La justicia está ausente en el caso del adolescente linchado en Salina Cruz, Oaxaca. En el estado con el mayor número de linchamientos, se violentan los derechos humanos de quienes son víctimas de la agresión popular. A cinco meses de lo ocurrido, la madre de Jordy Alberto Gómez Ortega sigue exigiendo que la muerte de su hijo no quede impune
Este 18 de julio, Jordy Alberto Gómez Ortega habría cumplido 17 años. Fue el mayor de cuatro hermanos. Concluyó con buen promedio el primer año de secundaria. Trabajó como chalán de albañil, vendedor de tortillas y ayudante de mecánico. Cuando había comida, prefería dársela a su hermano. Nunca le decía que no a un amigo. Se dejaba el cabello largo porque le gustaban sus “chinos”. Hace cinco meses, el 18 de febrero, lo acusaron de ser copartícipe de un robo. Más de 100 personas lo lincharon en Salina Cruz, Oaxaca. Apenas era un adolescente.
De acuerdo con la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (Cddhoax), cerca de 108 taxistas lo agredieron. A las tres de la mañana, comenzó el tormento del adolescente. Sobre la explanada del Palacio Municipal, recibió los primeros golpes para después ser llevado en un taxi a la salida de Tehuantepec.
Jordy fue bajado en dos ocasiones: en El Zapotal y en Cruceritos. En cada parada se sumaban más y más taxistas. Lo metieron en la cajuela y, luego, lo arrastraron por el fraccionamiento La Noria, donde Jordy vivía con su padre. En su viacrucis fue arrastrado, torturado, atropellado y finalmente quemado frente al monumento Faro de Cortés.
Estaban presentes elementos de la Policía Estatal, reporteros y fotógrafos. Las imágenes registraron el final de Jordy: él está de rodillas y ensangrentado de la cara. Un hombre le enseña el cerillo, le indica que lo van a quemar. Después le rocían gasolina. Su madre, Marahí Ortega, declararía que su hijo se fue envuelto en una bolsa de plástico porque no fue posible vestirlo ni embalsamarlo. Tan mal quedó.
“Él pedía clemencia y perdón. Sus gritos se oían a dos cuadras y nadie lo ayudó”. Hasta el último momento, Jordy aseguró que era inocente. Lo acusaron de haber apuñalado en el corazón al taxista Ángel Manuel Jiménez Vásquez para quitarle el vehículo. Dijeron que iba acompañado, pero el otro joven huyó.
La Organización Continental de Derechos Humanos asegura que no hay denuncia alguna ni tampoco evidencia del supuesto robo y lesión. María Elena Gil Valle, apoderada legal de la asociación, expone que “con esas versiones justifican la acción contra el adolescente y llevan a la opinión pública a creer que fue justo lo sucedido”.
Marahí refiere haber visto dos declaraciones distintas del taxista supuestamente agredido. En la primera aseguró que alguien más lo había apuñalado; en la segunda, se retractó y acusó al “muchacho flaco”, Jordy.
Pide que se haga una investigación que aclare el paradero del taxi que aparentemente fue robado, el mismo que apareció en las fotografías tomadas durante el linchamiento y, horas después, en el taller de su exesposo. “¿En qué momento mi hijo llevó ese taxi si ya estaba muerto? Lo quieren involucrar”.
El artículo 17 de la Constitución establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. El Ministerio Público inició el legajo de investigación 218/SC/2010 en contra de quienes resulten responsables en la comisión de homicidio calificado. Aunque en las imágenes se identifica a los agresores, hasta el momento no hay ningún indiciado ni detenido.
De acuerdo con el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Oaxaca ocupa el primer lugar entre los estados con más linchamientos que culminan en la ejecución de la víctima. Aún así, según la prensa local, el gobernador Ulises Ruiz calificó lo sucedido con Jordy como un caso aislado.
Sin que la Policía Estatal ni la municipal protegieran la integridad del adolescente, las corporaciones se justifican de no haber actuado. En tanto, el Ministerio Público de Salina Cruz no actúa de ninguna forma, denuncian Marahí y la Organización Continental de Derechos Humanos. “Encubren a los asesinos”, señalan.
