En Estados Unidos el gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, demandó por fraude a la compañía de sistemas Oracle Corporation, una vieja empresa conocida en México por sus relaciones comerciales con la administración del gobierno de Vicente Fox.

La administración de Barack Obama asegura que en un contrato por la venta de software, vigente entre 1998 y 2006, se aprovecharon prácticas comerciales irregulares para elevar el precio de los servicios. En otras palabras, la firma estadounidense elevó sus presupuestos para obtener ganancias desmedidas. Cualquier parecido a lo que sucede con los contratos gubernamentales mexicanos es sólo casualidad.

La información que sustenta el reclamo contra Oracle, de acuerdo con la prensa estadounidense, fue obtenida gracias a la confesión – testigo protegido seguramente – de un empleado de la compañía que destapó la caja de Pandora sobre las prácticas fraudulentas. En México la prensa hemos documentado cualquier cantidad ilícitos gubernamentales en complicidad con el sector privado y a pesar de ello nunca sucede nada, la impunidad y la omisión son los principios que rigen a los gobiernos panistas.

En el caso de la empresa estadounidense, fue Paul Frascella, director de Servicios de Contrato de Oracle, quien decidió llevar este caso a los tribunales. Las leyes más estrictas en ese país y las consecuencias de no denunciar delitos que afecten a los inversionistas y el público consumidor impulsan este tipo de confesiones de ejecutivos en las grandes corporaciones.

Frascella también recibió el incentivo de la ley conocida como “False Claims Act”, que ofrece recompensas económicas a los abogados que denuncian fraudes contra el gobierno. Imaginemos si eso pasara en México, prácticamente todos los abogados tendrían mucho que declarar, pues el gran cliente para defraudar es sin duda el gobierno federal.

El reclamo del gobierno estadounidense consiste en que Oracle ofreció a sus clientes en la administración pública descuentos muy inferiores a los que aplicaba a su cartera de contratos privados. Mientras al gobierno le ofrecía, para obtener contratos, descuentos de 40 por ciento, a los privados llegó a extender reducciones de precios hasta en un 70 por ciento.

El caso Oracle-México

Al hablar de la justicia en México las cosas son distintas, las acusaciones contra Oracle podrían haber ido mucho más lejos, sí se tuvieran incentivos parecidos para proteger a los denunciantes o sí, simplemente, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hubiera aplicado al pie de la letra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala sanciones a las empresas que incurren en incumplimientos de contratos o en sobreprecios. Es decir, la impunidad pura.

Han pasado tres años desde que en este espacio documentamos ampliamente las inconsistencias en las que incurrió el contrato millonario que Oracle firmó con el SAT para desarrollar la plataforma tecnológica más ambiciosa planteada por el organismo dedicado a la administración y aplicación del cobro de impuestos.

El costo del proyecto fue superior a los 82 millones de dólares y su financiamiento se remonta a septiembre de 2002, cuando la Secretaría de Hacienda firmó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un contrato de préstamo número 7127-ME, por un monto de 52 millones de dólares, para financiar parcialmente el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria (Proyecto Banco Mundial), cuyo costo total se estimó en 82 millones de dólares.

El gobierno mexicano se comprometió a aportar 30 millones de dólares al firmar en marzo de 2003 un contrato de mandato con Nacional Financiera, con la intervención del SAT, a fin de administrar el préstamo y supervisar la ejecución del Proyecto.

El contrato se hizo efectivo a partir del 28 de marzo de 2003 y el gobierno mexicano se comprometió a que se aplicaría del 28 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 2006, fecha límite del compromiso. La fecha pactada para el desembolso fue el 30 de junio de 2007, con un periodo de gracia de 5 años y un vencimiento a 15 años.

En 2007, el SAT tenía el reto de iniciar, hasta el primer trimestre de ese año, la operación integral de esta plataforma tecnológica cofinanciada por el Banco Mundial para combatir evasión y aumentar la recaudación. Sin embargo, el proveedor Oracle, hasta ese momento, había incumplido los tiempos de ejecución y el contrato corría el riesgo de revocarse.

En ese momento, los módulos del sistema con el que pretendía reinventarse al SAT para incrementar la captación fiscal “no se comunicaban entre sí”. Ahora, lo único que sabemos sobre los resultados de ese contrato, gracias a la nula transparencia sobre el mayor contrato que había conseguido Oracle y su empresa Peoplesoft al comprometerse a desarrollar la plataforma de software ERP –Enterprise Resource Planning –, con la que se buscó ordenar y redirigir los recursos del organismo para mejorar la fiscalización.

Pero lo que sí pueden confirmar los contribuyentes en cada época de pago de impuestos, es que la plataforma exhibe grandes problemas técnicos y que el pago de 82 millones de dólares resultó excesivo frente al servicio que ofrece para mejorar la recaudación tributaria en el país.

El conflicto con el contrato de Peoplesoft, reconoció en su momento el propio SAT, era la conectividad entre las soluciones que operan a nivel local. Por ello, hace tres años prometían sanciones de las cuales, hasta ahora, no hemos tenido noticias.

