El pasado 26 de marzo apareció en el medio de comunicación conservador The Economist un artículo titulado Mexico’s Broken Economy, en el que se habla de una supuesta situación de catástrofe en la economía mexicana. La tesis principal del artículo es que la economía del segundo gobierno de la cuarta transformación está en bancarrota, porque hubo en 2025 un crecimiento de 0.8 por ciento. Si bien en la revista británica neoliberal reconocen que las políticas arancelarias de Trump han sido erráticas, y que el contexto ríspido de renegociación del T-MEC afecta el desempeño de la economía al generar incertidumbre, se argumenta en el texto que las causas principales del bajo crecimiento económico son principalmente internas.

The Economist sostiene que hay poco crecimiento económico porque hay falta de inversión pública y privada. En el caso de la inversión pública, se menciona que hay una economía informal muy grande que no paga impuestos y que eso genera que en México no haya suficientes recursos fiscales para hacer gastos en infraestructura. En el caso de la privada se menciona que, si bien, ha habido una gran entrada de inversión extranjera directa que llega a niveles récord, la inversión privada nacional no ha aumentado. Y esto es así porque, según el seminario británico, hay cambios en las reglas del juego, como la reforma al Poder Judicial, que genera incertidumbre. Ahora resulta que, en México, el hecho de que el pueblo elija a los jueces, ministros y magistrados genera incertidumbre. También se menciona que se ha cerrado el sector energético a la iniciativa privada, y que por eso no hay incremento de la inversión.

Sobre esto hay varios temas que mencionar. Es cierto que la economía mexicana no ha tenido un mayor crecimiento en 2025, sin embargo, hay que reconocer que esta desaceleración ha ocurrido en todo el mundo. La incertidumbre y transformaciones que se han ido generando por la política de aranceles del segundo gobierno de Donald Trump, así como la política de seguridad estadunidense, muy agresiva, por cierto, ha tenido implicaciones económicas. Si la economía mexicana no ha logrado crecer más, es también por la falta de motores de crecimiento endógenos y exógenos para crecer. En el caso de los motores exógenos, el trumpismo ha generado una situación que no debe minimizarse. En una situación de gran dependencia económica generada por los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, luego T-MEC), donde más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se orientan al mercado estadunidense, es claro que los aranceles afectarían drásticamente en el PIB de México al impactar en el sector exportador.

México necesita la diversificación comercial pronto, pero la situación geopolítica de estar en la órbita del imperialismo estadunidense impide que el país pueda tener un acercamiento con BRICS y con su líder, China, para firmar tratados de libre comercio y hablar de más integración con otras economías del naciente mundo multipolar. Supongamos que México decide unilateralmente romper con el T-MEC. El problema está en que el sector exportador representa cerca del 35 por ciento del PIB; cerca de 14 millones de empleos están vinculados con ese sector y también gran parte del tejido industrial exportador depende de la exportación de productos manufacturados (y maquilados) a Estados Unidos. Es difícil dar una estimación, pero la contracción del PIB puede ser muy fuerte y prolongada. Los efectos en los mercados de alimentos, en la industria, en la ciencia y tecnología, y en el sector energético serían catastróficos, sobre todo porque en estos momentos México no tiene soberanía alimentaria, industrial, tecnológica, ni energética. Ya lo dijo recientemente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: cerca del 75 por ciento de todo el gas natural usado para producir nuestra electricidad proviene de Estados Unidos.

Supongamos que el gobierno de México decide hacerle caso a The Economist y da marcha atrás a la reforma del Poder Judicial. ¿Qué pasaría? Aunque algunos grupos empresariales estarían a favor, la gran mayoría del pueblo de México estaría en contra y, con ello, el respaldo popular al gobierno del segundo piso de la cuarta transformación se minaría. La reforma al Poder Judicial fue un compromiso que adquirió Sheinbaum con el pueblo mexicano; y en un acto de coherencia, ella la consumó y aplicó. El país tiene claro que se necesita democratizar el Poder Judicial, para que las oligarquías que tenían el control ya no lo usen para obtener privilegios, ampararse y evadir impuestos, o para bloquear reformas que favorecen la soberanía nacional, como pasó con la iniciativa de reforma eléctrica de 2022. Esto significa tener claro que mientras la presidenta y su gobierno reconocen la soberanía del pueblo de México, The Economist reconoce solo los intereses y la rentabilidad del gran capital, sin importarles que ellos mismos se convierten en los voceros de la dictadura de los mercados.

Por otro lado, el hecho de que exista una economía informal cada vez más grande debe verse como el efecto de la falta de crecimiento del sector formal. La población que no encuentra condiciones para obtener un empleo formal, buscará oportunidades en la economía informal para poder subsistir. Entonces, la falta de crecimiento de la economía formal debe verse como una falta de más inversiones nacionales privadas y públicas para generar más empleos formales. Por otro lado, la economía informal, si bien genera empleos informales, también forma un mercado interno que permite el consumo interno y, con ello, mantiene las condiciones de posibilidad para garantizar la reproducción social de la fuerza de trabajo y de las economías locales y sociales. En ese sentido, el punto es ver cómo apoyar a estas unidades de producción, que ahora están en el sector informal, como son iniciativas familiares, negocios sociales, etc., para que puedan mantenerse, crecer más y formalizarse.

