En el marco de la revisión del T-MEC, el presidente Donald Trump presiona para abrir sectores estratégicos que México ha recuperado a partir de la llegada de la 4T. En su lista de 54 barreras no arancelarias que pidió eliminar hay temas relacionados con las soberanías energética, alimentaria, farmacéutica, tecnológica y minera. Las quejas del gobierno estadunidense se centran en las “dificultades” que enfrentan compañías de ese país para tener negocios rentables o expandirlos, sobre todo en áreas de exclusividad para empresas públicas (como Pemex y CFE) o prohibidas (como la explotación de litio por parte de la IP, el fracking, el maíz transgénico y la importación masiva de glifosato y otros herbicidas altamente tóxicos). Consultada al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que no se cederá en temas soberanos
El próximo 16 de marzo inicia la primera ronda oficial de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC); previo a ello, el presidente Donald Trump pidió que se eliminen 54 barreras no arancelarias, entre las cuales se incluyen temas relacionados con las soberanías energética, alimentaria, minera, farmacéutica y tecnológica, pues –a su juicio– esto limita las capacidades de la relación comercial.
Las solicitudes del gobierno estadunidense –manifestadas por el propio Trump en julio de 2025, cuando otorgó una prórroga a México sobre los aranceles del 30 por ciento que buscaba imponer de forma generalizada– buscan superar las “dificultades” que enfrentan compañías de ese país para tener negocios rentables o expandirlos, sobre todo en áreas de exclusividad para el Estado mexicano o definitivamente prohibidas.
Según el 2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers of the president of the United States on the Trade Agreements Program, la Presidencia de EU considera como barreras no arancelarias la restricción de inversiones privadas en el sector energético; la prohibición del maíz transgénico; el fracking y la minería a cielo abierto; la estatización del litio; la denegación gradual de permisos para importar glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para siembra de algodón transgénico; las restricciones para la importación de papa fresca; la preponderancia de la privada Telmex-Telcel en el mercado de telecomunicaciones, entre otros rubros.
Consultada por Contralínea al respecto –en su conferencia del 3 de febrero pasado–, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se cederá en temas soberanos, y adelantó que la mayoría de las 54 barreras no arancelarias ya fue respondida.
“Son 54 [barreras no arancelarias que enunció el gobierno de Estados Unidos] que lleva ya tiempo trabajándose, varios meses. Ya prácticamente todos están saldados. Y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el tema de… que ellos decían: ‘se están poniendo barreras al sector eléctrico’. Entonces decíamos: ‘bueno, pues no’. [Porque] sencillamente hay una nueva Constitución, hay una nueva ley que establece 54-46; hay 46 por ciento de oportunidad para inversión del privado”.
La primera mandataria confirmó a Contralínea que una de esas barreras que el gobierno de Trump pidió eliminar tiene que ver con el caso de la mina Calica. “Está el tema, en efecto, de Vulcan –se llama–, que es el área donde tenía una mina de explotación [de piedra caliza], que el presidente López Obrador [canceló]. Que se excedieron en el impacto ambiental que tenían, se explotó de más. Se declaró Área Natural Protegida. Ellos tienen una controversia relacionada con el Tratado, y se está buscando algún mecanismo, si hay una solución: que pudieran explotar en otro lugar que no sea área natural, con todos los criterios ambientales establecidos, y que esa zona, que finalmente es de su propiedad, se pueda dedicar a otros temas. Un puerto que ellos tienen, que pueda tener otros usos. Entonces, está en ese trabajo, todavía no hay un acuerdo en esa perspectiva”.
Sheinbaum Pardo agregó que en los 54 asuntos que se revisaron se encuentran “algunos temas de competencia relacionados con los nuevos organismos de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio. Y algunos otros temas como esos. […] Lo lleva, toda la coordinación, la Secretaría de Economía. Pero nunca cedemos en nada que consideramos que vulnera, ni nuestra soberanía, ni nuestras leyes, ni nuestro proyecto”.
—¿Pero la mayoría no iba en ese sentido, o sea, de poner en riesgo nuestra soberanía? –se le preguntó a la presidenta de la República.
—No, no, para nada. Y mucho tenía que ver con aclaraciones de temas que ‘se suponían que estaban violando el Tratado’, y que se demostró que no violaban el Tratado.
Las “barreras no arancelarias” de México, según Trump
El 2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers revela los rubros en los que el gobierno de Donald Trump ha presionado a México, en el marco de la próxima revisión del T-MEC. Entre éstos, destacan las supuestas barreras a la inversión en el sector energético, pues se privilegia que la explotación del petróleo la haga Pemex, se restringe al 46 por ciento la participación privada en el sector eléctrico (el 54 por ciento está reservado para la CFE); y se prohíbe definitivamente el fracking. En el ámbito minero, el gobierno estadunidense critica que sólo la empresa estatal LitioMX esté autorizada para explotar ese metal estratégico.