Tal vez el problema se generó en que la firma obtuvo el contrato con el gobierno mexicano, pero se dedicó durante este tiempo a subcontratar, según fuentes de la propia dependencia, a pequeñas empresas en países de Centro y Sudamérica, para sacar adelante los compromisos del contrato.

Aunque pareciera superficial ese dato, es una muestra de las fallas que sigue presentando la plataforma millonaria del SAT: miles de contribuyentes que usan computadoras tipo Macintosh, simplemente no pueden realizar a través de ellas sus trámites con el SAT. Oracle no los contempló. Los programas del SAT sólo funcionan con Windows. ¿Qué harán los contribuyentes que tienen una Mac? ¿Pueden dejar de pagar impuestos?

México, de esta forma, quedó endeudado para pagar a Oracle-Peoplesoft sus honorarios y la responsabilidad de la firma estadounidense se diluye en la medida que pasa el tiempo, sin que los contribuyentes sepan hasta qué punto funcionó este contrato en el que el gobierno federal, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, no revisará la actuación de este gigante del software con prácticas comerciales poco claras y que ahora en su propio país sí será llamado a cuentas, mientras que en México nuestras autoridades siguen haciendo negocios sucios con dinero público.

Plataforma de Solución Integral

En enero de 2008, escribimos en Oficio de papel sobre la auditoría externa –ordenada por el SAT a KPMG y pagada por la compañía “privada” ISOSA (esa que tantos dolores de cabeza le ocasionó a Francisco Gil Díaz)–, en donde se revela que la operación de la Plataforma de Solución Integral, desarrollada por Oracle, es inviable; pese a esto, en 2007 el órgano encabezado por Zubiría Maqueo adjudicó a la empresa tres contratos que superan los 50 millones de pesos.

En aquella ocasión una amplia investigación de la revista Contralínea, se daba cuenta de que en el primer año de la administración de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó directamente tres contratos a Oracle, empresa vinculada con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El primero es el CS309ADM10006–309, otorgado el 5 de enero de 2007. Éste tuvo por objeto el “servicio de administración de aplicaciones Oracle para AGS” y costó 21 millones 466 mil 255 pesos. Su vigencia, de acuerdo con el portal de transparencia del SAT, concluyó el 5 de marzo del mismo año.

Por el mantenimiento del servicio y actualización por soporte de licencias de Oracle, el SAT pagó 9 millones 999 mil 117 pesos, según consta en el contrato CS309ADA00507–309, signado el 14 de marzo pasado.
El tercer contrato, CS309ADA02607–309, fue adjudicado el 28 de mayo de 2007 y compromete recursos por 19 millones 691 mil 999 pesos. Sin especificarlo, el objetivo se identifica sólo como “Oracle (on the man)”.
Estos nuevos convenios se dan a pesar de los retrasos registrados desde fines de 2006 en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

En febrero de 2007 el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda documentó, a través de una auditoría externa, graves irregularidades en dicha plataforma tecnológica, desarrollada por Oracle, empresa de la que es “socia” Hildebrando, SA de CV, como lo reconoció el propio hermano de Margarita Zavala en una entrevista con el diario La Jornada, el 10 de junio de 2006.

La auditoría practicada por la firma española KPMG a la Plataforma de Solución Integral determina que la operación de ésta es inviable. Entre las “acciones definitivas”, la consultora recomienda al SAT el “rediseño y construcción de componentes diferenciados, para reducir el consumo de recursos”.

Para el financiamiento parcial de la Plataforma –que tiene por objeto aumentar la recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención a los contribuyentes y tener mayor control de éstos– la Secretaría de Hacienda obtuvo un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 52 millones de dólares.

Aunque el costo total se presupuestó en 82 millones, funcionarios del SAT aseguran que ya es superior a 450 millones de dólares (Contralínea, 83). No obstante la inversión, las fallas en que incurrió Oracle, y antes la empresa Peoplesoft, han impedido el cumplimiento de los tres objetivos.

Y es que según la auditoría, Oracle nunca contó con planes de contingencia, capacidad, desempeño ni mantenimiento. “La revisión abarcó la búsqueda de elementos que evidenciaran su existencia, la cual no fue posible establecer. El bajo desempeño e inestabilidad de los aplicativos hace evidente la carencia de éstos”, detalla el informe.

Además, establece que “su rendimiento y desempeño son extremadamente pobres, al consumir gran cantidad de recursos de cómputo, presentar tiempos de respuesta excesivos, inestabilidad en su operación, baja confiabilidad en el manejo de las transacciones y de la información procesada”.

KPMG resuelve que “en las circunstancias presentes se hace inviable su operación y escalabilidad, para atender las necesidades actuales proyectadas del SAT”. La consultora trasnacional indica que la mayoría de las fallas se registran en el componente central del modelo CRM, de Peoplesoft.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la compañía ISOSA y el SAT quebrantaron el patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.

La cláusula primera del contrato SL–406/05, signado el 16 de noviembre de 2006 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que “KPMG e ISOSA acuerdan establecer las condiciones en las que se llevará la relación jurídica existente entre ambas partes, a fin de que KPMG le otorgue a ISOSA los servicios profesionales para la revisión de la Solución Integral, basada en la suite de productos Peoplesoft”. Por estos servicios, la empresa privada pagó 173 mil dólares, descubre la cláusula tercera.