“Destrozaron vidas”
La vida sin Jordy es dolorosa. Así resume Marahí Ortega los últimos cinco meses. La madre y los tres hermanos del adolescente dejaron Salina Cruz por las amenazas y las intimidaciones. Están escondidos y piden su vida de regreso. Ni siquiera pueden visitar la tumba de Jordy.
Cuando Marahí mide los daños, no le alcanzan las palabras: “Dejaron una vida truncada, una familia destrozada, un hermano con neurosis y unas niñas tristes, acomplejadas y distraídas”. Tienen la vida desecha, enuncia. El hermano de Jordy necesita medicamentos para controlar la neurosis y las dos pequeñas perdieron el año escolar.
“No les hicimos nada. No matamos y somos los que tenemos que huir. No es justo”. Marahí no tiene miedo, sino coraje. Dice que se tiene que hacer la fuerte para exigir justicia.
Del pueblo donde Marahí creció, ya no queda nada. Si antes los niños y jóvenes salían a divertirse, ahora Salina Cruz es un nido de corrupción. Marahí se lamenta: “Se volvieron salvajes y primitivos, y la gente está muy indefensa”.
Hasta las cinco de la tarde del 19 de febrero, Marahí pudo ver el cuerpo de su primogénito. “¡Con qué salvajismo metieron a mi hijo a la cajuela! Se burlan entre ellos de cómo azotó su cabeza y se oyó un eco fuerte. Dicen: ‘Éste ya se desnucó’”. Tanta saña contra él, no se la explica.
Recuerda de Jordy su corazón noble. Por esa cualidad suya, nunca abandonó al amigo que lo acompañaba esa noche, un joven con problemas. La madre lo dice: “Como todo adolescente, Jordy tenía buenas y malas amistades”.
Marahí está arrepentida. De haber vivido juntos, quizás nada le hubiera sucedido. Jordy se quedó con su padre para estudiar, trabajar y quizás mejorar su relación con él; sin embargo, el abandono y el descuido de su progenitor lo obligaron a refugiarse con sus amigos.
Asegura que nunca anduvo en malos pasos. Le queda ese consuelo cuando habla de las posesiones de Jordy: cosas viejas y zapatos rotos. “Un delincuente tiene dinero; mi hijo, nada”.
No desea que los responsables pasen por el calvario de Jordy: “Lo que quiero es que vivan con su remordimiento y que, cuando crezcan sus hijos, alguien les pregunte si eso les gustaría que les hicieran. Se mancharon con la sangre de un niño. No le dieron la oportunidad de defenderse”.
Marahí hubiera preferido que lo detuvieran: “Yo tendría a mi hijo”. Con todas las heridas que recibió Jordy, acepta Marahí, no hubiera vivido. “Que lo hubieran dejado así, pero hacerle la burla de quemarlo. Los policías lo único que hicieron fue echarle una cubeta de agua”.
Por hacer caso omiso y “andar con los que mataron a su hijo”, denunció a los elementos de seguridad: “En otros lugares salvan a los que quieren linchar y que sí son culpables, pero en Salina Cruz la policía es la ‘solapadora’ de los delincuentes”.
Solicitó una explicación, pero sólo encontró contradicciones. Incluso esperó días para que el médico legista emitiera el acta de defunción. De manos de la fiscal en jefe del Ministerio Público de Salina Cruz, Elvia Hortensia Carmona Rivera, recibió las fotografías de la muerte de su hijo. Dice que se veían los rostros de quienes lo arrastraron, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego; no obstante, aplazó la promesa de girar órdenes de aprehensión en sólo dos semanas. Marahí presentó una denuncia en su contra ante la Procuraduría General de la República por el delito de omisión.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos define que es obligación “cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
No obstante, cada vez que Marahí acudía a la agencia del Ministerio Público a presentar su denuncia, no se le permitía. La fiscal le negaba la atención porque tenía otras cosas de qué ocuparse. Según relata Marahí, lo único que contestó la fiscal fue que los líderes de los taxistas no querían que delataran a los suyos.
