La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa que encabeza el abogado Javier Coello Trejo confirmaron esta mañana la detención en Málaga, España, del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

La orden de aprehensión girada el 28 de mayo de 2019 –y que lo mantuvo prófugo de la justicia– se deriva de la investigación que abrió la FGR por la compra irregular de Agro Nitrogenados. Además se le ha investigado por los casos de presunta corrupción relacionados con la trasnacional brasileña Odebrecht y la compra de la planta chatarra Fertinal.

Adicionalmente, el doctor Santiago Nieto –titular de la Unidad de Inteligencia Financiera– indicó a la prensa que Lozoya Austin también es investigado en torno a la compra del astillero español Hijos de J Barreras, que ha causado pérdidas por 50 millones de euros a Pemex y de la cual ha venido informando Contralínea.

La investigación de la FGR se abrió por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (quien así lo confirmó el pasado 27 de mayo de 2019 https://bit.ly/2QsRnOq ), luego de que se comprobó al interior de Pemex que la adquisición fue irregular y ha costado más de 1 mil millones de dólares a las finanzas públicas.

Como esta revista lo ha informado desde 2016, en esa operación se triangularon fondos públicos a través de una de las empresas offshore de Pemex: PMI Norteamérica (https://bit.ly/2EQ23SL ).

Fue el 16 de enero de 2014, cuando PMI Norteamérica –empresa unimembre, que carece de personal y oficinas propias– firmó un acuerdo para comprar los activos existentes de Agro Nitrogenados, una subsidiaria de Minera del Norte, SA de CV.

El costo de la operación ascendió oficialmente a 275 millones de dólares, e incluyó la planta productora de fertilizantes localizada en Pajaritos, Veracruz. No obstante, para este proyecto Pemex consideró que la  inversión inicial podría alcanzar los 475 millones de dólares, pues además de adquirir los activos existentes, era necesario rehabilitar y renovar la planta de urea.

La triangulación no acabó ahí: el 30 de mayo de 2014, la empresa Pro-Agroindustria, filial de PMI Comercio Internacional, adquirió de manera definitiva los activos de Agro Nitrogenados.

Aunque una de las justificaciones para esta compra fue que la producción de urea de esa planta representa cerca del 75 por ciento de la demanda nacional, fuentes de la paraestatal contaron a Contralínea que en realidad se dio por la insistencia de Arturo Henríquez Autrey, exdirector de Procura y Abastecimiento en Petróleos Mexicanos.

Cabe recordar que a mediados de septiembre de 2015, este exfuncionario de Pemex renunció a su cargo por tener vínculos con el empresario Amado Yáñez, dueño de Oceanografía.

Las fuentes consultadas observan que esta compra sólo benefició a los vendedores: Agro Nitrogenados era una empresa quebrada, su planta era chatarra al momento de la transacción y había enfrentado una huelga laboral por más de 2 décadas.

Detrás de esta empresa estaba Altos Hornos de México, es decir el empresario Alonso Ancira y la familia Autrey. Para Pemex, la desgracia –apuntan las fuentes– es que pagó de entrada 275 millones de dólares por la planta, “cuando en realidad no valía ni 80 millones”.

Así es que PMI Norteamérica y luego Pro-Agroindustria gastaron los escasos recursos públicos con los que cuenta Pemex en una empresa chatarra. Y aunque es claro que esta compra contraviene los intereses de la nación, los mexicanos no podemos esperar que la petrolera, y menos sus filiales, rindan cuentas ni que se castigue a los responsables, pues como se ha informado en Contralínea, sus acciones son inescrutables porque ahora se rigen por el derecho privado.

Aunado a lo anterior, el rescate de Agro Nitrogenados, que Petróleos Mexicanos inició con su compra en 2014 a favor de la empresa Altos Hornos de México, habría costado otros 428 millones 258 mil pesos en 2018 (https://bit.ly/2Wxqj5S), reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según informó Pemex Fertilizantes a los auditores, las cinco plantas de la unidad de negocios de ProAgro (antes Agro Nitrogenados) requieren inversiones, pero sólo dos de ellas habrían consumido ese recurso. Por lo que en este 2019 podrían destinarse más recursos públicos a estas plantas chatarra.

Los más de 420 millones de pesos gastados en 2018 fueron para rehabilitar las dos plantas de urea, a pesar de que en ellas ya se habían invertido varios millones de pesos en 2017. Ello, con la finalidad de que pudieran operar al ciento por ciento de su capacidad instalada.

