Ante la inminente privatización de Pemex, la propuesta de reforma hacendaria del gobierno peñista busca sacar dinero de donde se pueda. El problema es que apenas podrán arrancar unos cuantos pesos sin menoscabar los privilegios de los más ricos del país. Las mayorías, sin embargo, sí pagarán las consecuencias
Es evidente que toda pretensión de cambio en los impuestos –o de cualquier otra cosa– siempre llega acompañada de una apresurada manada de apologistas que tempranamente intentan vender sus bondades, como si fueran objetos preciosos ofrecidos a precios de regalo aparentando conocer todos sus detalles; como si fueran visionarios aventajados pese a que difícilmente han leído las más de 1 mil páginas que suma el paquete de la reforma hacendaria.
Está quedando claro que El Pacto por México encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que se han sumado los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y que ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación masiva (Televisa y Tv Azteca), así como apoyado y ensalzado por diversos sectores empresariales y sindicales, no es otra cosa que una estrategia mediática que quiere hacer creer a los mexicanos que la gran mayoría de las llamadas reformas estructurales que impulsa el PRI son la solución a los diversos problemas que aquejan a nuestro país.
Hay optimismo en los gobernantes de la federación. Sus estrategias para demostrar que pueden hacer cambios importantes han sido tomadas muy en serio por los organismos y los medios internacionales. Tanto, que al coro de los periódicos que elogian a Enrique Peña Nieto se sumó The Washington Post, el diario más influyente en lo político del imperio, pues en lo económico, obviamente, está The Wall Street Journal, que también habla positivamente de las posibles reformas mexicanas, especialmente en el codiciado petróleo.
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