Lo último que le explicó Carmona Rivera es que el expediente del caso era confidencial. Argumentó que la información estaba siendo manipulada, por lo que Marahí tendría que presentarse para entregarle personalmente una copia; por precaución, la afectada no fue. En su lugar, fue el padre de Jordy, acompañado por un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, pero la fiscal les negó el expediente.
“Quiero que detengan a los asesinos de mi hijo. ¿Nadie nos va a hacer caso? ¿Nadie nos va a apoyar? Si de verdad quieren justicia, ¿por qué no capturan a esos delincuentes?”, se pregunta y no cesa en su búsqueda de respuestas.
Además de justicia, exige la remoción de las autoridades para evitar que se repita lo sucedido. Pide que la oigan las autoridades: “Tiene que haber justicia para nuestros jóvenes, que hagan su trabajo de manera honesta”.
Marahí se dirige a las personas que aplauden lo que pasó por el ambiente de inseguridad que se vive: “Quiero decirles que no fue así porque no encontraron nada. Sé que están cansados de tanta corrupción, pero no se desquiten con la primera persona. Vean si era justa tanta salvajada contra un niño de 16 años”.
Policías se excusan
El homicidio ocurrió frente a policías estatales y el comandante del destacamento de Salina Cruz, Ambrosio Ramírez Macrinos, quien acudió a bordo de la patrulla 1166 por el reporte de un robo de vehículo. Con personal a su mando, recorrió la zona y atestiguó cómo los taxistas llevaron a Jordy a la explanada del Parque Central Independencia, frente al Palacio Municipal.
Plácido Jarquín, comandante del Sexto Sector de Seguridad de la Policía Estatal, afirmó en el oficio 201/2010 que la multitud de taxistas impidió a los policías asegurar a Jordy. Al llegar al fraccionamiento La Noria, encontraron un bloqueo de 100 taxis que no les permitieron seguir su camino.
De acuerdo con el legajo de investigación (218/SC/2010), el oficial declaró haber solicitado auxilio sin éxito: “Escuché por la frecuencia de la Policía Municipal que se ‘abrieran’ todas las patrullas de los municipales, que no fueran detrás de los taxistas y que me quedara sólo con mis cinco elementos”.
Según el oficio AEI/56/2010, el subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones informó que los agentes del grupo Salina Cruz “en ningún momento fueron informados de los hechos, sino hasta las seis horas, cuando el agente de guardia recibió una llamada anónima en la que reportaban que una persona sin vida se encontraba frente al Monumento Faro Cortés”.
Contrariamente, la Recomendación 07/2010 de la Cddhoax apunta que estaban en servicio 95 elementos activos y tres patrullas, por lo que tuvieron posibilidad de reclutar a más policías para hacer frente a la situación. También indica que, según notas periodísticas y las entrevistas que sostuvo con testigos, el director de la policía municipal, José Daniel Villalobos Sánchez, estaba presente en el Monumento Faro Cortés.
Autoridades violentaron derechos humanos
La Cddhoax emitió la Recomendación 07/2010 el 25 de febrero. Para el organismo, se violentaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, de integridad y seguridad personal, y el derecho a la vida del menor Jordy Alberto Gómez Ortega.
“En un Estado democrático de derecho es grave que los particulares rebasen el imperio de la autoridad, pues trae como consecuencia que la seguridad pública se vea quebrantada y, por ende, los particulares corran un riesgo mayor ante la realización de hechos que atenten contra el valor fundamental de la persona que es la vida.”
Sostiene que es imperioso que la agencia local de la Procuraduría General de Justicia del Estado efectúe a la brevedad todas las diligencias para determinar si el homicidio se realizó con las agravantes de premeditación y ventaja.
Considera que las omisiones de los agentes de la Policía Estatal y municipal permitieron que los taxistas continuaran con los hechos delictivos que culminaron en la pérdida del menor. Apunta que ambas corporaciones tuvieron conocimiento oportuno de la detención y agresión contra el menor; sin embargo, no realizaron acción alguna para salvaguardarlo.
