Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue torturada y arrojada a una quebrada en Antioquia, Colombia. Horas más tarde, falleció en el hospital a raíz de múltiples fracturas e infecciones que contrajo por el agua contaminada.

Ella, como muchas otras mujeres en América Latina, vivió el máximo grado de violencia que puede sufrir una persona por razones de género: la violencia transfeminicida.

Ante esta tragedia, activistas de la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México asistieron a la Cámara de Diputados, con el objetivo de alzar la voz y exigir un alto a la violencia sistemática que enfrentan sus hermanas trans en Colombia, Brasil y México.

“No es justo que en pleno siglo XXI sigamos viendo este nivel de deshumanización, que por puro gozo hasta la hayan filmado pidiendo auxilio”, denunció Denisse Valverde, presidenta de Respetttrans, albergue migrante para personas trans.

En América Latina, las estadísticas se diluyen con la sangre de la impunidad, arrastradas por un sistema de justicia que pocas veces logra reconocer el odio detrás de cada uno de estos crímenes. En el interior, aún permea la desigualdad, la discriminación y la violencia estructural.

De acuerdo con el Monitoreo de Muertes Trans realizado por la Transgender Europe, América Latina y el Caribe son las regiones más letales. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se registraron 236 asesinatos. Asimismo, Brasil encabezó la lista con el mayor número de crímenes cometidos; seguido por México y Colombia.

Además, revela que el 94 por ciento de las víctimas en el mundo eran mujeres trans o personas trans femeninas. Esto plantea la urgente necesidad de reconocer y tipificar estos crímenes como “transfeminicidios”.

“Vamos a levantar la voz y a poner un alto a este salvajismo que está ocurriendo en Latinoamérica y en nuestro país. Alzamos la voz para que haya justicia para Sara y para todas las muertas que tenemos aquí en México”, señaló la activista Denisse.

En México, la muerte se ha vuelto una constante en la vida de la comunidad trans. De acuerdo con Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC, la violencia no sólo es recurrente, sino también se ha vuelto parte de una dinámica social que, tristemente, se percibe como normalizada y cíclica.

Ello, a pesar de que existe una serie de leyes antidiscriminatorias en el país. En este sentido, el organismo de gobierno nombrado como Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) indicó que la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales diversas tiene “una naturaleza estructural”.

“Es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos y prejuicios negativos asociados con la diversidad sexual y de género, y que justifican y normalizan una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no sólo en el ámbito privado, principalmente en la familia, sino también en el público, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social o de acceso a la justicia”, señaló en su ficha temática Discriminación en contra de las personas por su orientación sexual, características sexuales e identidad y expresión de género.

Con ello, este órgano creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) urge a tipificar, prevenir, combatir e investigar de manera “adecuada los crímenes de odio hacia las personas de la diversidad sexual y de género, así como adoptar medidas contra el acoso”.

Sin embargo, organizaciones civiles –como la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México– puntualizan que el Estado también debería contar con una base de datos para contabilizar a la comunidad LGBTTTQ+ –lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer, asexual–.

“Las vidas trans importan. Hoy tenemos una ley de identidad de género ganada. Se tiene que respetar nuestra identidad; y hoy vengo a hacer un llamado a todas las organizaciones civiles por nuestra compañera Sara Millerey Gónzalez. Ese transfeminicidio fue visible y evidente. No podemos permitir que eso siga pasando aquí. Hoy vengo a hablar desde mi organización y como persona trans, porque mañana puedo ser yo, y no podemos permitir que los discursos de odio incitan a este transfeminicidio en cualquier país”, sostuvo la activista Megan García.

En México, Nayarit se convirtió en la primera entidad en tipificar como delito el transfeminicido, al aprobar la “Ley Paola Buenrostro”, nombrada así en memoria de una mujer trans asesinada, mientras ejercía el trabajo sexual en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México.

Posteriormente, en 2024, el Congreso de la Ciudad de México tipificó este delito. Sin embargo, estas dos entidades son las únicas que reconocen esta forma de violencia como una figura penal específica. El resto del país aún no tienen un marco legal que permita visibilizar y sancionar estos crímenes de odio.

Ante este panorama, las activistas de la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México exigieron acciones en materia legislativa, con el fin de acabar con la impunidad e injusticia. Además, exigieron el reconocimiento del transfeminicidio en el Código Penal Federal, como una medida urgente para proteger las vidas trans.

