
Justicia se acerca cada vez más al senador Miguel Ángel Mancera
La detención que anunció ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de Julio Serna Chávez, quien fuera jefe de gabinete en

La detención que anunció ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de Julio Serna Chávez, quien fuera jefe de gabinete en

Detrás de leyes y reformas antipopulares –como la laboral, la energética, la de telecomunicaciones y la educativa– está el oscuro trabajo de los cabilderos. Sin importar el costo, éstos tienen como principal función influir en las decisiones de los legisladores para que se favorezca o se evite algún perjuicio a las industrias, organizaciones o incluso naciones que representan.

Puntual como acostumbra ser para sus actividades laborales, el secretario de Estado Miguel Ángel Osorio Chong llegó a su cita con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Era la mañana del pasado 28 de junio. Traje oscuro impecable, corbata y zapatos lustrosos vestía el responsable de la política interna del país. En la sala de juntas ya lo esperaban senadores y diputados. Al titular de Gobernación lo acompañaba un equipo mínimo de asesores, de esos que acostumbran a elaborar tarjetas informativas ante preguntas incómodas o difíciles de responder. Sólo un fólder con documentos y notas al margen llevaba el funcionario.

Grandes empresas y trasnacionales invierten millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal

La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.











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