La construcción de un conjunto habitacional sería la razón por la que se pretende despojar de sus tierras a 14 ejidatarios de Temascalapa, acusan los afectados. Desde 2007, los campesinos han padecido agresiones y amedrentamientos por parte del supuesto intermediario de la inmobiliaria Ke Corporación, para que cedan sus propiedades. Rodeado por los municipios urbanizados de Tecámac, Estado de México, y Tizayuca, Hidalgo, Temascalapa es uno de los reductos del Valle de México donde la vocación agrícola aún no es aniquilada por la expansión inmobiliaria
Mayela Sánchez/Rubén Darío Betancourt, fotos/enviados
Temascalapa, Estado de México. “Estoy embarazada, si algo me ocurre tú serás responsable”, dijo Margarita al policía que, sujetándola del cabello, le daba de tirones. Sin hacer caso de sus palabras, otro policía la aventó por detrás contra su automóvil y comenzó a revisarla de arriba abajo.
Era cerca del mediodía del 18 de octubre de 2011. Esa mañana, cuatro campesinos se encontraban en sus parcelas, ubicadas en el predio conocido como la Exhacienda de Paula, cuando entre 80 y 100 elementos de la Policía Ministerial del Estado de México y de la Agencia de Seguridad Estatal llegaron para desalojarlos.
Los agentes no sólo iban armados, sino que llevaron máquinas de trascabo para derribar las dos cabañas que los campesinos habían levantado en sus terrenos.
Al enterarse de la presencia de policías en el predio, otros ejidatarios, entre ellos Margarita, se apresuraron a ver qué ocurría. Tanto los campesinos que se encontraban en el lugar como quienes llegaron fueron agredidos por los agentes policiales.
Sin presentar orden de aprehensión alguna, detuvieron a 17 personas.
Encarnación Juárez Quezada, presidente del comisariado ejidal de Temascalapa, fue quien resultó más lastimado.
“Uno de los policías me jalaba los testículos mientras otros me pateaban y con un palo me pegaban en la espalda”, declararía después en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde los ejidatarios presentaron una queja, asentada bajo el expediente 2011/3938.
Durante una hora y media, las 17 personas permanecieron encerradas a bordo de una camioneta de la policía. Luego fueron llevadas a una bodega del conjunto habitacional Exhacienda de Paula, que la empresa Ke Casas construyó en predios que otrora pertenecieron también al ejido de ese nombre.
Gracias a que una de las detenidas alcanzó a ocultar su teléfono celular dentro de su sostén, pudieron comunicarse con vecinos del municipio e informarles que los habían llevado a la Subprocuraduría de Justicia con sede en Ecatepec.
Al día siguiente, pobladores de Temascalapa bloquearon la carretera y tomaron el palacio municipal para exigir que se liberara a los detenidos. Ese mismo día, se dejó salir a 16 personas; el último en recuperar su libertad, hasta el día 20, fue el presidente del comisariado ejidal.
En su declaración ante la CNDH, Encarnación recuerda lo que los policías le dijeron mientras lo golpeaban “hasta casi perder la conciencia”. Sus palabras son ilustrativas para entender la razón del ataque.
Evoca el campesino: “Me voltearon y me azotaban la cabeza boca abajo y me gritaban ‘¿Quieres tierra, cabrón? Pues órale, trágate tu tierra’”.
Y es que para Encarnación, Margarita y una docena de ejidatarios más, la resistencia a vender sus tierras les ha valido padecer agresiones y presiones desde 2007.
A decir de los afectados, el responsable de esos atropellos sería Sergio Rodolfo Lima Martínez, supuesto representante legal de Graciela Wilk Bohy. Ambos son identificados por los campesinos como quienes en 2006 llegaron a Temascalapa a comprar tierras.
La adquisición de los predios tendría como fin la construcción de un conjunto habitacional, habrían dicho los compradores a los lugareños.
Por ello es que los 14 ejidatarios señalan a Lima Martínez y a Wilk Bohy como los intermediarios de la inmobiliaria Ke Casas. Dicha empresa, filial de la empresa Ke Corporación, ha construido el único conjunto habitacional que hay en el municipio, contiguo a los predios que interesaron a los compradores.
Presiones, amenazas y despojo
La malla ciclónica que bordea la tierra se antoja interminable; la vista no alcanza a distinguir hasta dónde se extiende el confinamiento de 120 hectáreas. Más allá del cerro, una hilera de las claras fachadas, que forman parte del conjunto habitacional Exhacienda de Paula, parece anunciar su fin.
La extensa retícula limita el polígono que forman los terrenos del ejido Exhacienda de Paula y habría sido colocada por los compradores de tierras.
Aunque la mayoría de las parcelas fueron adquiridas por éstos, el cerco también abarca las propiedades de los 14 ejidatarios que se negaron a vender, así como las veredas por las que accedían a sus tierras.