Estas áreas estratégicas, vinculadas a temas de la soberanía nacional, fueron recuperadas a partir de la llegada de la llamada cuarta transformación (primero, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Sheinbaum). Incluso, el propio informe estadunidense así lo reconoce: “desde diciembre de 2018, México ha aplicado una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Agrega que “las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no pueden, en el sector energético mexicano debido a frecuentes retrasos, rechazos inexplicables o injustificados, y la inacción con respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos”. Y critica que, en junio de 2022, la Secretaría de Energía anunció una nueva política que exigiría a los usuarios de la red de transporte de gas abastecerse de gas natural de Pemex o de la CFE, por lo que “varias” empresas estadunidenses salieron del mercado energético mexicano. Y en julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el Capítulo 31 del T-MEC respecto a estas medidas.
No obstante, el sector petrolero no está totalmente cerrado a las inversiones estadunidenses: un reporte del Departamento de Comercio estadunidense, del 12 de febrero de 2026, apunta que los operadores privados que aseguraron bloques durante las rondas de licitación 2015-2018 continúan con labores de exploración y desarrollo, e incluso campañas de perforación, estudios sísmicos y construcción de plataformas en alta mar en el Golfo de México. “Las empresas estadunidenses son participantes clave y están buscando activamente tecnología, equipos y socios de servicio para ayudar a cumplir con los tiempos de producción y mejorar la eficiencia tanto en operaciones en aguas profundas como en tierra”.
A ello se suma que “el plan de inversión 2025-2030 de Pemex exige el desarrollo de 18 nuevos campos, la construcción de 15 plataformas y la perforación en los campos existentes de aguas poco profundas y en tierra, que mantendrán la demanda de plataformas, derricks, sistemas submarinos y servicios de pozos”. El Departamento de Comercio incluso indica que los proyectos intermedios presentan oportunidades para los proveedores estadunidenses de equipos, ingeniería y servicios de EPC. Y como ejemplo, cita que México planea instalar más de 14 ductos (175 kilómetros), construir y ampliar terminales de almacenamiento, y modernizar su red de refinación, incluidas seis refinerías existentes y la instalación casi completa de Dos Bocas en Tabasco.
“Estos proyectos requieren bombas, compresores, sistemas de control y servicios de construcción, y están sujetos a requisitos de contenido local del 25 por ciento (aumentando al 35 por ciento para 2025). Las empresas estadunidenses con tecnología competitiva y asociaciones locales están bien posicionadas para participar, particularmente en proyectos para mejorar la capacidad de desulfuración y satisfacer la creciente demanda de combustibles más limpios en México”.
Áreas que EU busca liberar para la IP
No obstante lo anterior, el informe de la Presidencia estadunidense sobre barreras no arancelarias se queja de que en octubre de 2024 –ya con la presidenta Claudia Sheinbaum–, México ratificó una enmienda constitucional para reclasificar a la CFE y Pemex como empresas públicas, en lugar de empresas productivas, “con el fin de socavar la participación de empresas privadas, incluidas las estadunidenses, en el mercado energético mexicano”.
Agrega que en enero de 2025, la presidenta Sheinbaum “presentó un paquete de reformas con seis proyectos de ley relacionados con la energía que, entre otras cosas, incluyen como principio garantizar la prevalencia de la CFE y su mantenimiento de al menos el 54 por ciento de la energía promedio enviada a la red, exigir la participación de la CFE en al menos el 54 por ciento de cualquier proyecto de generación eléctrica de ‘inversión mixta’ y establecer una preferencia para la CFE sobre los particulares en la generación y comercialización de electricidad”.
También manifiesta su rechazo a la probable prohibición del fracking (extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante fracturación hidráulica), considerada no sólo como una técnica altamente contaminante, sino como derrochadora de agua limpia.
Asimismo, Estados Unidos se queja de la política pública mexicana en materia de minería, que prohíbe esta actividad extractiva a cielo abierto; y de la estatización del litio –promovidas por los gobiernos de la 4T–. Según el gobierno de Trump, las enmiendas legislativas establecen que “la exploración, explotación y utilización del litio mexicano [queda] bajo el control exclusivo de una empresa estatal de nueva creación, LitioMx, y excluyen a las empresas privadas de concesiones, licencias, contratos, permisos y autorizaciones para realizar dichas actividades”.
La Presidencia de Estados Unidos también atribuye restricciones al T-MEC por barreras a la inversión en los ámbitos de infraestructura de transporte, pues argumenta que dicha área está totalmente cerrada a la inversión extranjera. Además, se cuestiona la limitación al 49 por ciento de la propiedad extranjera para empresas de mensajería urgente, de terrenos para fines agrícolas, ganaderos y forestales, así como para servicios de administración portuaria.
