A casi 1 año de los hechos ocurridos en Iguala, donde seis personas perdieron la vida, 21 fueron lesionadas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, la “verdad histórica” ha sido destruida. Hoy madres y padres de los normalistas convergen con las familias de miles de personas desaparecidas en México para seguir exigiendo y buscando verdad y justicia para honrar a sus hijos e hijas. El Estado tiene una deuda histórica, y es el momento de saldarla. Sólo la reparación del daño integral y la garantía de no repetición podrán regresar la confianza de las y los mexicanos a las instituciones y al gobierno.
El 6 de septiembre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó, a 6 meses de iniciada su labor, el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa (disponible para su descarga en http://bit.ly/1URsF3P). Para realizarlo se apoyó en datos de la investigación oficial y en la documentación de los testimonios de personas presentes e involucradas en los hechos.
En su informe, los expertos de la CIDH alertan sobre inconsistencias en la investigación y omisiones en el procesamiento de información crucial para llegar al conocimiento de los hechos. Las madres y los padres de los jóvenes normalistas, por su parte, han exigido una respuesta real y el fin de las simulaciones que no hacen más que incrementar su dolor. En Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto escribió: “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”.
De forma coincidente, el 9 de septiembre, organizaciones de familiares de personas desaparecidas de distintos estados de la República entregaron a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo un documento con los puntos que consideran fundamentales para la creación de una ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares. Dicha propuesta ha sido construida transformando de manera generosa una experiencia no deseada ni pedida –la búsqueda de sus familiares desaparecidos– en exigencia de una política pública eficaz y congruente.
“Esta tragedia nos ha afectado enormemente como familias: nos hemos enfermado, empobrecido más, nos han extorsionado, engañado, muchas compañeras y compañeros han muerto de tristeza, pero no pararemos”, señalaron en el acto ante representantes del Estado mexicano. Al recibir el documento, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, respondió: “Estamos obligados a que en la elaboración de la iniciativa se escuche a académicos y expertos, pero en este caso no tenemos derecho a dejar fuera las experiencias y propuestas para esta iniciativa de los familiares” (www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/09/entregan-activistas-propuesta-para-ley-sobre-desaparicion-forzada-3869.html).
Las organizaciones de familias de personas desaparecidas reconocen que el caso Ayotzinapa es la coyuntura que abre a la sociedad y a la opinión pública, nacional e internacional, la verdad sobre una situación que tiene décadas en México, con momentos de recrudecimiento. Las familias buscan que se reconozca la indisoluble doble dimensión que tiene esta situación grave y generalizada: por una parte como estrategia del Estado para la eliminación de la oposición política y social, y por la otra como una cadena criminal con fines económicos que involucra a la delincuencia organizada.
“Cuando nos encontramos tantas familias para compartir nuestra búsqueda y para dar nuestra palabra para esta ley, nos asombramos y consternamos de tantos años de guerra en la que han vivido nuestros pueblos, de reconocer que nos faltan tantas personas amadas en nuestro pueblo”, expresaron. Pero también exigen que se pongan los mismos recursos en marcha para la búsqueda de sus hijas, hijos, esposas, esposos, madres, padres y demás seres queridos.
El GIEI tiene mucha claridad en el sentido de que ninguna persona desaparecida es más importante que otra. Por lo que realizó recomendaciones generales para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en el país, que garanticen el acceso a la justicia y el derecho a la verdad a los familiares en lucha.
Esta claridad la tienen también otros actores internacionales (el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias) que llamaron al Estado mexicano a llevar a cabo las recomendaciones. “Su pronta y diligente implantación favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, expresaron diversos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (http://bit.ly/1KiEwlw) que han señalado los grandes retos del Estado mexicano para el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Pero no sólo se trata de la problemática de desaparición de personas. Numerosos casos nos permiten confirmar que las violaciones graves a los derechos humanos son generalizadas y sistemáticas. La participación, aquiescencia u omisión del Estado ante multitud de hechos abona al ciclo de impunidad y corrupción. Todo ello vinculado, de manera integral, con otras violaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que impiden la vida digna de las y los mexicanos.
Este contexto llevó a las organizaciones que conforman la Red Todos los Derechos para Todas y Todos a reconocer una pugna entre diversos actores. En nuestra Agenda política 2015-2020. Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva (disponible en http://bit.ly/1JozpmC) hemos señalado que este contexto permanente de violencia e inseguridad tiene la función de permitir la concreción de proyectos económicos con grandes ganancias, pero adversos a los derechos humanos, y desdibujando la línea entre lo legal y lo ilegal.
Esta situación hace a mujeres, hombres, niñas y niños y jóvenes rehenes en su vida diaria, despojándolos del libre ejercicio de la ciudadanía y dejándolos en situación de vulnerabilidad frente al crimen organizado, empresas y gobierno. El miedo o terror que genera la violencia (cotidiana, institucional, económica, estructural, de género) es un arma para el control social por parte del Estado que favorece la protección de los intereses de los poderes fácticos, económicos y políticos.
Es por esto que la actitud ambigua que descalifica de manera sutil pero consistente el trabajo del GIEI por parte de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (http://cnn.it/1UR5cQr), así como las coincidentes y provocadoras columnas de opinadores oficiosos como Ricardo Alemán –quien nombró el informe de “engañabobos” (http://eluni.mx/1UR4UJd)–, preocupan. Porque lo que se busca es generar un ambiente de confusión que convierta a las víctimas en responsables de su propia tragedia, mientras se pretende diluir la responsabilidad estatal en las graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la voz de las víctimas siempre nos llena de esperanza, pues en su dignidad y coherencia no dan lugar a engaños ni confusiones:
“En este camino de búsqueda hemos perdido la confianza en las instituciones del Estado. Por eso también les decimos que las autoridades están frente a una oportunidad histórica de crear una política de Estado que responda a las desapariciones, con la participación de las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, y empezar así a reparar la confianza que ha sido dañada por la mentira y la negligencia. La impunidad ha sido el eje que ha marcado más de 40 años de la historia reciente de nuestro país, nuestros seres queridos desaparecen porque se puede, porque se permite, porque no pasa nada a quienes cometen el delito o a quienes lo posibilitan.”
No es sólo la voz de las madres y padres de las personas desaparecidas, es el grito de todo México.
Fernando Ríos Martínez*
*Secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 456 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre 2015
