La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un recurso promovido por el exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, el cual restringe el trabajo de bloqueo de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con ello beneficia la operación con recursos de procedencia ilícita (o lavado de dinero) y a sujetos considerados como peligrosos, acusó la institución.
Fue el pasado miércoles cuando la Segunda Sala de la Corte –con tres votos a favor– aprobó los cambios a la ‘jurisprudencia Medina Mora’, “que tiene como propósito obstaculizar aún más la aplicación de medidas de protección del sistema financiero mexicano mediante incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas, que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, acusó la UIF.
En un comunicado, detalló que la resolución de la Corte impone a la UIF que el bloqueo de cuentas bancarias sólo podrá realizarse cuando exista una “solicitud expresa” de alguna autoridad extranjera, por lo que la instancia mexicana se sujeta a las acciones de los gobiernos de otros países.
De igual manera, exhibió que el gobierno ha solicitado al máximo tribunal eliminar la jurisprudencia del año 2018, “que tanto daño ha causado”, y recordó que la solicitud ya fue admitida, “pero la Segunda Sala todavía no ha discutido el tema; en cambio, el día de ayer le agregó nuevos elementos”.
Cabe mencionar que el recurso en cuestión fue promovido por el exgobernador de Tamaulipas y miembro del PAN, Francisco Javier Cabeza de Vaca, mismo que enfrentó acusaciones por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La institución encabezada por Pablo Gómez criticó que el recurso impulsado por el exfuncionario haya sido aprobado, mientras que el de la UIF se encuentra congelado desde hace siete años. Incluso, a pesar de que las autoridades financieras enviaron una carta a la Segunda Sala explicando cómo afectaba su labor de protección al sistema financiero.
“Antes del examen del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Unidad de Inteligencia Financiera envió una carta a los integrantes de la Segunda Sala exponiendo la inconveniencia de aprobar el contenido de dicho proyecto”.
Finalmente, el comunicado señala que la solicitud para “eliminar la jurisprudencia en esta materia [tiene] el fin de terminar con un conflicto que sólo beneficia a quienes realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya sean delincuentes organizados o servidores públicos corrompidos, y que perjudica al sistema financiero, a la economía y a la sociedad. […] No protege a la ciudadanía sino a quienes realizan actividades de lavado de dinero”.
