Mientras Televisa y Tv Azteca (matrices en duopolio que encubre una complicidad monopólica) nada informan sobre las agresiones y el encarcelamiento contra cinco periodistas y un guía indígena ikoot, Eleazar Infante Fiallo –quienes ejercían sus derechos de libertad de prensa para recabar información sobre el problema social de la instalación del parque eólico San Dionisio, en la Barra Santa Teresa, en Oaxaca–, un cacique, en calidad de presidente municipal, de nombre Francisco Valle Piamonte, de San Mateo del Mar, ordenó a su policía detenerlos e interrogarlos; borraron las fotografías y sacaron copias de los documentos que portaban los periodistas y reporteros gráficos, quienes laboran para el periódico La Jornada, para la Agencia Autónoma de Comunicación y el Informativo Generando Opinión, con su medio de comunicación Subversiones.
Los trabajadores de la prensa, a quienes les violaron sus derechos de ciudadanos en general y los respectivos de su labor periodística, son Rosa Rojas, Francisco Olvera, Karina Martínez Castillo, Ignacio Garrido García y David Henestrosa. Contra ellos cargaron el uso de la fuerza policiaca para que no cumplieran con su deber de obtener información acerca del proyecto de la empresa trasnacional Mareña Renovables, que pretende, sin el consentimiento de la comunidad, instalar sus hélices eólicas, como lo han estado haciendo en gran parte del territorio oaxaqueño con la autorización y complicidad del desgobernador Gabino Cué Monteagudo. Éste, es sabido, se ha puesto de parte de los empresarios que abusan, y tiene una administración contraria a los intereses de los oaxaqueños. “Lo anterior es una muestra de que no hay condiciones para ejercer el periodismo, se impide la libertad de expresión en el país y las autoridades no garantizan el ejercicio de nuestra profesión, por lo que exigimos al gobernador Cué Monteagudo una investigación a fondo y [el] castigo a los culpables” (desplegado “¡No están solos!”, publicado en La Jornada el 23 de marzo de 2013).En materia de libertades de prensa, el priísmo mayoritario, que ya impera en la geopolítica mexicana, está repitiendo el mismo mal gobierno de los panistas. Así como no cesa la violencia en general, tampoco acaban las embestidas contra los periodistas. Y son los reporteros que han de ir a las fuentes para constatar la veracidad de su información los que más están padeciendo abusos de los funcionarios a la par de los delincuentes en una mancuerna, con la finalidad de silenciar a la prensa libre y crítica, último reducto para que la opinión pública reciba información sustentada en la veracidad y con fotografías de los hechos que deben ser conocidos.
Es el caso de Rosa Rojas, Francisco Olvera, Karina Martínez, Ignacio Garrido y David Henestrosa, así como del oaxaqueño y guía de los reporteros Eleazar Infante, una muestra de cómo los gobernantes están actuando igual que los narcotraficantes para que los reporteros no realicen su trabajo. Por todo el territorio se repiten casos semejantes. Es una política de los funcionarios y servidores públicos. Y una conducta de los delincuentes, quienes a toda costa quieren silenciar a los medios de comunicación que abordan la información que callan Televisa, Tv Azteca y sus cadenas de radio para hacer eco del peñismo priísta.
La violencia de la delincuencia y de los funcionarios es una pinza contra todos los mexicanos, incluidos los periodistas; sobre todo los reporteros que tienen que presentarse en el lugar de los hechos. Ésta ha sido la constante desde que apareció la prensa escrita. Y mayormente ahora que el periodismo de investigación es el alfa y el omega del trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un presidente municipal que agrede y encarcela a reporteros y los narcotraficantes? Éstos casi siempre incurren en homicidios. A veces, los empleados públicos también.
*Periodistas
Fuente: Contralínea 329 / abril 2013
