En México, las personas con discapacidad son un grupo de población altamente vulnerable. En el devenir histórico del quehacer gubernamental, habían sido casi invisibles como población objetivo de las políticas públicas, salvo aquéllas de corte asistencial elaboradas por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y por la Secretaría de Salud, a las cuales se suman las de naturaleza filantrópica, cargadas, en la mayoría de los casos, de sentimientos caritativos por parte de los proveedores de “apoyos”.
Arturo Allende González*
Producto del esfuerzo de diversos actores, tanto de carácter individual como colectivo, el 10 de junio de 2005 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.
El 25 de mayo de 2006, se creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional para contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
México fue un destacado promotor de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, la cual fue suscrita por la Organización de las Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007. En la consecución de este objetivo, el liderazgo, el reconocimiento internacional y trabajo incansable de Gilberto Rincón Gallardo fueron determinantes.
El propósito de la Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales a las personas con discapacidad.
El 24 de julio de 2009, el presidente de la República presentó, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, cuya misión es conjuntar políticas de Estado y conducir la operación de estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes de gobierno, para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del país, con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En el ejercicio fiscal 2010, por primera vez en la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos etiquetados por 250 millones de pesos para el Fondo para la Atención a Personas con Discapacidad, decisión política trascendental, pues se reconoce que no hay política pública eficaz si no se cuenta con el soporte presupuestal para ejecutarla.
Los recursos del Fondo auguraban el financiamiento de diversos proyectos y acciones de política pública en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.
Lo anterior expresa la construcción del entramado institucional, organizacional y programático-presupuestal que el Estado mexicano ha construido para sustentar la instrumentación del paradigma de atención a las personas con discapacidad, basado en el reconocimiento pleno de sus derechos. Sin embargo, la discapacidad burocrática, entendida como la limitación o deficiencia para realizar determinada acción gubernamental, impidió ejercer con éxito los recursos etiquetados en el PEF-2010 para atender a este grupo de población.
Aspectos jurídicos, hacendarios y administrativos pudieron más que el compromiso institucional de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal interesadas en la ejecución de proyectos de diversa naturaleza; pero, sobre todo, y éste es el punto más lamentable, los factores burocráticos pesaron más que las necesidades de las personas con discapacidad (en no pocos casos, verdaderamente críticas).
Resulta lamentable que, por discapacidad burocrática, diversos proyectos con viabilidad técnica y presupuestal, pero sobre todo de alto impacto social para este grupo de población y sus familias, no se hayan ejecutado y que esto derivara al cierre del año en un subejercicio.
Lo más lamentable es que por no haber tenido las instancias gubernamentales la capacidad de ejercer los recursos del Fondo aprobado en 2010, se canceló la posibilidad de mantener o incluso aumentar el presupuesto público destinado a las personas con discapacidad.
Lo anterior ha sido expresado públicamente por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, quien señaló enfáticamente durante su participación en el seminario el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, celebrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 17 de febrero, que para 2011 la Cámara de Diputados no había destinado recursos para el Fondo para la Atención a las Personas con Discapacidad, en virtud de que en 2010 éste había registrado un subejercicio, motivo por el cual los recursos (445 millones de pesos) se destinaron al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, del Ramo 23, “Previsiones salariales y económicas”.
Ojalá la discapacidad burocrática no vuelva a generar subejercicio en la aplicación de este nuevo Fondo, acotado al financiamiento del transporte accesible. Cometer el mismo error sería verdaderamente censurable.
*Politólogo y administrador público por la Universidad Nacional Autónoma de México