De este modo, a los campesinos se les ha impedido el paso a sus propios terrenos. La custodia por parte de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la agencia Seguridad Privada y Protección Empresarial, así como los letreros con la leyenda “Propiedad privada. Prohibido el paso” son parte de la presión para que cedan sus tierras, consideran los ejidatarios.
Como el grupo logró sortear la prohibición de paso a sus parcelas, les obstaculizaron la entrada de máquinas para el arado mediante el cavado de profundas canaletas alrededor de sus tierras.
En octubre de 2010, sus terrenos fueron incendiados y sus cosechas destruidas. Por eso es que esta vez decidieron sembrar avena, que es lo más barato; así si les volvían a arruinar la cosecha la pérdida no sería tan grave.
Aunque los campesinos han denunciado estas agresiones a las autoridades municipales, éstas han sido omisas, cuando no complacientes con los compradores de tierras, a quienes los ejidatarios señalan como responsables de los agravios.
A decir de los afectados, el anterior presidente municipal, Joaquín Islas Pérez, habría sido tan obsequioso con los compradores que los apoyó cuando éstos, al cabo de medio año de ofrecer el pago por las tierras, alegaron ser los dueños del predio y reclamaron su entrega.
El munícipe habría intercedido entonces para apresurar a los campesinos a llegar a un acuerdo con los supuestos propietarios, quienes les propusieron “gratificaciones” de 25 y 30 pesos por metro cuadrado de la tierra que según ellos les pertenecía.
“Piénsenlo, porque al rato ni tierras ni dinero”, les habría dicho Islas Pérez a los ejidatarios.
Parte de la oferta que los supuestos dueños hicieron a los campesinos fue la entrega de un departamento de los que construirían una vez que adquirieran todo el predio. Quienes aceptaron el ofrecimiento pidieron una copia del documento que sustentara ese acuerdo, que hasta la fecha no se les ha entregado.
Para la realización de este trabajo, Contralínea buscó al representante legal de la inmobiliaria Ke Corporación y director general corporativo de Ke Casas, Alfredo Sefami Mizraje. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
El área de comunicación social del municipio de Temascalapa tampoco había contestado la solicitud de hablar con el presidente municipal, Mauricio Copca.
La defensa de la tierra
Ajenos a las presiones que atribulan a sus padres, un grupo de niños se entretiene en el inmenso predio al tiempo que se dirige, junto con los mayores, a las tierras que algún día les pertenecerán.
Ellos aún no saben que los eucaliptos, pinos y nopaleras que ahí existen, al igual que los cultivos de maíz, cebada o avena entre los que juegan, son producto del trabajo de sus padres, quienes reforestaron el ejido en la década de 1980.
Tampoco tienen idea de que, previo al rescate de las tierras, éstas fueron invadidas en 1983, por personas ajenas a la comunidad. Los infantes no podrían imaginar los enfrentamientos que hubieron entonces entre ejidatarios e invasores por la posesión de esos terrenos.
Ya ni hablar del proceso que en 1929 iniciaron para solicitar una ampliación ejidal ante el entonces ministro de Agricultura y Fomento, con el fin de que se beneficiara a los campesinos que habían quedado fuera del reparto agrario a pesar de la resolución presidencial para la dotación de tierras de 1927.
La defensa de sus tierras llevó a los campesinos a solicitar en 2008 al Tribunal Unitario Agrario del distrito 23, con sede en Texcoco, que realizara las diligencias necesarias para acreditar la propiedad ejidal de los terrenos del predio de la Exhacienda de Paula.
La autoridad agraria se negó y alegó que no era de su competencia. Mas una sentencia de amparo del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, determinó que la resolución del Tribunal era “ilegal”.
Además, asentó que conforme a una solicitud de ampliación del ejido de 1985, quedaba evidenciado que ellos eran los poseedores de esas tierras, en su calidad de ejidatarios y campesinos labradores de las mismas.
Aunque la sentencia del amparo resultó favorable, sigue pendiente la resolución del Tribunal Agrario, que la ha pospuesto hasta febrero de 2012.
Tras la agresión de octubre pasado, los campesinos en resistencia han llegado a un acuerdo con Lima Martínez para que nadie ingrese al predio.
Previo a ese acuerdo, Contralínea recorrió las tierras en disputa. Desde el ejido Exhacienda de Paula es fácil reconocer los límites de este municipio de vocación agrícola: los llanos y sembradíos pertenecen a Temascalapa; allende, las casas uniformes de vastos conjuntos habitacionales anuncian que se trata de los municipios urbanizados de Tecámac o Tizayuca.
“Es el patrimonio de nuestros hijos y, pues mucho o poco, aquí tenemos algo, entonces no estamos en condiciones de vender”, explica una de las mujeres que integra el grupo de ejidatarios en resistencia, al referirse a la tierra.
Mientras señala un cactus que fue dañado por el incendio del año pasado, Margarita agrega: “Va a ser difícil que borren los vestigios de que las tierras han sido labradas y cuidadas por los campesinos durante tantos años”.
