Más de 500 firmantes solicitaron a las autoridades federales establecer una política de Estado que profundice la transformación agroecológica en México, y con ello reducir y prohibir progresivamente el uso de los más de 200 plaguicidas altamente peligrosos que aún cuentan con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, que se conmemora el 3 de diciembre, académicos, técnicos agrícolas, organizaciones y ciudadanos señalaron en una carta que en el país aún persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional, que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado. Ello afecta los derechos humanos, la salud de la población y de los ecosistemas. Además, explica cómo se debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones para proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.
La carta fue dirigida a los titulares de la Cofepris, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y a la Procuraduría Agraria. Y en ella acusaron que, en México, aún existen 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris.
Al respecto, alertaron que éstos generan daños graves irreversibles a la salud y al ambiente, como toxicidad aguda –que puede ocasionar muerte de humanos y animales–, toxicidad crónica –asociada con ciertos tipos de cáncer–, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas.
A ello se suma que presentan una alta permanencia en agua, suelo o sedimentos. Y que hay 151 plaguicidas también autorizados por Cofepris, a pesar de que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo.
Ante ello, plantearon generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como el ejercicio del derecho a la información ciudadana.
“Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional”, aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.
La carta destaca que la política deberá establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables”, tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH 82/2018), que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM). Y añadió que “el problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que sí hay alternativas”.
De igual forma, en la misiva se detalla que las acciones que deben instrumentarse son: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo. Así como asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras; apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos; trabajar con los municipios para que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; identificar a los plaguicidas altamente peligrosos para lograr la reducción de su volumen y uso; además de participar en la Alianza Mundial sobre los PAP para el cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales.
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