Mientras las cuentas alegres del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su apéndice de facto, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, presentan informes de resta de delitos para suavizar la constante suma de homicidios, secuestros, desapariciones y femenicidios, los mexicanos sufren las consecuencias de la criminalidad que aumenta; pues las “estrategias” de Miguel Ángel Mancera, Enrique Peña y los desgobernadores son pura saliva de discursos e informes que echan abajo los que están monitoreando los hechos a sangre y fuego de sicarios versus soldados, marinos y policías, en el contexto de guerras intestinas en al menos 23 entidades de nuestro federalismo. Un federalismo donde los mandos únicos proponen ocupar militarmente los municipios, vulnerando el Estado federal y tratando de regresarlo al Estado unitario o centralista.

Ante el Leviatán autoritario peñista tenemos casi una guerra de todos contra todos que ha puesto en grave riesgo la gobernabilidad en los términos constitucionales de nuestra democracia republicana, acosada por el neoliberalismo económico con sus recortes de gasto social, en educación, en seguridad, en combate a la pobreza y la privatización del agua.

Conquistadas duramente las libertades de manifestación de las ideas, de recibir educación laica y gratuita, de libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas y de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio de comunicación, éstas han estado siendo atacadas, también, a sangre y fuego: con amenazas cumplidas por todo tipo de agresiones, teniendo como factor común los homicidios de periodistas, trabajadores, empresas editoriales baleadas. Y sicarios que privan de la vida y golpean reporteras por órdenes de jefes policiacos. El resto de las delincuencias actúa con iguales métodos para imponer la censura que llega a implicar el cierre de periódicos, o que éstos ya no informen sobre la inseguridad. En los 2 años de peñismo, las libertades de prensa escrita, audiovisual y radiofónica han sido blanco de agresiones que llegan hasta el asesinato de 22 reporteros.

En los hechos más recientes contra trabajadores de los medios de comunicación, el primero se suscitó la madrugada del 8 de febrero, cuando un centro de distribución del periódico Reforma fue atacado a balazos causando heridas y daño físico irreversible a un trabajador. Todo porque entregaba el periódico para su distribución y difusión, en el municipio de Tlalnepantla, feudo de Peña administrado por el desgobernador Eruviel Ávila (el Estado de México convertido en el segundo Michoacán-Guerrero). El otro suceso tuvo lugar 7 días después, es decir, el domingo 15 de febrero pasado, cuando en Zacatecas fue incendiado el automóvil del reportero gráfico Ernesto Moreno Valtierra.

Fue un acto intimidatorio, una amenaza cumplida, porque La Jornada que se edita y circula en esa entidad es un periódico con la línea editorial e informativa de La Jornadade la capital del país. Peña va seguido a Veracruz y, con su indiferencia a las libertades de prensa o, mejor dicho, su odio contra los medios de comunicación que ejercen la critica a su mal desempeño, sólo ha expresado elogios de viva voz a Televisa, la caja de resonancia de sus enfadosos discursos y donde aparece a cuadro; aunque nunca ha mostrado su cada vez más deteriorado físico (que hace presumir a los televidentes que padece las consecuencias por la extirpación de su tiroides), pues la información sobre su salud es negada una y otra vez.

Los mexicanos sobrevivimos desde 8 años atrás la sangrienta embestida de las delincuencias, los funcionarios-delincuentes y el fuego cruzado de sicarios contra guardias rurales, policías y militares-marinos,y la violación de los derechos humanos. Y es que la inseguridad ya tiene a toda la nación cargando a sus muertos, descubriendo fosas clandestinas con miles de cadáveres, desplazándose a vivir a otros lugares y buscando a sus familiares desaparecidos, a sus hijas secuestradas para la prostitución forzada, o asesinadas.

Los mensajeros de la información que son los reporteros –sobre todo– son agredidos, intimidados y hasta víctimas de homicidios. Los mexicanos, pues, no vivimos, sino sobrevivimos en medio de la quiebra de la paz social. Y ya llegó la crisis económica, la otra inseguridad, que hace las veces de pinza o soga al cuello. Esto hace más indispensable el ejercicio de las libertades de información y de crítica para cuestionar las políticas devastadoras de la inseguridad económica y la criminal.

Investigar los hechos consumados de agresiones a periodistas, como es el caso de los diarios Reforma y La Jornada en Zacatecas, para que no queden impunes, es una obligación judicial. Pero hace falta la actividad preventiva de los gobernantes, que deben aceptar la actuación de los medios de comunicación como apoyo para revertir la inseguridad, y que ésta sea exhibida por el ejercicio de las libertades de expresión para coadyuvar a recobrar la seguridad social para la convivencia, para vivir y no solamente sobrevivir.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

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 Contralínea 426 / del 01 al 07 de Marzo 2015