En un reporte evaluativo sobre la Iniciativa Mérida, auditores de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, se manifiesta la necesidad de dar seguimiento al uso que está haciendo el gobierno mexicano de los helicópteros tipo Black Hawk UH 60 que la administración de Barack Obama entregará para combatir a los cárteles mexicanos.
  Aunque no es la primera vez que la GAO censura la manera y eficacia en la aplicación de los recursos que entrega el gobierno estadounidense para “contribuir” a la guerra contra el narcotráfico, tampoco es la primera vez que ese órgano de vigilancia del Congreso de los Estados Unidos descubre sucios intereses económicos detrás de este apoyo del gobierno estadounidense, es decir que se autoricen proyectos y partidas de dinero para beneficiar irregularmente a empresas privadas, tal y como sucede constantemente en México con el dinero público.
 En esta ocasión, según reportes de las autoridades mexicanas y estadounidenses, los helicópteros por un valor superior a los 160 millones de dólares serán “regalados”.
  En otros años, las licitaciones de estos equipos ocuparon partidas del Presupuesto de Egresos del gobierno mexicano y fueron motivo de graves problemas de corrupción. Siempre, sin embargo, habrá un negocio detrás. En este caso el gigante estadounidense United Technologies Corporation, que compró la empresa de Igor Sokorsky – creador de los helicópteros Black Hawk –, es una de las beneficiadas directas de los contratos millonarios firmados para la guerra contra el narcotráfico en Colombia y ahora en México.
 Al segundo trimestre de 2010, las ventas de la división de aviones militares de United Technologies logró un incremento de 42.5 por ciento gracias a los contratos en América Latina, lo que le significó millonarias ganancias.

  El negocio de los helicópteros
 En 2001 publiqué los resultados de una investigación en la que al menos 40 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva (PFP) se habían visto involucrados en las irregularidades que se cometieron al adquirir sin licitación previa 12 aeronaves, en su mayoría usadas, para el combate contra el narcotráfico.
 En aquella investigación aparecían nombres como el de Wilfrido Robledo; el exdirector de Inteligencia de la PFP, Genaro García Luna, entonces director general de la Policía Judicial Federal de la PGR y actual secretario de Seguridad Pública Federal, y el exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Cajiga Estrada. Este último firmó la entrega del dinero para la compra de las aeronaves y por ello Gobernación debió verificar que el procedimiento fuera lícito.
 La auditoria practicada a dicho proceso de adquisición de las aeronaves, dio como resultado que no había desviaciones de recursos, es decir que la disposición de los 32 millones de dólares (casi 320 millones de pesos) que hizo la PFP para la compra de los nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de superlujo y los otros dos un Falcon y un Caza, sí se utilizaron para el pago de las aeronaves.
 Pero las irregularidades en el proceso se ubicaron, por ejemplo, en que uno de los helicópteros estaba embargado a la Eurocopter y a pesar de ello fue adquirido por la PFP, organismo que de acuerdo con las fechas de adquisición financió a la empresa franco-alemana Eurocopter (la cual posee capital público del gobierno francés) para que ésta liquidara deudas y pudiera liberar la aeronave embargada.
 Otras de las irregularidades descubiertas por la entonces Secretaría de la Contraloría es que faltó un adecuado afianzamiento de los contratos para la venta de las aeronaves por parte de las empresas privadas, además de que se abandonaron normas que disponen las leyes para las compras gubernamentales.
 También faltó una justificación para que los helicópteros y aviones se adquirieran sin licitación, como lo dispone el reglamento en la materia. De acuerdo con la auditoria de aquel entonces, los nueve helicópteros costaron 17.5 millones de dólares y los tres aviones 14.5 millones.