Con el objetivo de fortalecer el combate a la delincuencia, devolver la seguridad y coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal–, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La iniciativa, impulsada por la jefa del Ejecutivo federal, forma parte de un paquete de reformas que buscan actualizar el marco legal en materia de seguridad, inteligencia y cooperación interinstitucional.

Además, la nueva legislación otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, ampliar sus facultades de investigación e inteligencia.

De igual manera, contempla crear la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC, la cual coordinará la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal, en colaboración con el Ministerio Público.

Dentro de los objetivos, se encuentra dotar al Estado mexicano de una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de productos de inteligencia criminal, con el fin de fortalecer la investigación y persecución del delito desde una perspectiva de prevención proactiva.

Para ello, la identificación y disponibilidad de los sistemas de inteligencia, las bases de datos, registros administrativos y las fuentes de información deberán emplearse para desarrollar y consolidar las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública.

De esta forma, tanto la Ley del Sistema de Seguridad Pública como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia permitirán el acceso directo, sin necesidad de una orden judicial previa por parte de las instituciones de seguridad, a bases de datos públicas y privadas, como registros bancarios, telefónicos, biométricos, vehiculares, fiscales y también de telecomunicaciones, con el propósito de prevenir, investigar y perseguir delitos.

En este sentido, la senadora morenista y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña, aseguró que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia no implica actos de espionaje, sino que fortalece la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos humanos de la ciudadanía, bajo un enfoque de humanismo. “Hoy mediante estas leyes, estamos consolidando un modelo centrado en la inteligencia, la profesionalización y la cooperación”.

También, informó que establece la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, como un “eje de profesionalización de policías y operadores del sistema”.

Esta legislación garantizará la dignificación de las condiciones laborales del personal, al prohíbir la subcontratación y promover el acceso pleno de seguridad social, pensiones, vivienda y prestaciones integrales. “Y esta ley crea la Plataforma Central de Inteligencia, bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la cual conectará base de datos de todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país”, indicó Trasviña.

Por otra parte, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que esta segunda iniciativa buscaba instaurar un “espionaje disfrazado de política pública”. Y es que el coordinador panista Ricardo Anaya  sostuvo que la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública es “el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.

“Hoy se votan dos leyes. Votaré a favor de la Ley de Seguridad, no tiene mayor problema; se logró en la Cámara de Diputados eliminar el registro de usuarios de telefonía móvil, se crea el Gabinete de Seguridad y estamos de acuerdo con las mesas de paz, con la certificación policial, con la participación social […] Entonces, sí vamos a votar a favor de la Ley de Seguridad. Sobre la Ley de Investigación e Inteligencia, esa sí es otra historia; y por supuesto que vamos a votar en contra”.

En respuesta, la senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, lamentó la “falta de argumentos sólidos” por parte de los senadores de los grupos parlamentarios opositores, a quienes señaló de recurrir a frases vacías sin presentar propuestas reales ante un tema tan delicado como la seguridad. En ese contexto, urgió a la oposición a asumir su responsabilidad histórica en el estallido de violencia que vive el país.

“Teniendo a Genaro García Luna se incrementaron los homicidios en un 200 por ciento en la República. Y a ustedes parece que se les olvida o pretenden ocultarlo. ¿Qué están haciendo para exigirle a Felipe Calderón que regrese de Madrid a rendirle cuentas al pueblo de México? La violencia no crece de forma espontánea, tiene raíces profundas que datan de esa guerra contra el narco”.

Mientras que, la senadora del mismo partido, Ana Lilia Rivera, respaldó ambas iniciativas, al afirmar que representan un avance sustantivo en “la consolidación de un modelo de seguridad más eficiente, articulado y con mayor legitimidad ante la sociedad”.

En el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la senadora Rivera sostuvo que el país enfrentó durante muchos años una política de seguridad fragmentada, con respuestas reactivas y poca coordinación entre órdenes de gobierno, por lo que el “nuevo ordenamiento corrige el rumbo fortaleciendo las instituciones, promoviendo la corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y poniendo en el centro la prevención, la inteligencia y la cooperación como principios rectores de la acción estatal”.

A pesar de que senadores del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron reservas a más de 20 artículos del proyecto,  fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria, por lo que el dictamen se aprobó en sus términos originales. La votación concluyó con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones en lo general, y con 66 votos a favor y 31 en contra en lo particular.

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