es un tema presente en la agenda gubernamental que no ha avanzado y con la identificación del normalista se creó un “mecanismo extraordinario de identificación que plantea crear un esquema para identificar los restos de personas fallecidas no identificadas, que posiblemente tienen un reporte de desaparición”. Para lo cual es importante que haya coordinación entre instituciones nacionales, organizaciones independientes y cooperación de instancias internacionales.

“No se puede acabar con violaciones a derechos humanos en México por determinación política. Ninguna autoridad, presidente o senador podrá declarar que en su gobierno no habrá violaciones. Lo que tiene que hacer es entender, estudiar y analizar cómo y por qué acontecen las violaciones de derechos humanos por qué la justicia no funciona”, explicó James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el conversatorio virtual “Retrospectiva del Caso a seis años de los hechos” .

Y es que, independientemente de que haya voluntad política de solucionar el caso, a lo que se enfrenta la actual administración de México es a todo un sistema y “no se cambia un sistema porque se cambie el gobierno, sino que  hay una parte de transformación que debe tener pasos sostenidos”, comenta uno de los miembro del GIEI, Carlos Beristain, a Contralínea, en el mismo foro.

Agrega que hay cosas que no se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que provocan que la verdad se aleje, pero “las peleas hay que darlas. La verdad tiene que salir y cuando se ponen en marcha mecanismos independientes se obtienen mejores resultados, aunque sean más duros de aceptar. La historia [del caso Ayotzinapa] es otra, no es la verdad histórica. Una media verdad que nunca hace una verdad completa”.

El representante de Serapaz añade que la conformación del colectivo de madres y padres de los estudiantes desaparecidos es un “proceso de amor colectivo convertido en exigencia de justicia y ellos han aprendido a coordinarse, conducirse, hablar, expresarse y distribuirse”.

“Toda la vida de los padres se ha modificado. Los conflictos a los que la vida se enfrentan son mayores. Nunca los he oído decir que dejarán todo, sino al contrario, siempre escucho la convicción de continuar hasta encontrar a sus hijos. No se rinden. Siguen de pie y, con ánimo, exigiendo justicia. Las madres y los padres son admirables, al igual que su fuerza de seguir adelante, de pie y exigiendo a las autoridades que haya justicia”, detalla Vidulfo Rosales.

Narra que los familiares aún tienen mucho dolor por la incertidumbre constante que viven, lo cual ha demeritado exponencialmente en su salud. ¿Cómo podría estar un padre que no encuentra a su hijo? Cuestiona. Eso es una angustia indescriptible que solamente un padre que tiene a su hijo desaparecido puede soportar. Es una pesadilla que nunca termina, de la que nunca se despierta. Sólo hasta saber qué sucedió con los 43.

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