“Actualmente las personas trans son atacadas a diario en nuestras entidades federativas, así como en el resto del mundo. De acuerdo con el observatorio de personas trans asesinadas, México está entre los cinco países con mayores tasas de asesinato de este grupo poblacional, y tan sólo durante  2022, 51 personas trans fueron asesinadas. Ante este dato, es importante considerar que de acuerdo a nuestros mapeos de las cifras de transfeminicidios. En México, no se cuenta con una base de datos que registre identidad de género y/o orientación sexual, en los casos de personas LGBTTTIQA+, con lo que es probable que muchos casos de transfeminicidios no sean contados como tal”, aseveró la activista Alejandra.

Frente a este panorama de violencia sistemática y falta de reconocimiento legal en la mayoría de México, han comenzado a articular una agenda de exigencias claras. Durante su participación en un acto legislativo, Alejandra enfatizó la urgencia de una respuesta estatal contundente y articulada por parte del Estado.

“A pesar de que en la Ciudad de México, con fecha del 2024, entró en vigor el acuerdo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que establece la creación de la Unidad de Investigación del Delito de Transfeminicidio, cuyo objetivo es abordar las investigaciones relacionadas con las muertes violentas de las personas trans y personas con identidad o expresión de género que se encuentren en el espectro femenino, ya sea en grado de tentativa o consumado, […] se han logrado avances en la materia. […] No obstante, estos avances no han sido suficiente para prevenir y detener la violencia y privación de la vida de las mujeres trans, por lo que alzamos la voz exigiendo al Estado mexicano una solución inmediata a esta conducta violenta y aberrante hacia nuestras comunidades trans”.

Con ello, la activista Alejandra exhortó al cuerpo legislativo a trabajar en ocho puntos considerados esenciales. De igual manera, en su intervención, destacó que, si bien se han logrado avances en la materia, estos resultan insuficientes.

“Exigimos la creación inmediata de un padrón, en el cual se tenga registro de las personas trans y al mismo tiempo se encuentre enlazado con las autoridades que imparten procuración de justicia, así como las secretarías de seguridad de la Ciudad de México y de los estados de la República; de manera igual que se implemente este sistema con el Instituto Nacional Electoral; también exigimos pronta creación de un Instituto de la Diversidad Sexual, en donde se pueda impartir tanto asesoría jurídica, como psicológica, a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+; además de la urgente creación de refugios para las personas trans; realizar programas de empleo con inclusión laboral para las personas trans; fomentar políticas públicas para que las mujeres trans puedan ingresar a programas de educación inclusiva dentro del modelo educativo y la creación urgente de la Fiscalía Especializada de Investigación en Agravio de las Personas Trans”, remarcó.

En este contexto, Contralínea consultó a la secretaria de la Comisión de Diversidad, Mónica Sandoval Hernández, las propuestas legislativas para hacer frente a los casos de transfeminicidos en México.

Como respuesta, la legisladora anunció que ya se encuentra trabajando con distintas áreas, con el objetivo presentar una iniciativa que atienda de manera integral esta problemática, así como la erradicación de la violencia contra las personas trans.

“Nosotros estamos proponiendo el Instituto de la Diversidad Sexual, en donde la comunidad tenga un lugar y no anden buscando en qué instituto acomodarse. También vamos a hacer un exhorto al personal del Inegi, en donde también sean incluidas las estadísticas y veamos que se abarque todo lo que es la diversidad de la comunidad LGBTTTIQ+; que sin embargo, bien lo hay”, comentó.

Igualmente, la legisladora mencionó que esta propuesta tiene el objetivo de atender otros temas fundamentales, como salud, educación, vivienda, seguridad y otras necesidades prioritarias. “Así como hay un DIF, un Instituto de la Mujer, así como el del Adulto Mayor, puede haber uno de Diversidad, en donde ellos se sientan seguros”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) –realizada en 2021 por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)–, existen alrededor de 908.6 mil personas de 18 años o más que se identificaron como parte de la comunidad trans. No obstante, este número podría ser aún mayor, ya que el estigma social sigue obligando a muchos a esconderse.

Este contexto de invisibilización se traduce en condiciones de vida marcadas por la violencia, debido a que suelen enfrentar ataques sexuales, agresiones físicas, humillaciones constantes y, en el peor de los casos, la muerte.

A ello, se suman las actitudes de estigmatización, discriminación y criminalización por parte de la sociedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), este grupo es víctima de rechazo, exclusión, acoso y persecución tanto social como policial e institucional, factores que inciden directamente en su esperanza de vida, la cual se estima en apenas 35 años.

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