La falta de atención en las fiscalías a casos de violencia feminicida, el poco avance en las investigaciones, el no juzgar con perspectiva de género, la impunidad en la mayoría de los casos, la protección –incluso a los propios delincuentes– y la nula sanción a servidores públicos que revictimizan a las familias y a las víctimas, acrecienta el dolor y la indignación a nivel nacional, y es un semillero de hartazgo, consideraron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), familiares de víctimas de violencia feminicida y defensoras de los derechos humanos.

Por ello llamaron a las autoridades a atender de manera prioritaria y eficaz las demandas de las madres de víctimas y activistas que mantienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y comisiones estatales.

Destacaron que la pandemia de Covid-19 es “otro factor que ha impedido que  las  instituciones y organismos cumplan con su obligación de garantizar la atención y la sanción, postergando el acceso a la justicia, incrementando la zozobra y generando un retroceso con interminables impactos negativos en las víctimas, sobrevivientes y sus familias”.

En un comunicado, el OCNF, organizaciones y defensoras respaldaron totalmente “a las madres de víctimas y activistas que a través de las tomas expresan el hartazgo e indignación por la falta de acceso a la justicia y por la no respuesta eficaz ante la violencia feminicida en México”. Pues, consideraron, ello refleja el nivel de desatención que esta problemática tiene a nivel comunitario, municipal, estatal y federal.

Agregaron que “es la falta de respuesta y la ausencia de soluciones que atiendan la problemática de manera estructural, lo que deja sin respuesta a quienes llevan años arrastrando el lastre de la impunidad”.

También criticaron la omisión de las comisiones de derechos humanos, las cuales en muchas ocasiones repiten el actuar de las autoridades a quienes tendrían que observar.

Y citaron cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para ejemplificar el problema: de enero a julio de 2020 han sido asesinadas  2 mil 223  mujeres, de los cuales 549 casos se están investigando como feminicidios, lo equivalente a un 24.6 por ciento. Mientras que de enero a julio de 2020, las cifras del SESNSP indican que se han denunciado un total de 30 mil 612 delitos sexuales entre ellos, violación sexual.

“La atención a la violencia contra las mujeres es impostergable y la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no debe ser considerado por las autoridades –y mucho menos por las comisiones de derechos humanos– como un problema de seguridad pública, sino que debe ser atendido para erradicar la desigualdad y discriminación que viven las mujeres a lo largo y ancho del país, y que hoy por hoy acaba con la vida de al menos 10 mujeres al día.”

Por ello exigieron a las autoridades y a las comisiones atención a las demandas; reconocer y dimensionar la violencia que vivimos las mujeres y su agudización debido a la pandemia; crear e impulsar de la mano de familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, soluciones que atiendan estructuralmente la problemática; agilizar las investigaciones relacionadas con los delitos de género para evitar acrecentar la falta de acceso a la justicia, y sean las comisiones de derechos humanos observadoras e impulsoras del cese de la impunidad.