La subsidiaria aseguró que con ello, en enero pasado, ya estarían en posibilidad de reactivarse en óptimas condiciones. De acuerdo con Pemex Fertilizantes, el alcance de ese proyecto de rehabilitación no incluyó las plantas UAN32, ácido nítrico y nitrato de amonio, debido al estado de deterioro que estas presentan.

La ASF indica, sin embargo, que la subsidiaria no acreditó un documento de planeación en donde se establezca la inversión y el tiempo necesarios para la rehabilitación de estos activos o, en su defecto, las acciones que realizaran en caso de que el nivel de obsolescencia de los mismos sea irreparable, y no puedan reactivarse.

Las anomalías documentadas

De las anomalías hay demasiadas evidencias con las que cuenta ahora la FGR. Y es que el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016, de la ASF, dio cuenta que Pemex pagó en exceso más de 3 mil millones de pesos, por contratos relacionados con la rehabilitación de la planta chatarra de Agro Nitrogenados (https://bit.ly/2wmk6ez).

En la “Auditoría de inversiones físicas 16-2-18T5K-04-0438”, el máximo órgano de fiscalización solicitó a la petrolera estatal que aclarara el destino de 3 mil 71 millones 402 mil pesos en total. La mayor parte de ese monto corresponde a un pago en exceso a Cobra Instalaciones México, SA de CV, filial del grupo español de construcción ACS, se desprende del informe.

De acuerdo con éste, al revisar las 21 estimaciones de la fase I del contrato AGRO-DG-003/14 –firmado entre Pemex, a través de su filial Pro Agroindustria, y Cobra Instalaciones– los auditores observaron “una diferencia de 129 millones 604 mil 800 dólares (2 mil 672 millones 373 mil 900 pesos), entre lo pagado a la contratista por 209 millones 604 mil 800 dólares y lo establecido en la cláusula séptima de dicho contrato”.

Y es que en dicha cláusula se estipuló que la ejecución de esas obras costaría un estimado de 80 millones de dólares, “sin que se justificaran las razones del sobrecosto de los trabajos para la ejecución de la fase I”.

Para la ASF, ello “denota falta de revisión y control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión de la entidad fiscalizada”. Por ello, pide a la Unidad de Responsabilidades en Pemex que investigue el caso y, en su caso, “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no justificaron las razones del sobrecosto”.

Además solicita a la petrolera que entregue la documentación adicional que justifique y compruebe los más de 2 mil 670 millones de pesos por esta anomalía. Algo que hasta ahora Pemex no ha podido hacer, pues antes de presentar el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la ASF sostuvo reuniones con la petrolera para “aclarar” el asunto.

Las otras pérdidas

El informe de fiscalización también refiere que Pro Agroindustria tampoco ha  proporcionado la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 12 millones 773 mil pesos, correspondientes a un pago irregular relacionado con unos tanques tipo esfera para almacenamiento de amoniaco, trabajos que formalmente se habían excluido del contrato.

Otra anomalía financiera consistió en que Pro Agroindustria no justificó las actividades realizadas por el personal registrado en el soporte de estimaciones de cada una de las categorías pagadas, por 284 millones 711 mil 204 pesos.

La ASF también observó que la filial de Pemex no justificó la diferencia en los costos del suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de dos strippers y cuatro condensadores de carbamato, por 4 millones 261 mil 389 pesos, en virtud de que en los resultados de los informes de integridad mecánica se dictaminó que los trabajos para rehabilitar los equipos necesitaban el mismo tipo de mantenimiento y lo pagado registrado en el control de estimaciones.

Otras dos irregularidades estuvieron relacionadas con ello. Una ascendió a 22 millones 890 mil 26 pesos. En este caso, la ASF apunta que se trata de “la diferencia entre el monto autorizado para el suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de dos strippers y cuatro condensadores de carbamato y el monto erogado registrado en el control de estimaciones”.

La otra, con una erogación por 30 millones 129 mil 565 pesos, pues Pro Agroindustria no justificó las diferencias entre el costo autorizado para el suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de dos strippers y cuatro condensadores de carbamato y el monto erogado registrado en el control de estimaciones.

Pro Agroindustria también deberá rendir documentación adicional del gasto por 43 millones 795 mil 986 pesos, correspondientes a la diferencia entre el monto autorizado para la rehabilitación de equipos críticos y el monto erogado registrado en el control de estimaciones.

Finalmente los auditores señalan que Pemex, por conducto de Pro Agroindustria, debe aclarar el destino de 467 mil 406 pesos, “debido a la diferencia entre el precio autorizado mediante el pedido número PED-AGR-N16-1648 y el monto erogado registrado mediante el control de estimaciones”.

Nancy Flores