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En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.

El aguacero había cesado y la selva escurría. Noche cerrada, sin luna. Las chicharras, alborotadas por la lluvia, zumbaban en coros de miles: un chirrido atronador. Un huaco, a lo lejos, lanzaba su graznido de advertencia. El vaivén de la hamaca dejaba asomar una guitarra, apenas rasgada de vez en vez por Berto, quien dormitaba, susurraba, soñaba.

Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.

“Ante el ‘golpe contundente’, no claudicamos; redoblamos la resistencia”, señalan estudiantes normalistas rurales.

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