Es adecuado pensar también en ampliar la seguridad social para el sector informal. En eso estamos de acuerdo con The Economist. Sin embargo, es fundamental reconocer que para ello se requieren recursos fiscales, y los gobiernos de la cuarta transformación han logrado aumentar sus ingresos fiscales precisamente con la prohibición de las exenciones fiscales, la persecución de la evasión fiscal y el aumento en la eficiencia de los trabajos de la inteligencia financiera. Donde The Economist ve “hostigamiento” a grandes empresarios rentistas que no pagaban impuestos, el pueblo de México ve justicia fiscal; y justo la aplicación de la austeridad republicana, al evitar los despilfarros y la transferencia de recursos públicos a intereses privados oligárquicos, ha generado más incrementos en los ingresos fiscales. Antes de 2018, los ingresos fiscales de México estaban cerca del 12 por ciento del PIB; hoy están cerca del 18 por ciento, a pesar de no haber realizado una reforma fiscal.

La economía mexicana se ha mantenido estable macroeconómica. Es importante mencionar que hay estabilidad en el tipo de cambio, de tal forma que el peso mexicano es una de las monedas que más fortaleza ha tenido frente al dólar. La inflación está controlada y eso ha permitido que el incremento del salario nominal se traduzca en un aumento real del poder adquisitivo de los salarios. No ha aumentado la deuda pública porque no se han solicitado nuevos préstamos; y en este entorno económico también ha habido una mejora en materia de seguridad, es decir, se han reducido los asesinatos dolosos, se han reducido los robos violentos e, incluso, se ha abatido a uno de los principales líderes de los cárteles de la droga, Nemesio Rubén Oseguera, alias Mencho.

Entre 2018 y 2024 es un hecho que hubo una fuerte reducción de la pobreza, sin necesidad de que hubiera un fuerte crecimiento económico. Cerca de 12 millones de personas salieron de la pobreza y 6 millones de la pobreza extrema. Y esto en gran medida es producto de los programas sociales, como la Pensión Bienestar y Jóvenes Construyendo Futuro, así como mejoras en la legislación laboral y en los salarios mínimos.

Todos estos elementos hacen que haya confianza y credibilidad en nuestra economía mexicana, de tal forma que siguen los flujos de inversión extranjera directa. Lo que debemos pensar es entonces por qué resulta problemático para algunos grupos empresariales aceptar las nuevas reglas socioinstitucionales emanadas de un proceso de transformación y de democratización en México. Y lo que se ve es que hay una búsqueda de introducir una narrativa de que el país va mal, que se va a entregar toda la nación a Donald Trump y que la economía mexicana va a estallar. Todo eso muestra un interés por distorsionar la información. Al final, es el propio pueblo el que resiente el desempeño de la economía real, y justo por esta percepción de mejora del bienestar es que los discursos catastrofistas, como el de The Economist, no van a lograr mejorar su respaldo popular.

El 2026 será el año de la prueba de fuego para la economía mexicana, pues con la beligerancia del gobierno de Trump que gestiona con poco éxito la crisis de hegemonía de Estados Unidos, y la revisión del T-MEC en el horizonte, México debe aprovechar su estabilidad interna para negociar desde una posición de fuerza, no de subordinación. El Plan México es la apuesta de política industrial del gobierno de Claudia Sheinbaum, incluso lo reconoce The Economist, y lo que se busca es fortalecer la soberanía nacional con la creación de nuevos polos de desarrollo, mejores andamiajes institucionales en todo el gobierno federal, estatal y municipal, y la reivindicación de la rectoría del Estado para fortalecer y profundizar lo que ya se logró con el gobierno de López Obrador.

La economía mexicana no está rota; lo que está en crisis es el viejo dogma neoliberal que prioriza los indicadores macro, como el crecimiento económico por encima del bienestar social. No se han enterado los voceros del capital financiero internacional de que en México la economía moral siempre priorizará la vida digna del pueblo mexicano por encima de las ganancias del capital. Pero el modelo económico del humanismo país seguirá cumpliendo con la factibilidad. Se mantiene el uso responsable de las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la evasión fiscal y la resignificación de la política.

La verdadera fortaleza de la economía de México no se medirá en los editoriales de publicaciones neoliberales decadentes. Se seguirá midiendo por la estabilidad, los flujos de capital, el bienestar y el respaldo del pueblo mexicano que ya avanza, de forma contundente, por un camino posneoliberal.

Josafat Hernández*

*Profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios en el Centro de Investigación y Docencia Económicas

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