La Cddhoax observa que ello denota una falta de coordinación entre cuerpos de seguridad de distintos niveles, de programas de reacción inmediata, de preparación en técnicas de negociación, de toma de decisiones en situaciones de riesgo.
La conducta de los servidores públicos, sugiere el organismo, probablemente encuadre en la hipótesis contemplada en el Código Penal de Oaxaca sobre el abuso de autoridad, que señala que el funcionario público incurre en el delito “cuando ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquier persona”.
Por ello, recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el ayuntamiento de Salina Cruz instrumenten planes que desactiven conflictos ordenada y eficazmente, comisionen más efectivos de la Policía Estatal y creen un grupo de reacción inmediata. El organismo sugiere se inicien procesos administrativos contra Plácido Jarquín, Ramírez Macrinos, Villalobos Sánchez y los agentes involucrados.
María Elena Gil Valle, procuradora general y apoderada legal de la Organización Continental de Derechos Humanos, sostiene que las autoridades y los elementos de seguridad son tan delincuentes como quienes cometieron el asesinato: “Si no son capaces de responsabilizarse, entonces que se les procese”.
A los señalamientos de la Cddhoax, la activista agrega el que la fiscal Hortensia Carmona Rivera no realice su trabajo al no girar las órdenes de aprehensión y detenga la investigación: “Tendría que defender a la víctima, pero no está haciendo cumplir la ley ni está haciendo justicia a favor de un menor”.
La Organización Continental de Derechos Humanos, que sigue el caso de Jordy, presentó una queja ante la Presidencia de la República. “Con un caso así, ¿qué nos espera a los mexicanos? A Jordy no habrá quién lo regrese y es una víctima más de la mala impartición de justicia que hay en nuestro país. Queremos pugnar porque haya justicia”, reflexiona la activista.
Considera que, frente a la injusticia y la impunidad, la obligación de la ciudadanía es ejercer presión: “Debemos ver quiénes gobiernan los estados donde hay tantos casos de violencia. Quiénes funcionan y quiénes no. Además, solicitar que exista una fiscalía ciudadana para exigir al servidor público que cumpla con su trabajo”.
País de linchamientos
La Radiografía de los linchamientos en México, realizada en 2005 por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, apunta que ocurrieron 198 linchamientos entre 1988 y 2005. En ese periodo, se cuadruplicaron los casos respecto de la década anterior.
Únicamente seis entidades del Centro y Sur del país concentraron el 80 por ciento de los linchamientos. La lista la encabeza Oaxaca, donde predomina la ejecución por encima de la tentativa; casi el 90 por ciento de los linchamientos culminaron en la muerte de las víctimas. Por el contrario, en el Distrito Federal, el Estado de México y Guerrero, son salvadas en su mayoría. Según cifras de El Universal, en promedio hubo un intento de linchamiento cada 60 días en el Distrito Federal y en el Estado de México entre 2001 y 2008.
En términos generales, el robo y la violación son los móviles de agravio que más potencian la indignación de una colectividad: “Dejándonos entrever la importancia del patrimonio y la condición íntima para la sociedad mexicana. Por ello que cuando el individuo ordinario los percibe quebrantados, tiende a pensar que la única opción ante la agresión es su propio refugio en la comunidad, asociado a la búsqueda de un castigo extremo”.
Se suman a esos motivos, en orden descendente: el abuso de autoridad, el asesinato, el desacuerdo, el secuestro, el atropellamiento, la religión, los disparos de bala, la confusión, los golpes, las heridas con arma blanca y los disturbios.
Rodríguez Guillén y Mora Heredia sostienen que la ineptitud del aparato judicial y su complicidad con los delincuentes son caldo de cultivo para los actos de justicia por propia mano: “Dejan al imaginario común la certeza de que policías, jueces y delincuentes son cara de la misma moneda, de ahí la inmediata indignación ante los abusos de autoridad”.
Los investigadores advierten que una sociedad empobrecida cambia los límites de su tolerancia con suma facilidad y su disposición a la violencia suele ser una de las manifestaciones prácticas que la acompañan.