Amenaza a soberanía alimentaria
Otro de los rubros en los que el gobierno de Trump ha mostrado interés está relaciopnado con la soberanía alimentaria de México. Al identificar barreras sanitarias y fitosanitarias que supuestamente limitan el T-MEC, el 2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers señala la inconformidad de la Presidencia estadunidense respecto de la prohibición del maíz genéticamente modificado, y se manifiesta contra la Ley de Bioseguridad de México, que pone limites a productos transgénicos.
Incluso, refiere el panel del T-MEC sobre maíz transgénico, que en diciembre de 2024 falló contra México en la disputa que abrió Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente López Obrador publicó un decreto para prohibir el consumo humano de ese grano modificado genéticamente, y con ello proteger el principal reservorio de ese alimento.
Constituido conforme al capítulo 31 (solución de controversias) del T-MEC, el panel resolvió que algunos elementos del Decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023– no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.
Al respecto, el informe de la oficina de la Presidencia estadunidense sobre las barreras no arancelarias señala: “en junio de 2024, Estados Unidos participó en una audiencia ante el panel de resolución de disputas. En diciembre de 2024, se publicó el informe final del panel que coincidió con Estados Unidos en las siete reclamaciones legales bajo el T-MEC. El 5 de febrero de 2025, México publicó una medida que declara ineficaces las medidas que el Representante Comercial de Estados Unidos impugnó con éxito en la disputa del T-MEC. Estados Unidos continuará monitoreando de cerca el cumplimiento de México con sus compromisos en el marco del T-MEC para garantizar que sus medidas de biotecnología agrícola se basen en la ciencia y brinden a los productores de maíz estadounidenses el acceso al mercado que México acordó otorgar en el T-MEC”.
En ese mismo apartado, rechaza la prohibición gradual que nuestro país busca aplicar al glifosato y a otros plaguicidas y productos químicos agrícolas altamente tóxicos. Y se queja de las limitaciones a sus exportaciones de papa fresca, y las restricciones de permisos para que empresas estadunidenses siembren algodón transgénico en territorio mexicano.
Las otras supuestas barreras
Como parte de las supuestas limitaciones al T-MEC, el gobierno de Estados Unidos también identifica barreras aduaneras y de facilitación del comercio. En ese sentido, observa que, “con frecuencia”, México notifica nuevos requisitos aduaneros o fiscales apenas dos semanas antes de su entrada en vigor, “lo que deja a los exportadores estadunidenses con poco tiempo para adaptar sus sistemas y cumplir con el cambio”.
También pide que se elimine la restricción que se aplica en algunos puertos para la entrada de mercancías: “el T-MEC prohíbe límites arbitrarios en el número de puertos en los que un agente aduanal puede operar. Sin embargo, el artículo 161 de la Ley Aduanera de México limita la operación de un agente a cuatro puertos si no forma parte de una agencia aduanal. Estados Unidos sigue instando a México a modificar la ley para permitir que los agentes operen en cualquier puerto donde puedan desempeñar sus funciones”.
Además, cita barreras de acceso al mercado de dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos. En ese tema, señala que la Cofepris debería acelerar los permisos.
En materia de protección de la propiedad intelectual, el gobierno estadunidense insta a nuestro país a acelerar el registro de patentes y marcas, pero también a frenar la venta de productos falsificados o pirata. Y como ejemplo de estas ventas, indica que “los mercados El Santuario y San Juan de Dios (en Guadalajara), así como Tepito (en la Ciudad de México), figuran en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) por la venta de productos pirateados y falsificados”.
Adicionalmente, la administración de Donald Trump apunta que existen todavía barreras a los servicios de pagos electrónicos, de seguros y de telecomunicaciones. En este último rubro, se queja de la preponderancia de una empresa privada de origen mexicano: Telmex-Telcel (América Móvil), a la que acusa de tener acaparado el mercado.
Al respecto, apunta: “a pesar de las profundas reformas del sector de las telecomunicaciones en 2013 y 2014, los nuevos participantes en el mercado aún deben competir con el proveedor tradicional dominante que ha mantenido una participación de mercado de casi el 70 por ciento, y que fue designado como ‘agente económico preponderante’ por el IFT”.
Aunque no se refiera a Telmex-Telcel por su nombre, sí señala que “la posición arraigada de este proveedor dominante, en particular en el mercado de servicios móviles, demuestra la necesidad constante de una aplicación rigurosa de las regulaciones que el IFT adoptó para abordar su condición de agente económico preponderante”.
Por ello, critica la reforma constitucional de diciembre de 2024 para desaparecer organismos autónomos, pues sustituye al IFT por una nueva agencia de competencia antimonopolio, lo que podría beneficiar a Telmex-Telcel.
